Retenciones: la Corte dejó firme un fallo que ordena devolverle a la multinacional Louis Dreyfus lo que pagó de más durante dos años

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que ordena al fisco devolverle a la multinacional cerealera Louis Dreyfus Company (LDC Argentina) los derechos de exportación que pagó de más en operaciones alcanzadas por resoluciones de 2007 y 2008. Entre ellas está la resolución 125 de derechos de exportaciones móviles, que en 2008 impulsó el gobierno de Cristina Kirchner y desató un conflicto con el campo que terminó con el recordado voto “no positivo” de Julio Cobos en el Senado, que sepultó la iniciativa oficial.

El máximo tribunal declaró “inadmisible” un recurso extraordinario de la Dirección General de Aduanas (DGA), con costas. Y así quedó firme una sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había declarado inválidas las normas cuestionadas, entre ellas la resolución 125 de 2008. Apuntó contra la falta de una ratificación legislativa. Tanto la compañía como ARCA prefirieron no hacer comentarios ante una consulta de LA NACION sobre el fallo.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la decisión en base al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que le permite rechazar el recurso extraordinario.

Lorenzetti, en un voto propio, recordó que la desestimación por esa vía “no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”. En rigor, los fundamentos sobre la validez de las retenciones se esgrimen en la sentencia de mayo de 2025 de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, firmada por Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán. Para la Sala III, los derechos de exportación son tributos y, como tales, están sujetos al principio de reserva de ley. Esto significa que el Congreso debe fijar sus elementos esenciales o establecer parámetros que delimiten la facultad del Ejecutivo para determinar la alícuota.

Según el criterio que adoptó la Cámara, el artículo 755 del Código Aduanero es constitucional, pero resulta insuficiente por sí solo para respaldar las medidas cuestionadas. Ni ese artículo ni la Ley de Ministerios fijaban una escala, un piso y un techo u otro parámetro que permitiera determinar cuánto podía cobrarse.

Es así que la Cámara aplicó el criterio que la Corte había establecido en 2014 en “Camaronera Patagónica”. Allí, el máximo tribunal examinó la resolución 11/2002 y consideró que careció de validez desde su entrada en vigor, el 5 de marzo de 2002, hasta el 24 de agosto de ese año, cuando la ley 25.645 le dio respaldo legislativo.

Por tanto, en el expediente de LDC, la Sala III concluyó que las resoluciones impugnadas de 2007 y 2008 carecían de esa ratificación. Las resoluciones 10/07, 369/07 y 125/08 a las que se hace referencia fueron firmadas, respectivamente, por Felisa Miceli, Miguel Peirano y Martín Lousteau, quienes en ese momento estaban al frente del Ministerio de Economía y Producción. Carlos Fernández, que sucedió a Lousteau en el cargo, firmó las resoluciones 64/08 y 182/08. En diciembre de 2008, Fernández, ya como ministro de Economía y Finanzas Públicas, suscribió la resolución conjunta 26/08 y 28/08 con la entonces ministra de Producción, Débora Giorgi.

LDC había pedido primero a la Aduana que le devolviera los derechos que consideraba pagados en exceso por embarques a países del Mercosur. Su argumento inicial era que el cobro contrariaba el Tratado de Asunción. El 25 de agosto de 2015, todavía en sede administrativa, reformuló el planteo y cuestionó la falta de ratificación legislativa de las resoluciones que habían elevado las alícuotas. La Aduana de Necochea rechazó las solicitudes en 2018 y el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó esa decisión. La empresa apeló y la Cámara revocó la sentencia del Tribunal Fiscal.

El reclamo que prosperó abarcó la diferencia entre el 20% que LDC consideraba respaldado por la ley 25.645 de 2002 de delegación de facultades para las operaciones en discusión y las alícuotas más altas que pagó por aplicación de las resoluciones impugnadas.

La Cámara ordenó devolver las sumas reclamadas con los intereses del artículo 811 del Código Aduanero, calculados desde la presentación de cada pedido de devolución y con las tasas correspondientes a cada período. La empresa había pedido que se aplicara la tasa pasiva del Banco Central, pero la Sala III consideró que ese planteo se presentó fuera de tiempo. El fallo no consigna el monto total a devolver.

“Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, declarar la invalidez de las resoluciones 10/07, 369/07, 125/08, 64/08 y 182/08 y la resolución conjunta 26/08 y 28/08, revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, ordenar al fisco nacional ex AFIP-DGA que devuelva las sumas abonadas, con más los intereses previstos en el art. 811 del CA, calculados en la forma explicitada en el considerando”, indica el fallo de la cámara.

En rigor, la Cámara centró su análisis en el principio de legalidad tributaria. Como los derechos de exportación son tributos, corresponde al Congreso crearlos y fijar sus elementos esenciales. Si el Poder Ejecutivo queda facultado para determinar las alícuotas, la ley debe establecer límites o parámetros que encuadren esa facultad. En el caso de LDC, las retenciones cuestionadas se aplicaron mediante resoluciones ministeriales que se apoyaron en el artículo 755 del Código Aduanero y en la Ley de Ministerios.

La Sala III consideró que esas disposiciones eran insuficientes para respaldar las alícuotas aplicadas y que las resoluciones tampoco habían recibido una ratificación posterior del Congreso. Por eso las declaró inválidas. La Corte Suprema dejó firme esa decisión al desestimar el recurso extraordinario de la Aduana.

Héctor Tristán, contador especializado en temas tributarios del agro, consideró que la decisión de la Corte Suprema en la causa “LDC Argentina S.A. c/ DGA” es favorable para la seguridad jurídica de los operadores del comercio exterior, particularmente del sector agroexportador".

“Al quedar firme la sentencia de la Cámara, se consolida la solución judicial del conflicto concreto y se pone un límite definitivo a la pretensión fiscal discutida en ese expediente”, precisó.

Sin embargo, aclaró que es importante efectuar una precisión jurídica: “La Corte rechazó el recurso de la Aduana mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Esto significa que no se pronunció sobre el fondo de la controversia ni convalidó expresamente los fundamentos de la Cámara. Por lo tanto, no corresponde interpretar esta decisión como la consagración de una nueva doctrina de la Corte en materia aduanera”.

Y dijo: “Desde una perspectiva institucional, el resultado es relevante porque otorga estabilidad a una sentencia favorable al contribuyente frente a la administración aduanera. No obstante, su proyección sobre otros litigios deberá analizarse a partir de los fundamentos sustantivos de la Cámara y de las particularidades de cada caso. La trascendencia del pronunciamiento reside en la firmeza de lo resuelto, más que en la creación de un precedente sustantivo del máximo tribunal”.

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