Casi la mitad de las empresas públicas exhiben irregularidades, falta de control o ineficiencias

El presidente Javier Milei y su alegoría de la motosierra llevaron todas las miradas al ajuste. Aplicado esto en el universo de las empresas públicas, la caída de las transferencias del Gobierno concentró casi toda la atención. Pero en relación a su funcionamiento, LA NACION presentó pedidos de acceso a la información pública de todos los reportes del organismo de control, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), sobre las auditorías a las compañías estatales no financieras. De allí se desprende que cerca de la mitad tienen observaciones por presuntas irregularidades, falta de control que permita una satisfactoria fiscalización de fondos o ineficiencia.

Las empresas señaladas son Enarsa, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Nucleoeléctrica, Arsat, Contenidos Públicos, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, INTEA, Polo Tecnológico Constituyentes, Fabricaciones Militares, Fadea y Corredores Viales. Entre ellas predominan las observaciones de la Sigen sobre obras públicas puntuales, contrataciones y compras sin documentación respaldatoria, ociosidad de empleados, deudas no cobradas con entidades del Estado que comprometería la operación de la compañía y la utilización de equipamiento viejo que provocaría riesgos en el servicio brindado.

Esta información está basada en los últimos informes de Sigen, publicados durante 2023, que hacen referencia a 2022. Las auditorías sobre el ejercicio del año pasado aún no fueron publicadas porque el organismo actualmente trabaja en ellas.

La Sigen calificó como “de carácter irregular” la suspensión de obras del Gasoducto NEA. “Fue decidida sin efectuar el análisis pertinente respecto de las consecuencias de la misma”, informó. Además, la auditoría indica que la determinación habría sido comunicada a las firmas contratistas antes de que el Directorio de la compañía haya tomado tal decisión. En ese sentido, afirma haber verificado inconsistencias en la entrega y registro de los bienes en posesión de los contratistas.

Otra auditoría realizada por la Sigen describe “graves deficiencias” en la gestión de documentación de respaldo correspondiente a la obra de Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Pte. Néstor Kirchner y Gdor. Jorge Cepernic. Según el informe, dicha situación “impide conocer la operatoria real de los distintos procesos sustantivos y de apoyo que conforma la ejecución de la obra”. En otras palabras, lo que sostuvo dicho organismo de control es que esto dificultaría conocer el grado de avance del proyecto, que tal como admiten desde Enarsa, ha sufrido marchas y contramarchas.

Sobre estas observaciones, desde la empresa comentaron a LA NACION: “Son materia de revisión. Las irregularidades que se detecten serán llevadas a los ámbitos que corresponda”.

El informe resaltó el desembolso de $101.524.955 en concepto de intereses por retrasos en un pago durante la gestión de Malena Galmarini. “Falta evidencia de un análisis de los motivos que justifiquen las causas por las cuales se han abonado fuera de término”, sostiene la auditoría. Se trata de órdenes de compra correspondientes a obras del Sistema Riachuelo.

Un dossier de la Unidad de Auditoría de la compañía adjudicó dichas demoras a la pandemia. El equipo de prensa de Malena Galmarini convalida esa versión. Pese a esto, el organismo de control no pudo corroborar la existencia de un análisis de los motivos que ocasionaron el pago fuera de término y, en consecuencia, el de esos intereses.

La auditoría resalta la contratación de bienes y servicios bajo la modalidad de pagos sin contrato. Dichas erogaciones alcanzan los $77.798.796,79. “Realizar pagos bajo esta modalidad implica un desvío del procedimiento que debe tener carácter excepcional y debe estar debidamente justificado”, señala el informe. Precisamente, en él se advirtió la falta de justificación técnica sobre la razonabilidad del bien o servicio contratado. Las por entonces autoridades de la empresa no emitieron comentarios ante la consulta de LA NACION.

El informe habla de demoras en las emisiones de órdenes de compra que producen consecuencias adversas como la falta de planificación y de facturación a tiempo. Pero, además, soslaya que otro efecto negativo se refleja en “horas subutilizadas”, que afectan el costo de ventas en $1.576.412.008. “Dicha ociosidad corresponde al costo laboral (horas de trabajo valorizadas) que no fueron asignadas a órdenes productivas, sino a tareas de asistencia al área de producción”, explicó.

Fuentes de la empresa contactadas por LA NACION admitieron una “ralentización de la producción” en relación con la supuesta ociosidad e informaron que la compañía actualmente desarrolla una auditoría para conocer el grado de ejecución de todos sus contratos.

“Se observan omisiones e irregularidades respecto de la operatoria”, describió la Sigen. Sostiene que se habría incumplido el procedimiento establecido por el reglamento de compras y contrataciones de la compañía. “No se pudo constatar el reintegro por parte del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos a RTA SE por la suma total de $7.323.666, correspondientes a las órdenes de pago objeto de la presente auditoría.”, indicó.

La por entonces presidenta de la empresa, Rosario Lufrano, remitió documentación a LA NACION que muestra que dicha observación hace referencia a la gestión anterior. De todos modos, hasta el último informe de la Sigen, esa deuda continuaba sin ser cobrada, o dicho de otro modo, la empresa seguía sin contar con ese dinero.

Otro antecedente es el hallazgo de un bolso con $4 millones en la TV Pública, que motivó la presentación de una denuncia por parte de Lufrano por “irregularidades” detectadas en la extracción de dinero de una cuenta del organismo.

Las observaciones más relevantes de la Sigen se centran en la Cuarta Central Nuclear Argentina, también conocida como Atucha III. El informe detalla que “el presidente de NASA [Nucleoeléctrica] firmó un contrato con la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC)” antes de que fuera tratado y aprobado en el Directorio de la empresa. Incluso, agrega que la Comisión Fiscalizadora habría tomado conocimiento del convenio con el gobierno chino “a través de los medios de comunicación” sin haber recibido documentación ni antecedentes sobre el contrato.

Pese a esto, la empresa explicó a LA NACION que el contrato “está correctamente aprobado” y no tiene constancia de lo detallado por la Sigen.

El apartado que analiza los estados contables de la empresa incluyó un párrafo que sostiene: “No se ha podido corroborar la existencia de $32.181.266.- (un 1,89% de los activos totales de la entidad)”. A su vez, informó que la compañía no habría tomado inventario físico de sus bienes, que a fin de año contabilizarían $187.380.266. El faltante de los más de $32 millones se explica a raíz de que la auditoría pudo verificar la existencia de activos por un monto de $155.198.980. LA NACION consultó al equipo de prensa de INTEA pero no obtuvo respuesta.

En este caso, la auditoría remarcó una conducta llamativa de las autoridades de las empresas ferroviarias. “La participación en los Directorios por parte de los directores titulares pertenecientes a las compañías controladas se ve habitualmente delegada a sus suplentes”. Las empresas aludidas son Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Operador Ferroviario y Belgrano Cargas.

La empresa auditada respondió, ante la consulta de LA NACION, que no hará comentarios al respecto.

La Sigen describió riesgos operativos y financieros en la empresa dedicada a tecnología satelital. Según muestra la auditoría, entre distintas dependencias del Estado le deben a la compañía $31.116 millones. El exministerio de Educación y Jefatura de Gabinete son las dos áreas qué más dinero deberían abonarle a ARSAT.

Ante la consulta de LA NACION, desde la empresa admitieron “el gran descalabro económico” y detallaron que trabajan para ordenar la documentación y los presupuestos respaldatorios.

Las dificultades en los controles es el principal señalamiento que surge del informe de la Sigen. La auditoría advierte sobre presuntas ineficiencias en la descripción de las metas cuantificables de la empresa. Esto limitaría “la potencialidad de analizar ejecución presupuestaria [y] magnitud de los desvíos”, explica.

La actual gestión de la empresa le informó a LA NACION que “no tiene sistema contable presupuestario ni de control interno” y que “el único balance que existe data de 2019″.

Esta compañía presta servicios de rampa en aeropuertos. El trabajo de Sigen afirma que “se detectó equipamiento de rampa que no reúne medidas de seguridad” para la operación del servicio. Incluso, detalla que la maquinaria tiene una antigüedad superior a 20 años. Fuentes del sector aclararon que se invirtió en equipamientos nuevos y negaron que exista riesgo en la seguridad operacional del serivicio.

Las observaciones por deficiencias en la fiscalización se repiten en el caso de Corredores Viales. Sin mencionar ningún perjuicio específico, la auditoría expuso que detectó “debilidades en el sistema de control interno, específicamente con relación a los circuitos de compras y contrataciones”.

Al respecto, la empresa sostiene que actualmente elabora un nuevo “Manual de Compras y Contrataciones”, ajustado a las normas de control.

El informe de la Sigen explica que si bien la empresa no posee un capital cuantioso, administra millones de pesos del Estado en proyectos vinculados con la ciencia y la tecnología. En ese sentido, el informe reitera la falta de mecanismos de control que “permitan atender posibles desvíos”.

De las empresas recientemente mencionadas, el proyecto de Ley de Bases contiene a Enarsa, Intercargo y RTA en el listado de privatizables. En el grupo de las compañías con posibilidad de otorgar concesiones se encuentran Aysa y Corredores Viales.

Por Ignacio Grimaldi

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