Un cambio necesario

A principios del primer gobierno de Carlos Menem, en 1989, los operadores de cambio vivimos una experiencia única cuando por primera vez en la historia pudimos trabajar en un mercado de cambios totalmente libre.

El 18 de diciembre de 1989 el ministro de Economía, Antonio Herman González, anunció la decisión de disponer el funcionamiento de un mercado de cambios en el que se operaría sin restricciones, eliminándose todas las regulaciones a la compra y venta de monedas extranjeras. El Estado no intervendría en el mercado de futuros y el sector público debería actuar como un agente más. Se liberaron los precios, se respetaron los plazos fijos, no se modificaron las tarifas de los servicios públicos y se bajaron las retenciones al agro.

Mientras duró esta situación, quienes teníamos la responsabilidad de conducir las mesas de cambio y a sus operadores en los bancos nos vimos obligados a trabajar en un escenario casi desconocido y bajo nuevas modalidades operativas.

No obstante, no tardamos en adecuarnos al nuevo sistema y el mercado pudo mostrar así, antes de lo esperado, condiciones de amplitud y profundidad inusitadas. Al mismo tiempo, la economía comenzaba a funcionar en plenitud y el Banco Central ponía en funcionamiento una moderna y eficaz política monetaria para asegurar el equilibrio.

Pero lamentablemente, y debido a circunstancias especiales de ese momento, todo terminó abruptamente en abril de 1991 con la sanción de la ley de convertibilidad, que estableció un tipo de cambio fijo del peso/dólar en paridad de 1 a 1. Todo cambió nuevamente, aunque algo positivo se pudo mantener: la plena libertad cambiaria.

Este sistema perduró casi diez años, perdiéndose la oportunidad de derogarlo en 1997, cuando la economía argentina vivía su mejor momento histórico. Ese error se pagó muy caro en 2001, cuando una nueva y profunda crisis acabó con el gobierno de Fernando de la Rúa, y con el ya tristemente célebre 1 a 1 con el dólar.

Mercado único y libre

Finalmente, el 11 de febrero de 2002, bajo el gobierno provisional de Eduardo Duhalde, nace el "mercado único y libre de cambios" que, en realidad, no fue ni lo uno ni lo otro, porque al mismo tiempo se dispuso un fuerte control de las operaciones cambiarias.

Las transacciones debían ser personalizadas y registradas, realizadas sólo a través de las entidades bancarias, con contrapartidas en pesos acreditados y debitados en cuentas corrientes en bancos.

Sin embargo, en el decreto respectivo se destacaba que "el tipo de cambio resultaría de la acción de la oferta y la demanda". Pero esta afirmación, que constituía el fundamento más importante del nuevo mercado, nunca se cumplió.

La política cambiaria que rigió durante la presidencia de Néstor Kirchner, si bien no respondió a un plan preestablecido, se basó en un tipo de cambio "lo más alto posible", firmemente "manejado" por el Banco Central, mediante una activa intervención en el mercado. El objetivo era poner un freno a las importaciones y recaudar más a través de las fuertes retenciones a las exportaciones, llegando a ser nuestro peso la moneda más devaluada del mundo durante casi todo ese período.

Este esquema operativo pudo mantenerse inamovible durante los últimos años, incluso a pesar de la crisis del campo en 2008, aunque durante la primera presidencia de Cristina Fernández comenzó a perder eficacia y prácticamente fue obstaculizado por el importante aumento de la presión inflacionaria, que el Gobierno nunca convalidó.

El superávit fiscal se perdió a fines de 2009, cuando el gasto desbordaba y se incrementaban los subsidios para compensar congelamientos de precios y tarifas. El saldo de la balanza comercial comenzó a reducirse rápidamente por el aumento de las importaciones y la salida de divisas del país y el Indec comenzó a informar un índice de inflación falso.

Reapareció el déficit fiscal y se financió con expansión monetaria, aunque ello se trató de ocultar. La inversión extranjera directa se redujo fuertemente y la salida de capitales tuvo un aumento exponencial. Además ha habido un exiguo desarrollo de la infraestructura y de la capacidad industrial y la Argentina empezó a importar energía a muy alto costo.

El nivel del riesgo se mantuvo alto por la elevada corrupción, así como también por las permanentes acciones oficiales que no respetaron elementales reglas del juego ni acuerdos internacionales. Asimismo, todavía siguen pendientes de solución diversas controversias originadas en el default declarado a fines de 2001 y también con los países del Mercosur, la Unión Europea y los Estados Unidos por las medidas adoptadas para restringir las compras en el exterior.

Corralito cambiario

Pero como si aquella sintética enumeración de los problemas que seguimos padeciendo fuera poco, a fines del año pasado, cuando reaparecieron nuevas dudas sobre el futuro de la economía argentina, el Gobierno impuso el "corralito cambiario" para frenar la huida de capitales y demorar el pago de las importaciones. Consecuentemente, las reservas del Banco Central cayeron fuertemente por la salida de capitales y el pago de deuda externa, mientras el peso/dólar vuelve a la paridad de uno por uno, al haberse ya evaporado la maxidevaluación que siguió a la crisis del 2001.

Conclusión: la política cambiaria impuesta por el gobierno de Kirchner, primero, y Cristina Fernández, después, muestra un evidente fracaso que obliga a pensar seriamente en un cambio necesario y definitivo en el mediano plazo.

Y lógicamente, lo que habría que hacer es sumar a la Argentina al mundo civilizado, que hace cuarenta años se convenció de que lo mejor no era sostener políticas cambiarias sino vigilar y orientar los problemas monetarios y, consecuentemente, poner los precios de las divisas en manos de la oferta y la demanda, dejando abierta la posibilidad de que los bancos centrales puedan intervenir sólo cuando los desequilibrios fueran producto de causas que no tuvieran que ver con los fundamentos de la economía.

Educar al ciudadano

Al mismo tiempo, y en un escenario en el que reine la credibilidad y la confianza, habría que llevar a cabo una importante tarea educativa para que la ciudadanía en general conozca y entienda cómo funciona el sistema de flotación administrada con reglas claras y precisas. Asimismo, debe quedar muy claro que dentro de su libertad de reacción los tipos de cambio libremente fluctuantes no deberían ser pronunciadamente inestables si la economía del país se desarrolla en forma normal, es decir, sin estar expuesta a influencias inflacionarias o deflacionarias, particularmente de carácter monetario.

También resulta una condición previa ineludible la implementación de políticas macroeconómicas y estructurales sólidas y creíbles. Sólo así se podrá conformar en el menor tiempo posible un mercado de cambios totalmente libre, que muestre amplitud y profundidad, y con fácil acceso a sus diferentes modalidades operativas, para que pueda ser posible la libre determinación y formación de los precios, sin controles ni normas que restrinjan el normal funcionamiento del sistema.

Finalmente, será necesario tener en cuenta y respetar los acuerdos internacionales para que la volatilidad del tipo de cambio se mantenga dentro de carriles más o menos estables, siendo por ello necesario una estrecha relación informativa y de consulta permanente, especialmente con los países con los que se tiene mayor relación comercial. También será ineludible conservar condiciones monetarias y económicas estables para que todo el sistema pueda funcionar adecuadamente, así como lograr una balanza de pagos en equilibrio y en crecimiento.

Ya no queda demasiado tiempo para decidir y actuar en consecuencia.