“Se trasladó al empleo”: un dirigente advirtió que la desregulación del mercado yerbatero profundizó la crisis del sector
Roberto Buser, representante de Coninagro en el Renatre, cuestionó la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y alertó sobre una caída de precios y en la actividad
6 minutos de lectura'
En medio del conflicto que atraviesa actualmente el sector yerbatero por los cambios en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un dirigente rural advirtió que la desregulación del mercado yerbatero profundizó la crisis productiva y laboral en la actividad. Alertó que la eliminación de precios de referencia dejó a los productores sin poder de negociación y favoreció la concentración.
Se trata de Roberto Buser, representante de Coninagro, quien dijo en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) que, a partir de diciembre de 2023 con la asunción del presidente Javier Milei y la puesta en marcha del DNU 70/2023, se marcó un punto de inflexión para el sector yerbatero.
El experto contó que el instituto fue despojado de sus principales funciones, entre ellas la capacidad de regular la actividad y fijar precios de referencia para la hoja verde. Según dijo, lejos de promover un mercado más eficiente o competitivo, esta decisión generó un impacto inmediato y negativo sobre los eslabones más débiles de la cadena productiva.
El dirigente explicó que en apenas tres o cuatro meses desde la entrada en vigencia del DNU, el precio que perciben los productores cayó de manera abrupta. “En términos concretos, pasamos a cobrar alrededor de un 30% menos por la misma producción. Si observamos la evolución de los últimos dos años, la situación es aún más grave: hoy los productores recibimos menos del 50% de lo que cobrábamos por igual volumen de hoja de yerba mate. Esta caída no fue absorbida por toda la cadena, sino que se trasladó casi exclusivamente a los productores primarios, mientras que los grandes compradores y molinos se beneficiaron al poder pagar menos por la materia prima", afirmó.
En esa línea, agregó que la eliminación del precio de referencia los dejó sin herramientas de negociación. “Antes de la desregulación impulsada por el gobierno de Milei, el INYM calculaba el costo real de producción, teniendo en cuenta salarios rurales, insumos y demás gastos necesarios para producir. A partir de ese análisis se establecía un precio que nos garantizaba un margen mínimo de rentabilidad y se actualizaba periódicamente para evitar que quedáramos desfasados frente a la inflación. Al desaparecer este mecanismo, quedamos obligados a aceptar los valores impuestos por los grandes compradores, profundizando una desigualdad estructural dentro del sector yerbatero”, sostuvo.
Afirmó que los más afectados por este proceso han sido los pequeños y medianos productores, que en su mayoría no cuentan con secaderos propios y deben vender su producción a secaderos privados, cooperativas o pertenecientes a grandes empresas. La fuerte caída de los ingresos reduce los recursos disponibles para afrontar los costos de producción, entre ellos la mano de obra, que representa aproximadamente el 67% del costo total de la actividad.
“El impacto de la desregulación no se limitó al plano productivo, sino que se trasladó directamente al empleo rural. Ante la imposibilidad de afrontar aportes y contribuciones, muchos productores se vieron forzados a recurrir a esquemas de informalidad. Esta situación afecta de manera directa a los trabajadores rurales, que quedan fuera de la ley y sin cobertura de los sistemas de registración y protección social. En este contexto, el rol del Renatre resulta central, ya que el organismo es el encargado de garantizar el registro del trabajador rural, el acceso a la seguridad social y las prestaciones por desempleo. La caída de la registración, producto de la crisis económica del sector deja a miles de trabajadores en una situación de mayor vulnerabilidad", aseveró.
Para él, lejos de tratarse de una situación inédita, la historia del sector yerbatero demuestra que los procesos de desregulación conducen, de manera recurrente, a crisis profundas. “Ya en la década de 1930, frente a una situación de superproducción, se creó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), que durante más de 60 años permitió ordenar nuestra actividad y sostener el equilibrio del sector. Sin embargo, en la década de 1990, durante el gobierno de Carlos Menem y bajo la conducción económica de Domingo Cavallo, la CRYM fue desregulada. Esa decisión volvió a generar fuertes desequilibrios, concentración del mercado y caída de los ingresos de los productores, replicando problemas que hoy reaparecen con claridad”, explicó.
Según dijo, en aquel período existía un mercado consignatario, dependiente del directorio de la CRYM, donde se fijaba un precio de referencia basado en los costos de producción. “Ese valor nos permitía acceder a créditos bancarios, contar con recursos para cosechar y evitar la necesidad de malvender la producción. Con la eliminación de ese sistema durante los años noventa, esa herramienta desapareció, dejándonos expuestos a las condiciones impuestas por los grandes compradores”, agregó.
Buser recordó que el INYM nació precisamente como respuesta a esa experiencia fallida. “Concebido como un instituto público de derecho privado, con una estructura participativa y autónoma, su directorio está integrado por el Estado nacional, los gobiernos de Misiones y Corrientes, los trabajadores rurales a través de la Uatre, los productores, los secaderos y los molineros. Ese esquema de representación permitía el diálogo, el consenso y la toma de decisiones orientadas a equilibrar los intereses de toda la cadena productiva. La eliminación de sus funciones centrales implica desconocer ese aprendizaje histórico y repetir errores del pasado”, observó.
Por eso, mencionó que a este escenario se suma una causa estructural de la crisis que no siempre se percibe de inmediato. “En los años previos a la desregulación, el INYM había realizado un relevamiento georreferencial mediante imágenes satelitales que detectó más de 30.000 hectáreas de nuevas plantaciones de yerba mate que aún no habían entrado en producción. Dado que se trata de un cultivo que requiere entre cinco y seis años para comenzar a rendir, el Instituto preveía que el ingreso simultáneo de esas hectáreas al mercado podía generar un exceso de oferta y una caída de los precios", mencionó.
Según analizó, para evitar ese escenario, el INYM regulaba la expansión de nuevas plantaciones, no con el objetivo de prohibir producir, sino de ordenar el crecimiento del sector.
