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Exportaciones sin red
Las ventas de pescado a otros mercados son récord pero el recurso se deteriora; crecen los reclamos por la reglamentación de la ley de pesca en el país.
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Mientras las exportaciones de pescado acusan cifras por demás alentadoras, el recurso se acaba. Hoy, todas las especies de valor comercial están en su nivel de captura máxima y la merluza hubssi -que representa el 60 por ciento de las capturas totales- está sobreexplotada.
Para poder salvar la situación y seguir generando ganancias que orillan e, incluso, superan los 1000 millones al año por ventas externas, el 6 de enero de 1998, y después de 25 años de vanos intentos, se sancionó la ley Nº 24.922 de pesca.
La norma creó el Consejo Federal Pesquero, integrado por diez representantes (cinco nacionales y uno por cada una de las provincias que posee litoral marítimo) que, a su vez, votó una serie de medidas bastante restrictivas tendientes a proteger el recurso. Estas disposiciones implican vedas, función de los barcos pesqueros, áreas para los distintos tipos de buques con ciertas características según la posibilidad que tienen de procesar o no en tierra, y el compromiso asumido en cuanto al desarrollo pesquero argentino.
Pero la situación parece no estar del todo clara, y hay una gran ansiedad por parte de las empresas en que se reglamente y ponga en marcha la nueva normativa.
"La incertidumbre de cómo se puede trabajar crea un problema crítico", afirmó a La Nación el presidente de la Cámara de Armadores, Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), Daniel Badens.
Por su parte, el jefe de gabinete de asesores de la Subsecretaría de Pesca, Enrique Mizrahi, dijo que se está trabajando para dar un contexto adecuado de aplicación. "Estamos haciendo estudios técnicos para compatibilizar la necesidad con la visión estratégica de desarrollo pesquero que el país quiere", señaló, y no dudó en afirmar que la industria argentina del pescado atraviesa una crisis profunda que lleva a tomar acciones "para evitar el colapso".
El Gobierno trabaja en tres frentes: la creación de medidas de emergencia que permitan un equilibrio entre las necesidades del recurso y las económicas; la integración a un sistema como el que plantea la ley; y el ajuste que deberán realizar los distintos operadores de pesca en las dimensiones de sus flotas. Para lograrlo, durante las primeras semanas de diciembre último, visitó la Argentina una misión del Banco Mundial (BM) para resolver la posibilidad de otorgar un crédito. El objetivo sería que el préstamo opere como contención a la hora de paliar los efectos acarreados por la disminución de la cuota de pesca.
El exceso en la pesca podría perjudicar la exportación
Hay demasiados buques y muchos años de actividad irrestricta; de instrumentarse las cuotas de captura, varias empresas quedarán afuera.
Las exportaciones argentinas de pescado, que le han dejado al país más ganancias que las de las tradicionales carnes rojas, parecen estar atravesando por aguas turbulentas.
De los 250 millones de dólares exportados en 1987, la industria pesquera argentina pasó a vender por más de 1200 millones en 1997 y el volumen que se dirigió a otros mercados creció cinco veces en los últimos años. Pero la pesca irrestrica, que provocó que todas las especies de valor comercial estén en su nivel de captura máxima permisible (CMP), hace tambalear la exportación del producto nacional. Un dato concreto lo refleja: las obtenciones finales de la merluza hubssi -principal especie comercial de la Argentina- en 1998 ascendieron a 410.000 toneladas, cuando el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) había determinado como tope 280.000 toneladas.
Vacío legal
En enero del último año el Poder Ejecutivo promulgó el Régimen Federal de Pesca con la sanción de la ley de pesca (Nº 24.922), después de 25 años de idas y venidas, y mostró el vacío legal existente en el tema.
Una de las innovaciones introducidas por la ley fue la creación del Consejo Federal Pesquero, integrado por diez representantes (cinco nacionales y uno por cada una de las provincias que posee litoral marítimo), que tendrá a su cargo la responsabilidad de reglamentar la ley.
Pero a medida que pasa el tiempo, aumenta el desconcierto de los empresarios. "La incertidumbre de cómo se puede trabajar crea un problema crítico en las empresas", afirmó a La Nación el presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), Daniel Badens.
La introducción en la ley de pesca del sistema de cuotificación establece un margen máximo de captura permisible (CMP) para cada buque, de acuerdo con la especie que se desee pescar. "Esto va a llevar -aseguró Badens- a que la sobreexplotación, con el tiempo, disminuya y que el caladero se recupere." Para esto último se estima un lapso de entre uno y tres años, según afirman los biólogos.
Pero las cuotas establecidas a las distintas especies para eliminar la sobrepesca causada por el exceso de buques y muchos años de actividad irrestricta acarrearían también serios desarreglos en las economías de las empresas pesqueras. "La cuotificación va a implicar una reducción de esfuerzo, un redimensionamiento de la flota y una disminución a mediano plazo de buques -sostuvo Badens-. Esto va a influir en la continuidad de más de una firma".
Tres años atrás, Capeca había solicitado que no se otorgaran más pedidos de pesca "de ninguna especie y bajo ningún concepto" y que, dado el sobredimensionamiento de la flota actual, los permisos de pesca nacionales deberían permitir la salida de barcos fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina a pescar en alta mar para disminuir el esfuerzo en aguas territoriales. También advirtió que el charteo de barcos dedicados a la captura de calamar no tenía razón de ser ante la situación del caladero y debido a que la flota nacional tenía suficiente capacidad.
La Patagonia dice presente
Respecto del desarrollo y crecimiento en importancia de esta industria, mucho se debe a la Patagonia. Del total de toneladas capturadas en 1997, el 60 por ciento fue desembarcado en puertos de esa región.
Puerto Madryn logró posicionarse como segundo puerto pesquero de la Argentina con el 25 por ciento del total desembarcado.
Mar del Plata, por su parte, pierde la categoría de Ciudad Feliz cuando de pesca se trata. Del 72 por ciento que tenía hace diez años sólo conserva poco más del treinta. Sin embargo, sigue siendo el puerto pesquero de mayor importancia.
"En este caso es necesario una clara vocación política para revertir la situación", remarcó el presidente de Capeca. Sin duda, la radicación en puertos patagónicos fue impulsada por la falta de infraestructura de los tradicionales como el de Mar del Plata, Quequén o Bahía Blanca.
El impacto que acarrean las nuevas medidas resulta difícil de evaluar en los puertos del Sur, en un país como la Argentina, con una pesca multifacética.
Mar del Plata deberá enfrentar los cambios llevando a cuestas el marcado deterioro, en tanto que a terminales como Puerto Madryn o Comodoro Rivadavia, que tienen un esquema mixto, les serán favorables a la hora de compensar los límites impuestos para la pesca. Uno de los casos preocupantes es el de Puerto Deseado, que triplicó su población basándose casi por entero en la actividad pesquera.
Si bien la cercanía a los puntos de captura es un hecho favorable a los puertos del Sur, desde los insumos hasta las tripulaciones se encarecen en el sector patagónico. "En la medida en que no se subsidie o se premie al que hace un esfuerzo para invertir en la Patagonia, el destino es un tanto incierto", expresó Badens.
El reclamo se repite en cuanto a la competencia de los productos argentinos en el extranjero. "No hay una política que genere beneficios a quienes están intentando tecnificarse en esta industria", explicó el directivo.
"Me refiero a aranceles de importación de maquinaria o préstamos subsidiados. Eso hace que la industria pesquera argentina se encuentre en franca desigualdad con la industria pesquera de otros países", aclaró.
La relación con la UE
La reciente negativa del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Gumersindo Alonso, de continuar con el acuerdo de pesca vigente con la Unión Europea y la decisión de elaborar uno nuevo para marzo demuestra que la situación del recurso es preocupante. Por este convenio se establecía el ingreso a la flota pesquera nacional de buques de la Comunidad, por medio de radicaciones, sociedades mixtas o asociaciones temporales, reemplazando buques argentinos que transferirían sus permisos de pesca (hasta 120.000 toneladas de merluza hubssi, 50.000 toneladas de merluza cola, 30.000 de calamar y 50.000 de bacalao criollo y/o granadero).
El caladero parece no tener ninguna relación con el que existía hace cinco años, cuando se firmó el compromiso con los europeos. Por eso es que ahora se dejaría de lado el apéndice que permite constituir empresas mixtas y asociaciones temporales entre firmas de las dos regiones.
El auxilio del BM
Los efectos de la imposición de una cuota máxima de captura dependerán de su capitalización y de la situación de los puertos en los que se opere. El Gobierno trabaja en la creación de medidas de emergencia que permitan un equilibrio entre las necesidades del recurso y las económicas;en la integración a un sistema como el que plantea la ley, y en el ajuste que deberán realizar los operadores en el tamaño de sus flotas.
Los vaivenes económicos que esto genere requieren un empujón en idioma extranjero. Durante las primeras semanas de diciembre estuvo en la Argentina una misión del Banco Mundial (BM) para analizar el otorgamiento de un crédito destinado a la contención social para paliar los efectos acarreados por la disminución de la cuota.
La subsecretaría de Pesca se mostró optimista ante esa posibilidad, ya que la situación no sólo involucra a los buques que caerán en desuso sino a ciudades enteras, como Puerto Madryn y Mar del Plata. "Mucha gente, empresas y recursos económicos y sociales van a restringirse", advirtió el jefe de gabinete de asesores del organismo, Enrique Mizrahi.
