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Resolución 125: la importancia de no tropezar con la misma piedra
Este miércoles se cumple un nuevo aniversario de la caída de la medida que intentaba imponer derechos de exportación móviles
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Para LA NACIONLuis Picat
Pasado mañana se cumple un nuevo aniversario de la no aprobación de la famosa y tan discutida resolución 125 de 2008. Para no cometer los mismos errores, o entender los comportamientos actuales estudiando el pasado, siempre es bueno hacer un repaso de la historia. En tiempos de precios altos de las commodities, récords históricos, el entonces ministro de Economía Martín Lousteau, hoy devenido presidente de la UCR Nacional, tuvo la iniciativa de propiciar una fórmula que era variable según el nivel de precios de los productos agrícolas, con la intención de captar más ingresos fiscales a costa de los productores.
Es interesante analizar los fundamentos de la resolución propuesta, lo perverso y la insensatez desde el punto de vista técnico: “que los precios internacionales de cereales y oleaginosas han registrado un significativo aumento en los últimos años, con una elevada volatilidad de sus tasas de variación interanual. Que la persistencia de un escenario semejante podría repercutir negativamente sobre el conjunto de la economía a través de mayores precios internos, menor equidad distributiva y una creciente incertidumbre en lo que respecta a las decisiones de inversión del sector agropecuario. Que la modificación propuesta del esquema de derechos de exportación aplicables a un subconjunto clave de cereales y oleaginosas constituye una herramienta apropiada para solucionar los problemas previamente mencionados”.
El primer párrafo implica un atentado total a la propiedad privada. Entre líneas se interpreta “que como los precios son altos, podés ganar más que otros, entonces te quito esa ganancia para repartirla”. Es preocupante imaginarse que esa posibilidad se replique en cada actividad económica, los bancos, las grandes empresas informáticas, petroleras, o incluso las pymes, que por cambios contextuales puedan aumentar sus ganancias el Estado decide sacarle parte de la renta.
El segundo párrafo tiene muchos condimentos, veamos primero el de precios internos. Si este fundamento pretendió “cuidar” los precios de “la mesa de los argentinos” junto con el socio Moreno [Guillermo, entonces secretario de Comercio], podemos decir que se equivocaron. Hay trabajos que recomiendo leer como el de Paula Calvo “Impacto en el bienestar de las restricciones a la exportación de trigo en Argentina: análisis no paramétrico en hogares urbanos”, que demuestran que el aumento en los precios del trigo solo se traslada al pan entre el 1 al 6%. Con respecto a la distribución del ingreso, la solución no depende de aumentar impuestos distorsivos, lo conveniente es, entre otras herramientas, administrar y fiscalizar los impuestos más progresivos, como Ganancias e impuestos patrimoniales.
El último punto del segundo párrafo es aún más falaz: las retenciones provocan desincentivos para la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, fundamento que podemos encontrar en trabajos como el de Castro & Diaz Frers (2008). Ni hablar de las restricciones impulsadas en el mismo año. Ya la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; 2019) advierte los riesgos que causan en la seguridad alimentaria global. A esto sumar como muestra empírica la pérdida de stock ganadero de casi 10 millones de cabeza, el cierre de frigoríficos, o la baja de intención de siembra del mix trigo-maíz en el período analizado.
Finalmente, es imposible comprender qué se quiso justificar con el último párrafo. De manera incansable debemos entender que cualquier intervención de impuestos distorsivos como los derechos de exportación, atentan contra incentivos a la producción, la competitividad internacional y la previsibilidad. Ya economistas como Cavallo, Mundlack (1982), y más recientemente Lema, Gallacher, Yerobi, De Salvo(2018), demuestran que las retenciones reducen la rentabilidad de los productores agrícolas, introducen ineficiencias en las decisiones relacionadas con la asignación de recursos y producción.
Son más de 20 años de un régimen que ningún país agroexportador posee. Como dato, la cantidad de impuestos pagados por un productor en ese periodo es igual al valor del campo que produce. Nuevamente, la propuesta de quita de estos impuestos distorsivos está en la plataforma de gobierno, espero que finalmente suceda.
Una discusión queda pendiente. Desde la mirada de ser un diputado radical, personalmente me defino antikirchnerista, defensor de las libertades de mercado y en contra de la emisión monetaria como método de financiar al Estado. Lamentablemente, una parte de la UCR formó parte del gobierno del 2008, que impulsó, entre otras medidas restrictivas, la resolución 125. Por eso sostengo que es importante revisar los hechos históricos para no tropezar con la misma piedra.
El autor es diputado nacional (UCR-Córdoba)
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