Última carta: Vicentin quiere que la Corte Suprema revierta un rechazo del máximo tribunal de Santa Fe y pone en duda el pago de sueldos
La empresa busca la homologación de su concurso de acreedores; críticas a los magistrados santafecinos Rafael Gutiérrez y Daniel Erbetta por supuesta imparcialidad
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LA NACIONPilar Vazquez
La agroexportadora Vicentin presentó un recurso extraordinario federal con el objetivo de que la Corte Suprema de la Nación revierta el fallo de la Corte Suprema de Santa Fe que anuló la homologación de su concurso preventivo. La empresa argumentó, entre otras cuestiones en un escrito al máximo tribunal de Santa Fe, que su decisión ha sido “arbitraria”, ignoró la voluntad de los acreedores y careció de fundamentos legales sólidos. Asimismo, la cerealera cuestionó la imparcialidad de dos jueces que intervinieron en la causa, y advirtió que la medida compromete su continuidad, pone en riesgo miles de empleos y afecta la industria agroexportadora. Por ello solicitó que el máximo tribunal nacional anule la resolución y restablezca el acuerdo aprobado.
En su presentación, la agroexportadora denunció que la resolución judicial es “arbitraria en la medida en que contiene afirmaciones dogmáticas, se aparta groseramente del texto claro de la ley y de las constancias del expediente, además que desconoce la aplicación del principio de igualdad en la materia”.
Como se mencionó, uno de los ejes centrales del recurso presentado se basa en el cuestionamiento a la intervención de los ministros de la Corte santafesina, Rafael Gutiérrez y Daniel Erbetta. Según la empresa, ambos jueces adelantaron opinión antes de resolver el caso y se negaron a apartarse, afectando la imparcialidad del proceso. En el documento presentado, se destaca que “mediante una decisión arbitraria, el tribunal superior de provincia ingresó en el tratamiento de cuestiones que, por ser propias de los tribunales de la causa, se encontraban fuera del alcance de su jurisdicción”.
El documento presentado por la empresa enfatizó que “se afecta así la garantía del debido proceso y como bien lo dijo la Corte nacional en una causa donde cuatro integrantes del Superior Tribunal de Chaco habían adelantado opinión, la desestimación de una recusación con causa debidamente fundada es cuestión federal suficiente para la apertura del Recurso Extraordinario en razón que está en juego la tutela del derecho de la defensa en juicio”.
Vicentin también sostuvo que la resolución de la Corte santafesina desconoció la voluntad de los acreedores, ya que el acuerdo presentado había sido aprobado por el 62,93% de los acreedores y el 71,73% del capital, cumpliendo con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Concursos y Quiebras. En este sentido, la empresa argumentó que “la Cámara analizó el acuerdo propuesto, así como el escenario de quiebra y evidenció que este último era mucho más perjudicial para los acreedores”.
La decisión de la Corte Suprema de Santa Fe, según Vicentin, pone en peligro la continuidad de la compañía y podría generar consecuencias económicas devastadoras. En el documento presentado, se resaltó que “Vicentin representa el 24% de la molienda de girasol y el 21% de soja en el país, genera 1200 empleos directos y más de 5000 indirectos. Además, la empresa alertó que su planta en San Lorenzo actualmente opera al 30% de su capacidad y podría cerrar definitivamente en mayo si el fallo no se revierte.
Por otro lado, la empresa destacó que la propuesta de pago del acuerdo preventivo es significativamente más beneficiosa para los acreedores en comparación con una eventual liquidación. “Si la propuesta obtuvo un amplio respaldo mayoritario de capital y acreedores; si los pagos ofrecidos superan largamente lo que se podría obtener en caso de declaración de quiebra; si, además, en el período que se abrió para conseguir que interesados ofertaran por la empresa nadie lo hizo, ¿cuál es el motivo para rechazar la homologación del acuerdo?”, planteó el escrito.
El recurso extraordinario federal interpuesto por Vicentin argumentó que la Corte de Santa Fe “desconoció los parámetros impuestos por la CSJN en el fallo que el propio superior tribunal citó para procurar justificar el ingreso vedado al tratamiento del caso”. En este sentido, la empresa dijo que la sentencia que dejó sin efecto la homologación del acuerdo preventivo incurrió en “una interpretación arbitraria del principio de igualdad”, y que eso afecta a todos los acreedores involucrados en el proceso.
El documento también cuestionó la falta de fundamentos en la decisión de la Corte provincial para priorizar la opción de un proceso de salvataje en lugar de la homologación del concurso preventivo. “Frente al escenario que surge de las constancias de la causa y sustenta la sentencia anulada, la Corte Provincial –por mayoría– solo contrapone una infundada esperanza en el potencial resultado que podría tener el salvataje previsto en el art. 48 LCQ, parámetro que no solo no es el que prevé la ley para analizar la homologación de un acuerdo preventivo, sino que, en los hechos, no cuenta con un solo indicio que pueda sustentar el esperado pronóstico favorable”.
Reunión
Esta mañana se realizó una audiencia en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, Santa Fe, convocada por el juez inicial de la causa, Fabián Lorenzini. El encuentro duró más de tres horas y contó con la participación de directivos de Vicentin, abogados de sus tres socios estratégicos (ACA, Bunge y Viterra), representantes del sindicato, Mariano Grassi (segundo acreedor comercial de la empresa), abogados del estudio Casanova y el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo.
Uno de los temas centrales fue el pago de los salarios de la próxima semana. La empresa debe abonar los sueldos entre el lunes y el martes, pero según Estanislao Bougain, director independiente de Vicentin, aún no tienen asegurados los 2300 millones de pesos necesarios para cubrirlos. Bougain dijo que desde noviembre de 2024 la compañía atraviesa una crisis operativa, ya que los fasones que permitieron su funcionamiento entre 2020 y 2024 no fueron suficientes para cubrir los costos. Esto obligó a la empresa a utilizar su caja hasta agotarla.
La empresa tiene dificultades para captar el volumen habitual de girasol y no cuenta con certezas sobre la próxima campaña de soja. Para intentar garantizar su continuidad gestionó la prórroga de contratos clave y buscó nuevos acuerdos de fasón, aunque hasta el momento no concretó ninguno.
En cuanto a la operatividad actual, Vicentin mantiene contratos de fasón en curso. Estos incluyen acuerdos para la molienda de hasta 480.000 toneladas de girasol en 2025, la producción de semillas especiales y el uso parcial de su planta de bioetanol. Sin embargo, todos estos contratos establecen cláusulas que permiten su cancelación en caso de quiebra o cramdown, lo que aumenta la incertidumbre. A nivel financiero, la empresa pagó una cuota de gratificación, pero todavía no reunió los fondos para los salarios. Su continuidad depende de adelantos de fasones que aún no se confirmaron. Además, acumula un pasivo posconcursal limitado y planifica cancelarlo de manera progresiva cuando recupere la confianza del mercado y cierre nuevos contratos.
Por otro lado, en el encuentro se informó que los directivos de la cerealera Vicentin renovaron los contratos con los interesados en adquirirla: Bunge Argentina-Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Esto porque las firmas ratificaron que, en caso de que se homologue el acuerdo concursal, mantienen su interés en entrar a la compañía bajo un esquema de un fideicomiso a 12 años.
Durante la audiencia, Daniel Succi, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), cuestionó la gestión actual y planteó la necesidad de una nueva intervención judicial. Según él, en 2024 la empresa procesó tres veces más que en 2023, pero ahora enfrenta problemas para pagar los sueldos, lo que genera dudas sobre el manejo financiero.
Por su parte, Mariano Grassi también criticó duramente la administración y aseguró que, en caso de cramdown tiene una propuesta para hacer. Finalmente, se decidió la creación de una mesa de trabajo y diálogo entre todas las partes involucradas para encontrar soluciones.
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