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Nadie duda de que la organización federal argentina requiere una nueva institucionalidad fiscal. La reforma de la Constitución de 1994 ordenó modificar en dos años el sistema de coparticipación a través de una ley convenio, la que requiere de un acuerdo entre la Nación y las provincias que debe ser refrendado por las legislaturas provinciales y por el Congreso. La mora es significativa y, en este período, se fueron multiplicando los parches; la falta de coordinación fiscal no hace más que acumular inequidades e ineficiencias.




