Cavallo versus Cavallo

"El presupuesto consolidado de la Nación, las provincias y la Municipalidad de Buenos Aires ... no debe superar los 20 mil millones de dólares constantes de 1983. El crecimiento de año en año no debería exceder al de la economía en su conjunto." Esto lo dice Domingo Cavallo en su libro "Volver a crecer". Luego explica: "El gasto público en términos de dólares o, eventualmente, en términos de una canasta de monedas importantes en nuestro comercio exterior, y no como porcentaje del producto, es la medida relevante para dimensionar al sector público".

En su libro Cavallo explicó la metodología para hacer las comparaciones, que hemos seguido, con el resultado del gráfico adjunto.

Dejemos que Cavallo nos dé su apreciación, según la página 71 del libro , en la que comenta las consecuencias de superar los límites de U$S 20.000 millones constantes de 1983: "La experiencia demuestra que cuando se exceden estos niveles de gasto público, el crecimiento de la economía comienza a verse trabado por la emergencia de la crisis de pagos al exterior y desequilibrios fiscales en aumento".

En la página 168 , se aclara: "...pero, ¿cuál es el significado económico del gasto público en dólares? El gasto público en dólares es una medida de la presión fiscal que el Gobierno impone sobre el capital y el trabajo dedicados a la producción de bienes y servicios cuyos precios están directa o indirectamente atados al valor del dólar, como son los bienes de exportación y los bienes competitivos con importaciones".

Tenemos la convicción de que Cavallo trató de frenar el gasto público, pero no lo logró, por un sinnúmero de razones: oposición del Congreso, necesidades o negociaciones políticas, salvavidas a gobernadores amigos, y muchas otras presiones. "Nunca ha sido mi posición juzgar el pasado. Me interesan las soluciones conducentes, que atacan el problema de raíz y definitivamente. Pero tampoco me gustaría que siguiéramos escapándole a la realidad para adelante, y decir que está todo bien cuando se ha desviado bastante del modelo que esbozamos en 1989. "Siempre hemos tenido cierto exceso de gasto público sobre el límite deseable, excepto en 1989, donde fue un 16% menor que el techo." Pregunta: ¿Cuánto podríamos haber gastado en 1996, sin pasarnos del límite de Cavallo? Respuesta: 39.800 millones de dólares corrientes.

Pregunta: ¿ Cuánto gastamos? Respuesta: 67.255 millones de dólares corrientes, o sea un 69% de más. Si sumamos a esta cifra los intereses de la deuda pública nacional y provincial y los gastos de las municipalidades del interior, habría que agregar unos 12.000 millones más o sea que el gasto público consolidado es de unos 80.000 millones de dólares en 1996. Lo que suele aparecer como Presupuesto Nacional, de alrededor de 40.000 millones, es una cifra parcial.

Cavallo también nos da la solución (pág. 172) para el caso de que el gasto público traspase el límite sustentable -solución que comparto-: "La solución genuina del problema creado por un muy elevado nivel del gasto público en dólares es, sencillamente, bajarlo al nivel soportable para la economía, sea por el recorte de los gastos en pesos o por la elevación del tipo de cambio". Y concluye: "Eso es lo que en definitiva hace el ajuste fiscal y cambiario que, muchas veces independientemente de la voluntad de las mismas autoridades económicas, necesariamente debe seguir a las crisis del sector externo que emergen como consecuencia del intento de imponer un nivel demasiado alto de presión fiscal sobre la producción de bienes y servicios comercializables internacionalmente, es decir, un nivel demasiado elevado de gasto público en dólares".

Hay algunos economistas que piensan que bajar ahora el gasto público sería postergar la reactivación, lo cual puede ser cierto. También lo es querer cerrar el déficit aumentando los impuestos, y además no arregla el problema, que es de exceso en el gasto público.

De todas maneras, lo primero sería reafirmar que el desvío será corregido y que se va a reducir sin contemplaciones el gasto nominal consolidado de 1997 en 10/15% y lo que reste para volver a los sanos niveles se completaría en 1998 y 1999. Esto permitiría bajar realmente el riesgo país y provocaría una corriente favorable de inversiones. Sería la primera vez que ocurre una reducción nominal importante del gasto público en la Argentina, lo que ya indica que sus perspectivas son difíciles. Un funcionario del Gobierno acaba de decir en La Nación, de hace 3 o 4 domingos, que cuando daba clases le parecía que bajar el gasto era lo que había que hacer. Pero ahora que está en la función pública, se da cuenta de que es imposible. Pero, ¿qué quedaría de la función de un ministro de Economía si de entrada ya se resignara a no bajar el gasto, lo que en la práctica podría implicar aumentarlo dadas las presiones de los políticos para gastar más? No tendría función un ministro que no se ocupara del nivel del gasto, que no pudiera frenarlo. Aun sería con el tiempo juzgado muy mal por la historia si vendiera los activos fijos -las empresas del Estado- para pagar gastos corrientes, salarios, o endeudar más al país para escapar para adelante.

Tampoco parece posible mantener este nivel de gasto público excesivo, aumentando las alícuotas impositivas como pasó con el IVA que creció del 13,6% en 1989/90, al 16 y 18% en 1991 y al 21% en 1996, y la del Impuesto a las Ganancias del 20% en 1989 al 30% a partir de 1991, y ahora con Roque Fernández al 33/35%, además de crear más impuestos. No podemos seguir ensayando remedios equivocados, pues es otra la enfermedad, y además el 17% de desempleados no puede esperar más. La política del 1989 fue la de jerarquizar a la DGI, incluso hasta el nivel de programar su traslado a Plaza de Mayo -como efectivamente ocurrió- para que todos los argentinos se den cuenta que pagar impuestos es tan importante como conservar el valor de la moneda; en realidad es la misma cosa. La DGI debe tener un directorio independiente del poder político, como definimos en 1989, en la Ley de Emergencia Económica para el Banco Central.

La DGI debe recaudar para pagar un gasto equivalente de U$S 20.000 millones de 1983 y a partir de allí debe defender al contribuyente.

Si el poder político quiere gastar en un rubro que implique un total superior a U$S 20.000 millones de 1983, debería indicar, no qué impuesto se debe aumentar, sino qué reducción del gasto se va hacer en otras cosas, para mantenerse en ese límite. La fijación del límite puede ser discutible pero el número de Cavallo está bien.

Además, no se puede estar cambiando todos los días los impuestos. Los empresarios toman muchas decisiones de inversión de largo plazo según la estructura impositiva, la que puede cambiar, eventualmente, como puede corregirse la línea de navegación de un transatlántico, es decir, imperceptiblemente, y no como la de una pequeña embarcación de río. El Gobierno debe modificar su estructura con vistas a la globalización, a la instantaneidad de las decisiones, a la flexibilidad en la implementación de medidas. Ya se reciben informes de otros países, aclarando que en ellos, las plantas llave en mano pagan 0 de impuestos, cuando nosotros acabamos de inventar el 14% y esto lo hemos tenido que poner para financiar un gasto público desbordado. Frente al tercer milenio, la reducción del gasto público consolidado es una necesidad estructural y no sólo de corto plazo. No equivoquemos el camino, no hay forma genuina de financiar ese gasto aumentando los impuestos o, lo que sería aún más temerario, seguir aumentando la deuda para pagar el incremento del gasto corriente.

(*) Ex viceministro de Economía en 1989.

Por Orlando J. Ferreres

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