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“Renacer espectacular”. El Gobierno celebró una campaña récord y busca levantar restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros
Adrián Ravier dijo en conferencia de prensa que la producción de los principales cultivos alcanzó máximos históricos y vinculó esos resultados con la desregulación económica; presentó las iniciativas que tratará el Senado sobre tierras, incendios, expropiaciones y propiedad
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En la antesala del tratamiento en el Senado de un paquete de proyectos de ley vinculados con la propiedad privada y la desregulación económica, el vocero presidencial, Adrián Ravier, puso el foco en el desempeño del agro y sostuvo que la campaña 2025/26 cerró con resultados históricos. Según afirmó durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, la producción de soja alcanzó los 49,7 millones de toneladas (la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó una producción final de 50,1 millones de toneladas, que igual no es récord), mientras que destacó una cosecha de 27,8 millones de toneladas de trigo, un estimado de 70 millones de toneladas de maíz —cuya campaña aún no finalizó—, 7,4 millones de toneladas de girasol y 5,6 millones de toneladas de cebada.
El funcionario señaló que cuatro de los principales cultivos registraron producciones récord y agregó que, sumado el sorgo, con 2,9 millones de toneladas, la producción total de los seis principales granos alcanzaría 163 millones de toneladas en la campaña 2025/26. Según indicó, esos resultados responden a una combinación de mejores rindes, condiciones climáticas favorables y una mayor incorporación de tecnología.
En otro tramo del discurso Ravier dijo que con Milei las economías regionales están teniendo “un renacer espectacular”, así como muchos sectores económicos.
En ese marco, Ravier vinculó el desempeño del sector con las medidas económicas adoptadas por el Gobierno. Destacó la eliminación de aranceles para la importación de fitosanitarios y fertilizantes, la flexibilización para importar maquinaria agrícola, la reducción de los derechos de exportación y la unificación del tipo de cambio. “El campo no necesita otra cosa más que reglas claras, previsibilidad y que el Estado se quite del medio”, afirmó. Y añadió: “El resultado de la campaña 2025-2026 es solo un comienzo de lo que puede suceder si el Estado le quita el pie de encima al campo”.
Tras esa introducción, el vocero presentó los principales ejes del paquete de proyectos que el Senado prevé tratar este jueves. Según explicó, la iniciativa busca “restablecer los derechos constitucionales” y está compuesta por cinco capítulos, varios de ellos con impacto directo sobre la actividad agropecuaria y el régimen de la propiedad rural.
Uno de los cambios propuestos apunta a modificar el régimen de expropiaciones. El Gobierno sostiene que la iniciativa agilizará los procesos judiciales vinculados con inmuebles y facilitará la obtención de medidas cautelares para proteger la propiedad mientras se resuelve el litigio. Según Ravier, el nuevo esquema permitirá acelerar los desalojos de ocupantes y reducir la burocracia que actualmente enfrentan los propietarios.
Ley de Tierras
Otro de los puntos centrales es la modificación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), sancionada en 2011, que estableció límites a la adquisición de campos por parte de extranjeros. El Gobierno considera que esas restricciones desalientan inversiones productivas y afectan proyectos, especialmente en las regiones del NEA, Cuyo y la Patagonia.
“La norma de 2011 criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros”, sostuvo Ravier. Según explicó, la propuesta elimina las restricciones generales para la adquisición de tierras rurales por inversores privados extranjeros, aunque endurece simultáneamente los controles cuando el comprador sea un Estado extranjero o empresas bajo su control. “La ley estableció topes generales y arbitrarios, como, por ejemplo, el de no más de 1000 hectáreas en zona núcleo, que no hace nada por asegurar la soberanía nacional y sí mucho por impedir el desarrollo productivo. Al poder estatal extranjero se lo controla más que nunca, mientras que a los productores e inversores genuinos se les deja de cerrar la puerta de la casa”, afirmó.
La iniciativa mantiene un tratamiento diferenciado para los Estados extranjeros. De acuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno, cualquier adquisición de tierras por parte de gobiernos extranjeros requerirá autorización específica y los intentos de eludir esos controles mediante terceros serán considerados una simulación ilícita.
Otro de los capítulos modifica la Ley de Manejo del Fuego. El Gobierno aclaró que no introduce cambios sobre la Ley de Bosques Nativos, sino que propone dejar sin efecto las restricciones incorporadas en la reforma de 2020 respecto de los campos agrícolas y los bosques implantados.
Para la administración de Javier Milei, el régimen vigente “castiga dos veces al productor víctima de un incendio”: primero por las pérdidas ocasionadas por el fuego y luego por las prohibiciones para modificar el uso del suelo durante décadas, aun cuando el siniestro haya sido accidental o provocado por terceros.
“La veda no evitó incendios; tan solo castigó incendios accidentales”, sostuvo Ravier. En ese sentido, aseguró que la propuesta mantiene las sanciones para quienes provoquen incendios de manera intencional con fines inmobiliarios o para cambiar ilegalmente el uso del suelo, pero elimina las restricciones automáticas para quienes resulten damnificados sin haber tenido responsabilidad en el hecho.
El último capítulo con incidencia sobre el ámbito rural propone modernizar el Registro de la Propiedad Inmueble mediante la digitalización de los trámites, el establecimiento de plazos máximos para las inscripciones y la creación de una ventanilla única federal para acceder a la información registral, respetando la administración provincial de cada registro.
Según explicó el vocero, el objetivo es reducir los costos de las operaciones inmobiliarias, facilitar el acceso al crédito y otorgar mayor seguridad jurídica a los propietarios. “Menos burocracia significa menores costos, más inversión y más seguridad jurídica. El Estado debe garantizar certezas, no convertirse en un obstáculo entre los ciudadanos y su propiedad”, sostuvo.
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