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Compra de trenes usados: una trama corrupta en la que se dejó facturada la coima
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LA NACIONDiego Cabot
El tiempo pasa, los juicios tardan años y los hechos se pierden en una nebulosa que pocos recuerdan. Ese el caso de la compra de material ferroviario usado a España y Portugal que, en su momento, ejecutó Ricardo Jaime cuando era secretario del ministerio que manejaba Julio De Vido. Pocos recuerdan que, además de adquirir chatarra por millones de euros, varios de los organizadores de aquella operación armaron, con una torpeza evidente, un ardid que terminó con las coimas facturadas y en blanco. La impunidad en su estado más supremo.
Ya en el epílogo del juicio oral, la fiscal federal Gabriela Baigún pidió una pena de cuatro años para el exministro y de ocho para el secretario. Ahora bien, ¿cómo fue aquella maniobra?
Todo empezó el 25 febrero de 2005, cuando el gobierno argentino rubricó con España un acuerdo sobre Cooperación en Materia Ferroviaria. Poco tiempo después, lo repitió con Portugal. El 31 de mayo se firmó el convenio que le dio operatividad al acuerdo ferroviario. El documento fue suscripto entre la Secretaría de Transporte y Expansión Exterior, una empresa pública española dedicada a facilitar negocios de ese país en el mundo. En ese contrato, las partes convinieron que la compañía estatal española “se ocupará de obtener ofertas de equipos y servicios que puedan interesar a la Secretaría de Transporte [argentina]”.
Sin conocimiento del mundo de los trenes, pocos meses después, Expansión Exterior contrató a Ingeniería de Técnicas Ferroviarias (ITF), otra firma española que la asesoraba en la compra. Se seleccionaron 106 vehículos pertenecientes a la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles y a Ferrocarriles de Vía Estrecha. Se pagaron 250.000 euros por este trabajo técnico. “En algunos coches, la estructura de sus cajas y techo se encuentran muy oxidadas; también precisan recuperación las ventanas, puertas de acceso e intercomunicación y los fuelles; los sanitarios están en estado de máximo deterioro, al igual que el interiorismo, donde se observan grandes destrozos en cortinas, asientos...”, dice la auditoría de ITF.
El primer contrato lo firmó Jaime el 7 de diciembre de 2005, por 8,5 millones de euros. La operación O/0505/068 incluyó 12 coches de pasajeros de 26,4 metros y cuatro para ser usados como repuestos. Además, 3 locomotoras diésel S/319, 4 triplas diésel S/593 en funcionamiento y 2 para repuestos, y 3 furgones D12 que se podían usar como generadores. Se pagaron 192.701 euros por documentación técnica. Fue el inicio de un plan de compras que duró hasta 2010, con Juan Pablo Schiavi como secretario de Transporte.
Hasta entonces era “apenas” una operación de dudosa utilidad. El 29 de marzo de 2006 se firmó el contrato más polémico. Expansión Exterior, y Miguel Ángel Llorente Celaya, por Controles y Auditorías Especiales (Cyaes), suscribieron un acuerdo de “prestación de servicios de asistencia técnica”. En el punto VI dice: “El 13 de marzo de 2006, Expansión Exterior recibió un escrito de la Secretaría de Transporte en virtud del cual se comunicaba la designación de Cyaes como representante del cliente para colaborar con Expansión Exterior en el desarrollo, instrumentación e implementación del proyecto”. La empresa española dejó sentado que la contratación se hacía por estricto pedido del gobierno argentino. La previsión no era en vano: el acuerdo por los trenes tenía un costo de 8,4 millones de euros; la intermediación de la implicaba el pago -según la cláusula quinta- de 2.282.965 euros, casi el 25% del total.
Cyaes funcionaba en el país como Caesa y estaba presidida por un jubilado que entonces tenía más de 80 años llamado Ignacio Soba Rojo. También era presidente de otra sociedad, Delome, con la que se pagaron vuelos al exterior de Jaime y se compró un departamento a su ex pareja. También se firmaron los papeles de la radio LV2 de Córdoba, que la sociedad adquirió antes de las elecciones legislativas de 2009. Soba Rojo pocas veces apareció en escena. El que manejaba los hilos Caesa era Manuel Vázquez, el lobbista que durante años atendió en sus oficinas de la calle Arroyo al 800, por las que pasaban todos los negocios que se hacían en la Secretaría de Transporte.
El 16 de abril de 2007, Caesa firmó otro acuerdo de prestación de asistencia técnica. Esta vez, Soba Rojo fue puesto en Madrid para firmar el contrato, por 913.186 euros. El 17 de abril de 2007, Cyaes presentó su primera factura (C-28) por 337.106 euros. Al pie de la factura, un pedido: “Rogamos el abono en la cuenta 0030100134 0001369271″. Una semana después, la factura C-29 fue por 300.740 euros. En la C-30, del 4 de mayo, el monto por la prestación de asistencia técnica se elevó a 383.586 euros. En 15 días se facturó más de un millón de euros.
Pasaron casi 15 años y los trenes queda poco y nada. Muchos de ellos están arrumbados y sólo podrían venderse como kilo de acero. De aquella onerosa intermediación pocos se acuerdan. De Vido, Jaime y Vázquez tienen pedidos de condena. Fue un esquema que dejó facturada la supuesta coima. Y hasta se probó en qué cuenta se acreditó el pago.
