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Vicentin. Afirman que la expropiación es peligrosa para el mercado de granos y el mismo Estado
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LA NACIONMariana Reinke
Luego de que el presidente Alberto Fernándezanunciara la intervención y expropiación de la exportadora de granos santafesina Vicentin, la incertidumbre y preocupación en el sector del mercado de granos es manifiesta.
Para los referentes de la actividad, al margen de que "este emprendimiento" va a requerir de un esfuerzo económico muy considerable, lo que se avecina por delante es un escenario peligroso que puede poner en jaque a la competencia.
Con una deuda comercial de US$350 millones de Vicentin a acopios, productores y cooperativas, al margen de la deuda bancaria, sería imposible que estos actores le vendan un kilo de nada hasta tanto no se les cancele su deuda desde diciembre. Una estrategia incentivadora del Gobierno podría ser pagar de manera anticipada la compra, cuestión que le quitaría competitividad al resto de los exportadores.
"Con un Estado que participa como un competidor con bolsillo de payaso, que puede pagar más y con un negocio de gran volumen pero de margen chico y alto riesgo, deja al resto de los competidores enseguida fuera de todo negocio. En dos años compran lo que tienen acá por dos pesos. Los exportadores están preocupados pensando que ellos van a ser las primeras víctimas", remarcaron fuentes del sector.
Santiago del Solar, exjefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura en el gobierno de Mauricio Macri, analizó: "No es sencillo competir de igual a igual con otros exportadores a quienes los productores le tienen confianza de hace tiempo. Pero igual busca decirles (el Estado) que está presente en el mercado".
Del Solar indicó que el Gobierno solo va comprar una industria a la que le sobra capacidad instalada pero falta saber qué plan tienen, con qué dinero cuentan y cuál es la estrategia para poder estar en el mercado de manera competitiva. "Están improvisando", opinó.
Asimismo consideró que los fundamentos por los que se buscó expropiar, como "la soberanía alimentaria" y el "rescate" de empresas, deja abierta la posibilidad para que en el futuro puedan haber otras expropiaciones. "Con esos argumentos, ¿cuáles serán las próximas empresas'", se interrogó.
Para Gustavo López, de Agritrend, la primera impresión tras el anuncio oficial fue de sorpresa porque con la empresa todavía en convocatoria había interesados privados en comprarla. "Existen un montón de ejemplos en el sector granario como Productos Sudamericanos y Sasetru, donde empresas en convocatoria fueron compradas por otras compañías. Por eso es llamativo", dijo.
Según el experto, se debe inferir qué atribuciones se adicionan a la órbita estatal con esta operación, donde ya mantenía la fiscalización en su poder. Ahora tendrá, además, la comercialización y la logística. Esto no es la Junta Nacional de Granos porque tenía otra potestad, pero la fiscalización, el comercio y la logística eran las tres patas de ese organismo. Para manejar este tipo de empresas se necesita un expertise muy sofisticado y una rapidez en las decisiones muy grande donde no son siempre los mejores negocios".
En tanto, Gustavo Oliverio, de la Fundación Producir Conservando, opinó que se trata de un tema ideológico, donde quieren ser partícipes de las decisiones privadas. "Nunca les fue bien. Nos estamos chocando con un Gobierno con un activismo ideológico enorme que estanca y atrasa. Es una constante marcha atrás. El Gobierno le muestra los dientes al sector, ocupando un papel protagónico en la actividad y le dice no se olviden que puedo intervenir. Es cosa de ciencia ficción, es un juego de matones que no corresponde", indicó.
Dudas en el sector frente a la estrategia del Gobierno
Para Lopéz, no va a ser fácil la operatoria de la nueva empresa. "No va a ser tan fácil. Los márgenes de los productos elaborados como materia prima en oleaginosas son bastante negativos. Además, de dónde va a sacar el Gobierno los 1350 millones de dólares, con qué fondos y financiamiento contarán para las operaciones. En definitiva, cuando existía la Junta tenía partidas presupuestarias, había algún tipo de fondeo a través de impuestos que le daban alguna capacidad", sostuvo.
En este contexto, Oliverio precisó que "el crecimiento (del agro) fue exponencial desde que la Junta Nacional de Granos desapareció (se eliminó en 1991). Se pasó de 34 millones de toneladas de granos de promedio en los últimos cinco años en los ochenta, a 124 millones de toneladas de granos de promedio de estos últimos años", agregó.
Por último, López insistió que la intervención no es una buena señal ni para el sector, ni para el país ni para los acreedores externos que ven en un contexto de negociación por la deuda una erogación de esta magnitud.
En tanto, en un comunicado, la Federación de Entidades Rurales Salteñas rechazó "el proyecto de expropiación del Grupo Vicentín o de cualquier otra empresa privada por parte del gobierno nacional".
En el escrito, detallaron: "Plantear la expropiación para asegurar la soberanía alimentaria, mantener puestos de trabajo, que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole o crear una empresa testigo nos parece poco serio y alejado de la realidad".
Para la entidad ruralista, la medida refleja una política de gobierno de mayor intervención en la economía, generando distorsiones y "demuestra claramente la intención del Poder Ejecutivo Nacional de centralizar la toma de decisiones, violentando en forma evidente el principio de división de poderes consagrado en nuestro ordenamiento constitucional".
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