Contactos secretos para evitar el millonario costo de un juicio perdido por la Argentina

“Si la Argentina no paga, será un paria financiero”. Ese es el demoledor vaticinio para el país que hizo un importante ejecutivo extranjero vinculado a los cuatro fondos de inversión que acaban de ganarle una demanda millonaria a la Argentina en el Tribunal Superior de Londres en el caso del cupón PBI, nacido del “retoque” de las estadísticas oficiales.

Aunque en la capital británica comprenden que no son una prioridad para el Gobierno en el actual contexto de crisis, entre esos acreedores hay ánimos para comenzar una negociación. En el Ministerio de Economía, reconocen que ya hubo un intento de contacto reservado y prematuro, pero dijeron que no habrá movimientos hasta que Sergio Massa reciba una evaluación de su equipo técnico. Ese primer approach ocurrió en Washington hace unas dos semanas.

El 5 de abril pasado, el juez Simon Picken, del Tribunal Superior de Londres, halló culpable al país por modificar la manera de calcular el producto bruto interno (PBI) para evitar pagar los intereses de una deuda emitida en 2005, como canje de los títulos en default en 2001. Los cambios los anunció el entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner, Axel Kicillof. Pero es una historia que se remonta al desmantelamiento del Indec, que encaró Guillermo Moreno en enero 2007.

En la capital inglesa, el juez le dio la razón a los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited. Por esa decisión, la Argentina deberá pagarles por daños e indemnizaciones 643 millones de euros. “El juez también dictaminó que la Argentina debe pagar alrededor de 1330 millones de euros en relación con la totalidad de los valores vinculados al PBI, de los cuales los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48%”, dijo entonces la agencia de noticias Reuters.

Para estos fondos de inversión, contaron a LA NACION desde Londres, la historia es vieja. Ya tenían una buena parte de posiciones en los bonos atados al PBI en 2005, con el canje que impulsaron Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen. En ese equipo, estaba el hoy jefe de asesores de Massa, Leonardo Madcur (además yerno de Nielsen). En 2015, un abogado del estudio Akin Gump hizo llegar a los fondos un memo con lo que podría ser la lógica de la acusación contra el Estado argentino.

La historia es conocida. El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para atraer a la mayor cantidad de bonistas posibles al canje de deuda que se hizo en 2005. Este instrumento financiero les pagaba a los bonistas cuando la Argentina crecía más de 3% en el año. La demanda contra el país se centró en el cambio en la base del cálculo del nivel de la economía (PBI), realizado en 2013, que derivó en una tasa menor de crecimiento de la Argentina.

Tras esa modificación, el Indec informó que la Argentina creció menos de 3,22% del PBI ese año, cuando previamente, con la anterior base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese entonces, el gobierno de Cristina Kirchner se ahorró de pagar más de US$3600 millones de intereses. Lo cierto es que la manipulación de los datos de inflación decidida por Moreno en 2007 -supuestamente para evitar pagar más por bonos atados al CER- había terminado “inflando” el PBI.

El arranque del juicio

Pero en ese 2015, conocido el documento de Akin Gump, los holders de los fondos no tomaron ninguna decisión. Recién en 2017 -dos años después de que Mauricio Macri tomara las riendas del gobierno- decidieron de ir a juicio. El mismo comenzó, pero luego se atrasó por la pandemia de covid.

La Argentina tiene ahora derecho a pedir la apelación. El juez se la debe conceder. Si esto ocurre, el país tendrá unas semanas para presentar su caso. Si deniega esa petición, el país tiene 21 días para cuestionar esa decisión. Si la Argentina logra apelar, la causa tendrá luego -creen los acreedores- una resolución rápida. “En nueve meses puede estar resuelta”, contó una fuente al tanto de los pormenores del caso. Además, si apela deberá hacer “un pago sustancial”. A diferencia de como se mueve la justicia norteamericana, en la británica la apelación tendrá un alto costo en euros o dólares.

“Luego, si decide no pagar, el país entrará en default. Este es el juicio comercial más grande que tiene el país en Gran Bretaña”, dijo la misma fuente vinculada a los fondos que llevan adelante el juicio contra la Argentina.

La comparación con la justicia americana no es antojadiza. Hay otra demanda por los mismos bonos en Nueva York presentada por el fondo Aurelius. El caso todavía no empezó. A fin de año debería iniciarse en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, bajo la mirada de la jueza Loretta Preska, la misma que falló en contra del Estado argentino la semana pasada por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Allí hay otros US$415 millones más intereses.

Para los litigantes británicos, los tribunales ingleses y americanos son muy diferentes. Sin embargo, señalan que, como en cualquier caso significativo, “es probable que la justicia norteamericana tome muy en serio este antecedente [el británico]”. En ese sentido, indicaron que “seguramente esto incremente las chances de los denunciantes [norteamericano]”.

Un acercamiento a Massa

“Tratamos de llegar al Gobierno. Entendemos que no tiene liquidez hoy. Estamos abiertos a negociaciones razonables [para un acuerdo extrajudicial]”, indicaron a LA NACION. Citaron como caso testigo el acuerdo entre YPF y Maxus cerrado días atrás. Incluso, entendiendo la falta de reservas, indicaron que aceptarían un pago en bonos a precios de mercado.

“El Gobierno hoy solo busca sobrevivir. Este [por el juicio] no es su principal problema. Massa igualmente lo entiende y es probable que busque una solución si él gana las elecciones. Si no arregla la Argentina será un paria financiero”, indicaron.

En el Gobierno, en tanto, reconocen que hubo intentos de establecer contactos, pero que son muy prematuros como para aventurar la posibilidad de llegar a un acuerdo. Básicamente, los representantes de los fondos buscaron llegaron a Massa en su viaje a Washington hace dos semanas. Massa les dijo que no abriría una charla formal sin antes tener una hoja de diagnóstico de la situación por parte de la Procuración del Tesoro y de los abogados de Economía. Esa fue su respuesta, contaron fuentes oficiales, que aclararon que todo es muy prematuro, “por ahora”, y que no cerraron ninguna puerta.