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Entre la legitimidad y las barreras
Más allá de discutir sobre el proteccionismo de los índices de sustentabilidad, el país debe avanzar en esa agenda
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El sector de biodiésel se ha mostrado como uno de los más dinámicos de la economía argentina en el último lustro. Nuestro país es el primer exportador mundial, y mantiene esta posición incrementando sus ventas externas, al mismo tiempo que abastece a un mercado local que se ha expandido considerablemente.
La competitividad del sector de biodiésel argentino resulta de una conjunción de elementos, entre los cuales sobresalen la alta eficiencia, la productividad y la continuidad de inversiones en capacidad de procesamiento de la cadena de aceite de soja, las políticas públicas favorables al sector y una creciente demanda mundial.
En efecto, una treintena de países ha implementado en la última década políticas específicas para fomentar el uso de biocombustibles, en una apuesta para contribuir a diversificar la matriz energética y lograr algún grado de sustitución de los combustibles fósiles. Sin embargo, sólo un puñado de países está en condiciones de abastecerse localmente en la cantidad necesaria.
La notoria expansión de esta industria y de sus flujos de comercio a nivel global ha motivado el surgimiento de voces de alerta en torno a la sostenibilidad del sector, el cual emplea crecientes cantidades de materias primas agrícolas.
Si bien es indudable que esto se enmarca en una preocupación general por propender a un desarrollo productivo global más sostenible social y ambientalmente, resulta de interés observar que este debate fue iniciado en las economías maduras y que está algo sesgado a percibir como "no sostenible" a la agricultura de países como el nuestro, que se caracterizan por una alta competitividad y eficiencia.
El debate internacional sobre la sostenibilidad de los biocombustibles gira en torno de dos temas sensibles para los países desarrollados: las emisiones adicionales de gases de efecto invernadero relacionadas con el cultivo de las materias primas; y el impacto negativo que el aumento en la producción de biocombustibles obtenidos sobre la base de cultivos alimenticios (maíz, soja, caña de azúcar, etcétera) puede ocasionar sobre la disponibilidad y los precios de los alimentos.
Crisis y proteccionismo
En el marco de la última crisis económica internacional, con epicentro en los países centrales (muchos de ellos, importadores de biocombustibles), se han generado presiones proteccionistas.
Como resultado de estas tendencias, los exportadores argentinos enfrentan en sus principales mercados (fundamentalmente europeos) regulaciones que establecen requisitos de medición de indicadores ambientales, así como la exigencia de probar su cumplimiento a través de esquemas de certificación reconocidos (por ejemplo, la UE reconoce el sistema alemán ISCC –International Sustainability and Carbon Certification– y el sistema internacional RSB –Roundtable on Sustainable Biofuels–, que ha recibido apoyo de WWF y IUCN).
Sobre este complejo escenario han surgido iniciativas internacionales tendientes a promover la medición de indicadores de sostenibilidad clave en cada país. Por ejemplo, en 2006 y con el auspicio de FAO, se creó la Global Bioenergy Partnership (GBEP), conformada por 46 países (entre ellos, la Argentina) y 24 organismos internacionales. La GBEP logró alcanzar recientemente un consenso en relación con 24 indicadores vinculados con la sostenibilidad ambiental, económica y social del sector.
En un estudio del Centro de Ideas de la Unsam (con el financiamiento del Fondo de Prosperidad para América Latina de la cancillería del Reino Unido) se analizaron el rol y la relevancia local de la medición de indicadores de sostenibilidad como los propuestos por GBEP, procurando dilucidar si éstos pueden contribuir o no a reducir la discrecionalidad en relación con los requisitos que establecen los mercados de exportación para los biocombustibles argentinos.
A este respecto, desde el sector público se percibe que la GBEP ofrece un paso hacia el logro de criterios consensuados, razonables y consistentes, que permitan dar más certidumbre al proceso. Por el contrario, algunos referentes del sector privado manifiestan su desconfianza, en vistas de que los sistemas de certificación y los indicadores exigen "probar" la sostenibilidad de la cadena de producción, bajo sospecha de incumplimiento. En lugar de constituir un modo de obtener un "sello ecológico" que permita acceder a un nicho de mercado o a un precio más elevado, parecen constituir intentos de generar sobrecostos que contribuyan a la preservación de sus mercados domésticos. Sobrecostos que no serían reconocidos ni validados por los precios de mercado.
Más allá de estas controversias, es indudable que las crecientes demandas relacionadas con la sostenibilidad de biocombustibles "han llegado para quedarse".
Al respecto, creemos que la Argentina debe enfrentarlas avanzando en mediciones robustas de los indicadores GBEP más relevantes para el país, continuando su participación en las negociaciones internacionales relacionadas, consolidando el eje Mercosur como defensor de los intereses comunes frente a requisitos de terceros países, fortaleciendo el trabajo conjunto público y privado en relación con los temas clave de sostenibilidad ambiental, social y económica del sector. Estos puntos aparecen necesarios en una agenda de trabajo del sector de biocombustibles de cara al futuro.
Si, por el contrario, la estrategia se centra en continuar discutiendo la validez y/o legitimidad de los requisitos internacionales sin avanzar en la agenda recién mencionada, se puede llegar a poner en riesgo el dinamismo futuro de este pujante sector en el país.
Martina Chidiak y Ricardo Rozemberg
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