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Cinco propuestas de cambios básicos para mejorar el proyecto de ley ómnibus
El gobierno de Javier Milei plantea acertadamente la necesidad de cambios legales profundos en un país que sufre una larga decadencia; en materia previsional, impositiva y de distribución de funciones estatales hay aspectos de la iniciativa que podrían modificarse
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Diputada nacionalAlejandra Torres
El Gobierno, a pesar de exageraciones, plantea con acierto la necesidad de cambios legales profundos ante la larga decadencia argentina originada por décadas de malas políticas públicas.
En este aspecto, la ley ómnibus parte de un diagnóstico bastante correcto, pero lo hace en un contexto político muy complejo. Esto agudiza la necesidad de desplegar serenidad, autocrítica y actitud constructiva por parte de los legisladores.
Estoy convencida de que es necesario priorizar temas medulares, y aceptar que quedarán muchos aspectos a mejorar en el futuro. En otras palabras, concentrarse en la emergencia, privilegiar la consistencia de los cambios y prever que los desafíos no se agotan con la sanción de esta ley.
Bajo esta lógica, planteo la necesidad de introducir cinco cambios básicos al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Movilidad de las jubilaciones
Se ha vuelto un clásico que los gobiernos busquen bajar el déficit fiscal cambiando la movilidad previsional. La razón, seguramente, es que las jubilaciones constituyen el principal componente del gasto público nacional.
El proyecto repite la misma estrategia, al proponer derogar la norma actual de actualización de jubilaciones y establecer aumentos temporales discrecionales. Pero, además, postula delegar al Poder Ejecutivo la facultad de regular la nueva fórmula. Esta inédita doble delegación es cuestionable desde lo legal, lo ético, lo social y lo financiero.
“A pesar de exageraciones, el Gobierno plantea con acierto la necesidad de cambios legales profundos antes la larga decadencia argentina originada por décadas de malas políticas públicas”
Seguramente llevará a agravar el deterioro de los haberes y colisionará con fallos de la Corte, que expresamente establecen que es el Congreso el responsable de regular la actualización de jubilaciones. No es una manera genuina de bajar el gasto, porque los juicios implican erogaciones futuras.
Los legisladores debemos evitar repetir los mismos errores que hubo en el pasado. Un esquema simple y consistente es establecer por ley que la Anses actualice las jubilaciones según la inflación. Esto le dará estabilidad a los ingresos de los jubilados y previsibilidad a las cuentas públicas. Así se puede allanar el camino para lo más importante: el ordenamiento integral del sistema previsional.
Fondo de garantía previsional
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) fue creado en 2008 para asegurar futuros pagos de jubilaciones. En la práctica, ha sido utilizado para financiar al Estado. Reflejo de esto es que la tenencia de títulos de deuda estatal hoy llega al 70% de las inversiones.
“La ley debería establecer expresamente que en el proceso de liquidación de los activos del FGS lo primero que hay que hacer es cancelar las deudas de la Anses”
La ley ómnibus propone transferir los activos al Tesoro Nacional.
El objetivo declarado es mejorar la gestión contable. Sincerar la situación en la que el Estado es acreedor y deudor de sí mismo. Aun aceptando estos argumentos la prioridad en la liquidación de estos activos tiene que ser cancelar los pasivos de la Anses con jubilados y con provincias que gestionan la previsión social de sus empleados. La ley debería establecer expresamente que en el proceso de liquidación de los activos del FGS lo primero que hay que hacer es cancelar las deudas de la Anses.
Retenciones bancarias
El sistema tributario argentino presenta distorsiones significativas, debido a los regímenes de pago anticipado del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Esto incentiva el uso de dinero en efectivo y promueve la evasión. La ley ómnibus propone eximir de retenciones bancarias a los contribuyentes más pequeños. La propuesta es de alcance limitado, ya que en su mayoría los contribuyentes seguirán sujetos a este perverso mecanismo.
Además, seguramente habrá resistencia por parte de las provincias que dependen de estas retenciones, ya que, en promedio, aportan el 36% de la recaudación de este impuesto.
El Congreso tiene la oportunidad de hacer un aporte más ambicioso, prohibiendo expresamente las retenciones bancarias. Esto produciría un gran alivio financiero y administrativo para todos los contribuyentes. Pero existe resistencia por parte de las provincias, que sienten que sus ingresos están en riesgo.
“Es desafiante abrir el debate sobre transformaciones estratégicas, como el ordenamiento de los sistemas previsional y tributario”
Paralelamente a la eliminación de las retenciones bancarias, la ley debería establecer que la AFIP esté obligada a celebrar convenios para integrar la recaudación del IVA con la de Ingresos Brutos y con la de tasas municipales. Esto, con la universalización del uso del dinero digital, permitirá sostener los ingresos sobre la base de la ampliación de la base imponible.
Retenciones a exportaciones
El proyecto agrega distorsiones, al aumentar a 15% la tasa de derechos de exportación. Es algo que va en contra del espíritu de la ley. No solo porque perjudica la producción, sino también porque contradice la idea de incentivar las exportaciones y la intención de mejorar las cuentas públicas y la balanza de pagos.
Como legisladores, la responsabilidad es corregir este error. No caer en la incoherencia de tomar medidas que castigan la producción. Las normativas adecuadas sobre estos temas, así como la universalización de los pagos digitales para luchar contra la evasión, son el camino genuino para equilibrar de manera sostenible las finanzas públicas.
Transferencias a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires
El proyecto contempla disposiciones que van en contra del régimen federal. Por ejemplo, mantener en la órbita nacional las concesiones de distribución eléctrica (Edenor y Edesur), la propiedad de AySA, el Ente Nacional de Regulación Eléctrica y la Inspección General de Justicia. La transferencia de estos servicios públicos a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires es imprescindible para corregir asimetrías con el resto del país.
Y después, ¿qué?
La aprobación de la ley, corrigiendo sus principales debilidades, es una respuesta responsable del Congreso frente a los planteos del Gobierno. Sin embargo, queda para el futuro próximo continuar trabajando para seguir corrigiendo muchos aspectos perfectibles de su articulado.
Aún más desafiante es abrir el debate para transformaciones estratégicas que la ley ómnibus no contempla y que son imprescindibles. Entre las más importantes está el ordenamiento de los sistemas previsional y tributario, incluyendo el régimen de coparticipación federal.
(*) La autora es diputada nacional (Hacemos Coalición Federal - Córdoba)
Tipo de trabajo:análisis
