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Malvinas: otra posible disputa con el trasfondo de un negocio que mueve millones de dólares
La acuicultura aparece como una actividad económica emergente de gran escala y abre una discusión que hasta hace poco prácticamente no existía
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El valor estratégico del mar se reconfigura. El poder en la actualidad no se establece únicamente por quién lo controla, sino también por la capacidad de convertir sus atributos en economía y desarrollo. Durante gran parte del siglo XX, los océanos se pensaron en términos de rutas, comercio, logística, defensa y territorio. Esa arquitectura mantiene vigencia, pero hoy se agrega otra disputa: transformar esos entornos, en capacidad instalada: investigación, producción, tecnología, infraestructura y nuevas industrias. Porque un recurso explotado deja de ser solamente un recurso y pasa a organizar un capital alrededor de un territorio y su comunidad. Y cuando esos intereses adquieren escala y permanencia, también cumplen un rol fundamental en la soberanía.
Esa transformación tiene un origen y forma parte de la denominada economía azul, un concepto desarrollado, entre otras corrientes teóricas, por el economista belga Gunter Pauli. Posteriormente fue incorporado a sus agendas institucionales por organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, OCDE y Banco Mundial, para vincular, promover y organizar el desarrollo de los recursos oceánicos, mediante la sostenibilidad económica, ambiental y social.
La escala explica su importancia: solo la economía oceánica se calcula, según la ONU, en US$6 billones de valor agregado real, lo que representa aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) global. Si el conjunto de los recursos y actividades marinas fuera un país independiente, se consolidaría como la quinta economía más grande del mundo. Pesca, acuicultura, hidrocarburos y energía offshore, transporte, puertos, turismo, industria naval, bonos climáticos y biotecnología integran ese universo. Particularmente pesca y acuicultura alcanzaron US$472.000 millones de valor en primera venta, según la FAO.
Malvinas nos permite analizar esa lógica. La pesca constituye la columna vertebral de su economía (el 58,3% nominal de sus ingresos). A esa estructura se suma el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas –en plataforma marítima- cuya primera fase prevé 11 pozos submarinos, con una producción cercana a 50.000 barriles diarios estimados en U$$1000 millones para 2028. Y aparece una tercera actividad de gran escala: el proyecto de Unity Marine para producir hasta 50.000 toneladas anuales de salmón del Atlántico, valuado en U$$600 millones anuales, mediante una asociación entre una compañía pesquera radicada en las Islas y capitales daneses.
Pesca, hidrocarburos y acuicultura son negocios diferentes, pero geopolíticamente comparten una condición: convierten recursos y espacios marítimos en inversión, infraestructura, conocimiento, renta y relaciones económicas organizadas alrededor de un territorio, desarrollando intergeneracionalmente un aumento de la capacidad instalada local y proyección a largo plazo en el territorio.
La pesca marcó un primer antecedente y una respuesta desde la Argentina que va más allá de la diplomacia. Frente a la explotación de recursos pesqueros en Malvinas, el Estado fue construyendo un marco jurídico que no se limita únicamente a desconocer las licencias otorgadas bajo administración británica: también establece consecuencias dentro del propio sistema pesquero nacional para determinadas relaciones económicas con operadores que actúan sin autorización nacional. El principio que subyace es relevante: la administración de un recurso natural no queda separada de la cuestión de soberanía. Pesca, permisos, acceso al recurso y actividad económica pasan así a formar parte de una misma arquitectura jurídica e institucional sobre el Atlántico Sur.
En 2008, la ley 26.386 modificó el Régimen Federal de Pesca. Quienes acceden a cuotas o autorizaciones argentinas deben carecer de determinadas relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores de buques que pesquen en aguas bajo jurisdicción argentina sin permiso nacional. Comprobada la incompatibilidad, caducan automáticamente permisos, cuotas o autorizaciones.
Existe además un marco internacional. La resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas llama a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúa el proceso relativo a la disputa de soberanía. La Argentina sostiene históricamente, que la concesión y explotación unilateral de recursos naturales en el área en controversia resulta incompatible con ese principio.
Con los hidrocarburos se construyó posteriormente un segundo criterio comparable y de características similares, mediante instrumentos específicos orientados a empresas que operen sin autorización nacional. Pesca y petróleo quedaron así incorporados a una misma lectura estratégica: la explotación de recursos naturales también forma parte sustantiva de la política de soberanía nacional.
En la actualidad, la acuicultura (producción de organismos acuáticos en cautiverio) podría ser la tercera disputa y plantear un nuevo escenario. Pero, en lo particular, este caso agrega ahora una variable diferente. Esta actividad no captura biomasa existente ni la extrae de yacimientos naturales: la acuicultura se produce con lógica agroindustrial. Y requiere planificación controlada basada en estudios del ambiente, sanidad, tecnología y genética, incluyendo el desarrollo de embarcaciones, procesamiento, frío, alimento balanceado, logística, e industrias conexas. Buena parte de esa cadena debe organizarse alrededor del lugar de producción para justificar su ecuación de rentabilidad.
Una flota podría capturar, procesar y retirarse. La acuicultura necesita permanecer. Esa permanencia construye infraestructura, conocimiento, especialización, empleo y comunidad productiva de largo plazo. Chile permite dimensionarlo: el ultimo año generó más de US$7800 millones, producto de la acuicultura.
Por eso sería un error separar soberanía y desarrollo como si transitaran por carriles independientes. La reivindicación argentina sobre Malvinas tiene fundamentos históricos y jurídicos propios y no necesita de una actividad económica para sostenerlos. Pero investigar, administrar, transformar y legislar actividades y recursos, también construye capacidad y habilidad estratégica sobre un territorio.
Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur: un antecedente ineludible que sirve para comprender. En 2020 regía la ley nacional de acuicultura (27.231/2015) y la provincia atravesaba un debate controversial. En una agenda reñida en gran parte por la presión de organizaciones conservacionistas, requerían la prohibición de cultivos acuáticos -con apoyo local e internacional, y torcían la voluntad productiva en la provincia. La campaña “No a las salmoneras” sentó fuerzas y finalmente hizo claudicar al sector. Se sancionó por entonces en 2021 la ley 1355 que limitaba el cultivo de salmónidos en toda la jurisdicción y se reflejaba en todo el país.
En paralelo y a continuación, en Malvinas se promovía el desarrollo integral acuícola mediante consultas públicas. Coincidencias o no que valen la pena analizar. Prohibir no supone que otro no lo desarrolle.
Cuatro años después, la ley provincial 1601 estableció un nuevo marco jurídico colaborando con el Consejo Federal de Inversiones para fomentar el desarrollo sustentable de la acuicultura continental y marítima. El cambio supera la discusión binaria “salmón sí o no”: la provincia pasó a definir qué acuicultura desarrollar, dónde y bajo qué condiciones ambientales, productivas y tecnológicas. Eso abre un nuevo escenario.
Tal vez un verdadero activo de haber legislado empiece a comprenderse ahora. La acuicultura aparece espontáneamente en Malvinas como una actividad económica emergente de gran escala y abre una discusión que hasta hace poco prácticamente no existía. Pesca e hidrocarburos construyeron sus propios antecedentes. ¿Por qué la acuicultura debería quedar fuera de esa lógica? ¿Qué reglas deberían alcanzar en el futuro a empresas que desarrollen esa actividad bajo autorización británica? Las leyes vigentes todavía no responden esas preguntas, pero contar con legislación propia permite ahora empezar a formularlas desde una posición distinta. La consulta pública para desarrollar actualmente el sector en las Islas demuestra que el escenario dejó de ser meramente teórico y especulativo. La discusión, evidentemente, era bastante mayor que los salmones.
También corresponde intentar comprender a las organizaciones ambientales que participan activamente de estos debates. Si existen cuestionamientos en Tierra del Fuego y Chile, es legítimo preguntar si se aplican los mismos argumentos y estándares para todos por igual, qué vínculos existen entre las campañas, qué intereses institucionales representan y cómo se financian. El ambiente forma parte de esta discusión y la transparencia de las instituciones también.
Primero fue la pesca. Después, el petróleo. Ahora la acuicultura. Tres actividades diferentes que transforman recursos en inversión, infraestructura, capacidad económica y capital alrededor de Malvinas. La Argentina construyó respuestas para las dos primeras. La tercera presenta una particularidad: esta vez la discusión puede empezar antes de que la industria esté desarrollada.
El autor es exdirector Nacional de Acuicultura, asesor del Consejo Federal de Inversiones y consultor del Banco Mundial
