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Reducir la carga impositiva y rebajar el gasto público
Opina Guillermo McLoughlin Bréard
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Existe una opinión generalizada en diversos ámbitos que el sector agropecuario es un gran evasor de sus obligaciones impositivas. Si bien hay operaciones marginales, como en otras actividades económicas, no por ello se debe estigmar a los productores y al resto de la cadena como "grandes evasores".
Lo que sí existe es un sistema impositivo discriminatorio y altamente recesivo, que no sólo le resta competitividad al agro, sino que, además, contribuye a desincentivar inversiones.
Esta discriminación tiene varias aristas concretas. A modo de ejemplo podemos señalar las distintas alícuotas del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La mayoría de las ventas del campo están gravadas con el 10,5%, mientras que, por gran parte de sus compras, debe hacerse frente a la alícuota del 21% y, en algunos casos, a la del 27%, además de sufrir retenciones y percepciones no comparables con ninguna otra actividad.
Asimismo, en el caso concreto de los granos, para que los productores puedan recuperar el IVA que se les retiene en sus ventas deben estar inscriptos en un Registro Fiscal de Operadores, cuyo trámite de inclusión parece sencillo, pero que en la práctica no lo es tanto por la numerosa documentación, además de sufrir -en muchos casos- largas demoras hasta ver acreditada la devolución de dicho impuesto. En ninguna otra actividad existe tal discriminación. Lo normal es que se recupere el IVA invertido en los insumos a través de la factura de venta, cosa que no ocurre con la agricultura.
Hoy gran parte de los recursos del Estado provienen, directa o indirectamente, del agro y de la agroindustria. Además de transferir más de $ 6000 millones en derechos de exportación -dinero que en mano de los productores tendría un efecto multiplicador fantástico-, existe una elevada presión tributaria, tomando en cuenta los impuestos nacionales, provinciales y municipales que, muchas veces, duplican la misma base de imposición y, hasta en algunos casos, como es la imposición sobre la tierra, puede llegar hasta el cuádruple. En este sentido, tanto la Sociedad Rural como muchas otras organizaciones rurales señalaron la altísima carga impositiva que soporta el sector, la que ha llegado, en muchos casos, a límites insostenibles.
Asimismo, como demostró Eduardo Helguera en su trabajo, "el mito de la evasión en el agro", el 97% de la exacción impositiva es independiente de los resultados de las explotaciones y, lo que es más significativo aún, que el 80% de la carga impositiva es retenida directamente por el Estado antes de llegar a manos de los productores; por lo que queda demostrado que el margen de evasión no es significativo. Muchas veces las mismas normas de control, por su complejidad o inviabilidad práctica, expulsan del sistema a determinados operadores o empujan a la marginalidad de determinadas operaciones.
Concluyendo con este breve pantallazo del sector, debemos tener en cuenta una realidad cultural de nuestro país. Sin entrar a analizar sus orígenes, la falta o la sobre abundancia de normas de control, de todo tipo, convertieron a los argentinos en evasores. No evade solamente un productor cuando vende terneros en negro, sino, también, cualquier industrial, comerciante o profesional cuando no entrega su factura, por citar sólo un ejemplo de los muchos que nos rodean.
Indudablemente, en todos las actividades existen operadores que se mueven al margen de la ley pero, sin justificarlos, debe reconocerse que hoy el mayor problema de la evasión está en la administración tributaria. Es oportuno recordar que cuanto mayor es la presión fiscal, mayor es el premio por evadir.
El campo necesita urgentemente que se revea el sistema impositivo vigente. No es posible que se siga sustrayendo ingentes recursos al sector para seguir alimentando a un Estado cada vez más voraz. Debe actuarse en dos sentidos: una reducción de la carga impositiva y un baja sustancial del gasto público.
No es con mayores controles que se logrará una reducción de la evasión. Los mismos sólo sirven para complicar a los cumplidores. Quien ya evadía lo seguirá haciendo y, en algunos casos, hasta con mayor incentivo.
Sólo se reducirá la evasión si se articula un sistema impositivo moderno y simple, que sirva de herramienta de promoción de determinadas actividades, como podría ser la desgravación para la retención de vientres, teniendo en cuenta que al país le falta una política en materia ganadera, entre otras propuestas.
Sólo con medidas de este tipo se logrará combatir a la evasión. No por el camino inverso y con promesas de futuras reducciones o eliminaciones de impuestos distorsivos. El campo está cansado de ser el pato de la boda.
