Camuflar en vez de resolver los problemas económicos

El paquete de medidas económicas anunciado –no por casualidad– en vísperas de este feriado extra-largo para atenuar su repercusión pública, tiene desde su propio título el sello distintivo del gobierno del Frente de Todos y la impronta del ministro Martín Guzmán: “Acciones de política para el fortalecimiento de la sostenibilidad del crecimiento y de la estabilidad macroeconómica”.

Es literalmente un camuflaje de la realidad. No se puede hablar de estabilidad macro con la inflación que apunta a 75% anual; reservas líquidas del Banco Central (sin oro ni DEGs del FMI) con saldo negativo; riesgo país al borde de 2200 puntos básicos y déficit fiscal creciente por el aumento del gasto público, cuya financiación a través de deuda en pesos y emisión acaba de demostrar su fragilidad con la corrida de bonos indexados por CER hacia los dólares financieros, que volvieron a ensanchar a casi 100% la brecha cambiaria con el oficial.

Tampoco con mayor expansión fiscal y monetaria es sostenible el crecimiento del PBI, por más que el relato oficial se empeñe en resaltar como “histórica” la heterogénea reactivación de 2021 (10,3%) tras el desplome similar (-9,8%) provocado en 2020 por la cuarentena y la pandemia. Menos aún con la actual desaceleración de la economía mundial, las restricciones a la importación de insumos que afectan a varios sectores industriales y el más reciente impacto de los faltantes de gasoil sobre las cadenas de producción, transporte y distribución en gran parte del país. Aquí, el Gobierno fracasó en su intento de administrar la escasez sin modificar los subsidiados precios domésticos y con la aplicación de un plus a los vehículos con patente de los países limítrofes.

La tardía respuesta oficial llegó con el ajuste de 12% que rige desde ayer en los precios del gasoil (y por primera vez superan a los de las naftas), precedido por el aumento transitorio de 5% a 7,5% en el corte obligatorio con biodiesel (que subió más que el petróleo) por 60 días prorrogables. También por el reintegro en el mismo lapso del impuesto a los combustibles a las importaciones de empresas refinadoras (integradas o no), que hayan incrementado su abastecimiento al mercado interno en los últimos dos meses o debieron importar crudo para atenderlo. A pesar de esta demora ante la emergencia energética, el decreto no se privó de bautizar a este esquema como Régimen de Incentivos al Abastecimiento Interno de Combustibles (Riaic).

Si se trata de correr detrás de los acontecimientos, las subas diferenciadas de 3 a 5 puntos porcentuales aun mantienen a las tasas de interés por debajo de las expectativas inflacionarias. Por caso, para los depósitos a plazo fijo minoristas por 30 días y hasta $10 millones pasaron de 48% a 53% nominal anual que, si bien apuntan a desalentar la demanda de dólares, equivalen a una tasa efectiva de 4,4% mensual, inferior a la inflación esperada para junio y julio. Como contracara de cierto sesgo ortodoxo, se reduce el subsidio implícito en las compras por programa Ahora 12, la tasa anual promedio será de 42% para la financiación en 3, 6 y 12 cuotas fijas y de 49% para 18 y 24 cuotas.

Otras dos medidas dispuestas el jueves –la segmentación de los ajustes tarifarios y el presupuesto para 2022– apuntan a cumplir con cláusulas incluidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en medio de las turbulencias en los mercados; pero fueron anunciadas con tal grado de imprecisión que en lugar de esclarecer las perspectivas a corto plazo producen más confusión.

Por lo menos hubieran merecido una conferencia de prensa. Sin embargo, se optó por la publicación de sendos decretos en el Boletín Oficial que resultan prácticamente indescifrables, incluso para los especialistas en cuestiones fiscales, y por filtrar datos numéricos “off the record”. Sobre todo, cuando tanto el Gobierno como el FMI anticiparon que se “recalibrarán” las metas trimestrales del programa, pero no las de todo el año. O sea que, además de camuflar los problemas, no se aclara cómo habrían de resolverse.

El decreto que oficializa la segmentación de subsidios estatales en los ajustes (de 21% y 42%) de las tarifas de electricidad y gas que regirán hasta fin de año, junto con su eliminación para “el 10% de los usuarios con mayor capacidad de pago” en función de sus ingresos y patrimonio, no agrega nada que no se conociera. Excepto la quita gradual en tres bimestres y próxima creación en la Secretaría de Energía del registro (RASE) para aquellos que presenten por declaración jurada su solicitud en formato digital para mantener el subsidio, que será considerado en un plazo de 180 días.

Este mecanismo no sólo revela que ese 10% de usuarios todavía no está identificado, sino que los solicitantes deberán abonar mientras tanto la tarifa plena, con aumentos porcentuales aún no precisados pero que serán de tres dígitos en función del atraso tarifario acumulado en los últimos dos años y medio frente a una inflación acumulada de 150%. El economista Miguel Kiguel recuerda que en el memorándum con el FMI, el ahorro por esta segmentación fue calculado en sólo 0,06% del PBI y resulta una cifra insignificante frente a los subsidios a los precios mayoristas de electricidad y el gas a cargo de Cammesa y Energía Argentina (ex Ieasa) que en el primer cuatrimestre de este año ascendieron a $420.000 millones.

Por su parte, el decreto DNU que actualiza el presupuesto nacional para 2022 increíblemente no precisa a lo largo de sus 18 páginas (de las cuales 11 son considerandos), la proyección total de gastos para este año, que remite a varios anexos con más de 1000 planillas de distintas partidas. En su comunicado oficial, el Ministerio de Economía sólo indicó que el resultado presupuestario es consistente con una proyección de déficit primario base caja del sector público nacional de 2,5% del PBI (como fue acordada con el Fondo, sobre la base de una pauta inflacionaria techo de 48%) y dejó trascender que ahora prevé una inflación de 62% y un crecimiento de 4% del PBI.

Un vistazo rápido por las planillas anexas permite advertir, por ejemplo, que la partida para obras públicas asciende a $13.100 millones (mayormente en obras viales) y es decreciente para 2023 y 2024, mientras el Poder Legislativo tendrá un gasto de casi $5800 millones, de los cuales $5300 millones corresponden a gastos en personal a los que se suman $1650 millones para su biblioteca.

De todos modos, la Argentina es el único país que aumenta el gasto presupuestario por decreto, con lo cual pasa a ser sólo una referencia. También podría convertirse en uno de los pocos países donde se extienden por 50 años los impuestos de asignación específica para organismos estatales, si el Senado aprueba el proyecto de ley con media sanción de Diputados, que acaba de destinarlos, entre otros, al Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, el Incaa, el Enacom, las bibliotecas populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, Radio y Televisión Argentina y la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

Antes de que se conocieran estas medidas, el especialista Alcides Saldivia, de extensa trayectoria en el sector público, propuso una serie de reformas de fondo en materia presupuestaria, entre las que se destacan la modificación de la carta orgánica del BCRA para que solo pueda transferir al Tesoro utilidades liquidas y realizadas, así como el actual sistema de aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de las Empresas del Estado y de los Entes que están fuera del presupuesto (incluyendo a Universidades Nacionales, AFIP y PAMI) para transparentar el destino de sus recursos.

Por Néstor O. Scibona

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