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Tregua por 15 días: una conciliación obligatoria evitó un paro en los puertos cerealeros, pero hay alerta por un conflicto abierto
La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) sostuvo que una propuesta del gremio Urgara supera la inflación proyectada; pidió preservar la paz social y advirtió sobre el impacto que una medida de fuerza tendría sobre el comercio exterior
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LA NACIONMariana Reinke
Luego de que el Gobierno dictara ayer una conciliación obligatoria para frenar un paro nacional convocado por la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara), lo que iba a afectar la exportación, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) ratificó su disposición a continuar negociando y defendió la propuesta salarial presentada durante las paritarias.
La entidad afirmó que mantuvo “una constante vocación de diálogo” y realizó un “urgente llamado a la responsabilidad institucional” para preservar la paz social y garantizar la continuidad de las operaciones portuarias. En tanto, Urgara señaló que “el reclamo sigue intacto”. Agregó: “Lo que perdimos en mayo, junio, julio y agosto no está saldado, y la actividad sigue en niveles récord”. Alertó que la medida de fuerza volverá si tras la conciliación “la Cámara no recompone”.
El paro había sido anunciado por Urgara para comenzar a las 22 de ayer en todas las terminales portuarias del país, luego, según dijeron en el gremio, del fracaso de las negociaciones salariales. Sin embargo, la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo dispuso la conciliación obligatoria, ordenó retrotraer el conflicto y convocó a una audiencia virtual para el próximo 25 de agosto.
Tras la conciliación obligatoria, la CPPC reafirmó su voluntad de continuar las negociaciones. “La Cámara de Puertos Privados Comerciales ratifica públicamente su constante vocación de diálogo y la absoluta razonabilidad de las propuestas económicas presentadas”, expresó, al tiempo que llamó a preservar “la paz social y la continuidad operativa de los puertos argentinos”.
En el documento recordó que las negociaciones salariales corresponden al período comprendido entre enero y diciembre y aseguró que, desde el inicio de las conversaciones, buscó preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.
“Desde el inicio de la paritaria, la CPPC ha demostrado una continua predisposición para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, tomando como referencia la evolución del IPC y las proyecciones del REM”, indicó.
Según la cámara, la oferta contempla un 16% de aumento desde agosto, un ajuste anual del 31,99% —por encima de la inflación proyectada del 30,2%— y una asignación extraordinaria de hasta $359.095 en dos cuotas.
Otro de los puntos incorporados fue una cláusula de revisión paritaria, destinada a ajustar el acuerdo, “en más o en menos”, si la inflación efectiva difiere de las previsiones al momento de iniciar la negociación salarial de 2027.
Pese a ello, la entidad sostuvo que las posiciones continúan alejadas. “A pesar de los esfuerzos de la CPPC, el gremio Urgara se ha mantenido inflexible en la exigencia de cerrar el ciclo paritario con un incremento del 35,5%, una pretensión que excede en más de cinco puntos porcentuales cualquier proyección económica oficial”, expresó.
En ese sentido, advirtió que aceptar ese porcentaje “impactaría severamente en la base salarial futura de las empresas y alteraría la ecuación económica general, representando un anticipo injustificado de casi un trimestre de inflación estimada”.
La cámara destacó que aceptó la propuesta oficial de pagar por separado los reajustes de mayo, junio y julio, aunque afirmó que fue “insólitamente rechazada por el gremio”. Además, advirtió que un paro en los puertos graneleros sería “altamente perjudicial para el comercio exterior”.
Asimismo, recordó que la operatoria de los puertos privados constituye una actividad esencial y estratégica para la economía nacional, por lo que solicitó la intervención del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Trabajo para encauzar el conflicto bajo el régimen de conciliación obligatoria: “La Cámara ha solicitado las medidas necesarias que garanticen la paz social y eviten el cese de la operatoria portuaria”, concluyó.
Según pudo saber LA NACION, pese a que en su actividad se dictó la conciliación, en la cámara existe gran preocupación. En el sector advirtieron que, aun con el conflicto suspendido en las terminales portuarias, el gremio podría trasladar las medidas de fuerza a otras actividades vinculadas con la operatoria, como el sector de acopio o la Cámara de Empresas de Control de la República Argentina (Cadecra), lo que ampliaría el impacto sobre la logística y podría afectar no solo el movimiento de granos, sino también otras cargas, como la actividad petrolera.
Las fuentes consultadas recordaron que una situación similar ya ocurrió el año pasado. “Si bien dictaron muy rápido la conciliación a CPPC, después, sin decir nada, fueron contra otra rama, que fue Cadecra. Entre gallos y medianoche clavaron un paro y se estuvo un día y medio perdidos”, señalaron. En ese sentido, explicaron que los controladores cumplen un rol clave dentro de la operatoria portuaria, ya que son quienes certifican la salida de los buques.
En la actividad también hicieron un repaso de la negociación paritaria. Indicaron que las conversaciones comenzaron en mayo, cuando vencía el convenio colectivo, y sostuvieron que durante los primeros meses la diferencia entre los aumentos otorgados y la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) era reducida. Según explicaron, el gremio optó por prolongar la negociación a la espera de que primero cerrara la paritaria del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), con cuyos salarios suele compararse.
“Siempre esperan que primero cierre el gremio aceitero para no quedar por debajo. Incluso hubo trabajadores que pasaron a ese sindicato porque tiene mejores salarios. Por eso siempre se comparan con ‘los primos’, como les dicen”, comentaron fuentes de la actividad.
Las fuentes recordaron que, tras varios meses de negociación, Urgara planteó inicialmente una recomposición del 40%, luego reducida al 35,5%, mientras que la oferta empresaria contempla un incremento del 16% sobre los salarios básicos de febrero, además de una suma extraordinaria y una cláusula de revisión: “No se puede convalidar una recomposición de esa magnitud porque siempre los salarios estuvieron por encima de la inflación y los aumentos se otorgaron por adelantado”.
En el sector también advirtieron sobre el impacto económico que tendría una paralización de la actividad portuaria. Explicaron que cada buque inmovilizado genera costos cercanos a US$30.000 por día, cifra a la que se suman otros gastos operativos, como los servicios de practicaje y las demoras logísticas: “Cuando se multiplica ese costo por la cantidad de barcos que esperan para cargar, las pérdidas para la economía son millonarias”.
En ese contexto, el gerente de la CPPC, Federico Spoturno, reiteró la voluntad de continuar negociando y sostuvo que la entidad mantiene abierta la instancia de diálogo: “Nuestra intención es seguir negociando de buena fe y con números que realmente sean posibles de abonar. La buena fe negocial la mantenemos y estamos abiertos al diálogo. Pero obviamente con valores y sumas que sean lógicas; no podemos pagar cualquier cosa porque eso lo puede terminar pagando el productor”.
Por su parte, en Urgara se mostraron sorprendidos por la celeridad del Gobierno para dictar la conciliación obligatoria, que fue “media hora antes” de que se haga efectivo el paro: “Lamentablemente, los tiempos para impedir la medida son tremendamente rápidos pero tardan tres años para homologar cuando acordás”.
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