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Tras más de dos meses cerrada: Cargill reabrió una planta y volvió a estallar un conflicto que podría afectar a los puertos bonaerenses
La multinacional retomó de manera controlada las operaciones en Arribeños, en Buenos Aires, bajo un operativo especial de seguridad; el sindicato de fleteros reclama por unos 30 transportistas y advierte que podría profundizar las protestas
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LA NACION Belkis Martínez
Tras más de dos meses de paralización por un conflicto con un grupo de fleteros, Cargill reanudó las actividades de su planta de acopio en Arribeños, partido bonaerense de General Arenales, bajo un operativo especial de seguridad. Sin embargo, la disputa que había provocado el cierre sigue abierta y volvió a escalar: el Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina advirtió que no descarta medidas gremiales de acción directa en la totalidad de los puertos bonaerenses ante la falta de una solución para unos 30 transportistas que, según el gremio, fueron apartados de la operatoria de la compañía.
La multinacional había suspendido las operaciones el 3 de julio, en medio del conflicto, al considerar que “no estaban dadas las condiciones de seguridad” para continuar funcionando. Ahora informó que avanzó con una “reanudación controlada” luego de las medidas extraordinarias implementadas por las autoridades, aunque aclaró que la reapertura “no implica que dicho conflicto haya sido resuelto ni constituye una solución definitiva”.
“Cargill Argentina ha decidido avanzar con una reanudación controlada de las actividades de su planta de acopio en la localidad de Arribeños a partir del 10 de septiembre. Esta decisión se adopta luego de las medidas extraordinarias de seguridad implementadas por las autoridades competentes”, indicaron en un comunicado.
Además, agregaron “la situación que dio origen a este escenario continúa siendo ajena a Cargill y responde a diferencias entre actores del sector del transporte”. Y agregaron que “la reanudación de las actividades no implica que dicho conflicto haya sido resuelto ni constituye una solución definitiva. Cargill valora el trabajo realizado por las autoridades e insta a las partes involucradas a alcanzar una solución definitiva y sostenible que permita superar esta situación de manera duradera”.
Según informó la propia empresa, el establecimiento genera empleo directo e indirecto, trabaja con más de 70 proveedores locales y mantiene una relación comercial de largo plazo con alrededor de 130 productores de la zona, por lo que su actividad tiene impacto no solo sobre la logística y el acopio de granos, sino también sobre una amplia red de servicios y actores productivos de la región.
El argumento de los fleteros es que “los 30 transportistas habrían sido apartados de la operatoria de Cargill como represalia después de denunciar un supuesto cobro irregular de comisiones”. Según la versión del Sindicato Único de Fleteros, “esos transportistas venían realizando cargas para la compañía en Arribeños” y apuntaron contra Sergio Larovere, entonces tesorero de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) y actual presidente de la Unión de Transportistas de Arribeños, por presuntos cobros de comisiones “en negro”.
El gremio sostiene que, después de esa denuncia, dejaron de recibir cargas y esos viajes comenzaron a ser asignados a camiones que vinculan con Ramón Jatip, entonces presidente de Catac. Por eso califican la desvinculación como “arbitraria” y cuestionan que Cargill haya reabierto la planta sin que esos 30 fleteros hayan recuperado su participación en la operatoria.
Indicaron que Cargill renovó operaciones “sin haber resuelto el problema”. Por otra parte, fleteros también cargó contra Catac. “La comisión directiva de la Catac, integrada entre otros por Ramón Jatip (presidente) y Sergio Larovere (tesorero), sostiene relación directa con la Unión de Transportistas de Arribeños (UTA)”, dijeron.
Según el sindicato que representa a los propietarios de vehículos de cargas que prestan el servicio de fletes en las ramas cereal y fertilizantes, entre otras, “el conflicto se originó luego de que los 30 fleteros que trabajaban en Cargill denunciaran a Larovere, entonces tesorero de la Catac y actual Presidente de UTA, por el cobro indebido de comisiones en negro”. Indicaron también que “a partir de ese momento, los denunciantes fueron desvinculados y las cargas comenzaron a ser transportadas por camiones vinculados a Ramón Jatip”.
En marzo pasado, en una consulta de LA NACION, Jatip rechazó las denuncias sobre presuntas irregularidades en el sistema de pagos y la existencia de supuestas comisiones. “Cada uno facturaba con sus propias facturas y cobraba sus fletes en sus cuentas corrientes. No había un transporte en el medio que cobrara o pagara”, explicó. Además, aseguró que “nunca nadie los echó” y que la empresa “nunca echó a nadie en esa planta”.
Lamentó que los empresarios fleteros, dijo, los amenazaran a él y a Larovere a partir de esta situación: “Es lamentable porque nos han amenazado con carteles intimidatorios. Hoy resurgen los problemas y es triste porque nosotros queremos trabajar en paz con las entidades de toda la vida y tenemos claro que las tarifas son orientativas, que hay un mercado, que el campo negocia con nosotros todo el tiempo tarifas, formas de pago y demás, como siempre. Hay gente que quiere llevarse todo por delante y no se puede”. Hoy Jatip no respondió llamados de este medio.
Cargill, en tanto, indicó que las medidas extraordinarias actualmente vigentes serán monitoreadas permanentemente por la compañía. “La continuidad de la operación dependerá de que existan condiciones seguras, estables y sostenibles en el tiempo”, cerraron.
Intervención
A fines de agosto pasado, el Ministerio de Justicia dispuso la intervención inmediata, con desplazamiento de sus autoridades, de la Catac por 180 días hábiles, al advertir un cuadro de riesgo institucional y patrimonial. En una resolución señaló un déficit promedio equivalente al 140% de los ingresos, incumplimientos en la presentación de estados contables —incluidos ejercicios de 2012, 2014 y 2020 a 2025— y la falta de medidas acreditadas para sanear la situación. La intervención quedó a cargo del abogado Gastón Gabriel Di Bella, quien deberá analizar la situación económica, financiera y patrimonial, administrar la entidad y evaluar la gestión de la conducción desplazada, pudiendo iniciar acciones civiles o penales si correspondiera.
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