Coronavirus. Buscan congelar las tarifas de internet, telefonía y cable durante la cuarentena
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LA NACIONMaría Julieta Rumi
El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, dijo que están trabajando con las empresas de telecomunicaciones para que durante la pandemia no haya ningún tipo de aumento en los servicios de telefonía celular, Internet y de TV por cable o satelital.
Ambrosini hizo estas declaraciones durante una videoconferencia que tuvo ayer con las principales cámaras de defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, quienes plantearon la necesidad de establecer normas de excepción que contemplen la situación de económica de gran parte de la ciudadanía producto de la cuarentena vigente por el coronavirus.
"Estamos trabajando sobre un acuerdo para que durante la pandemia no hay ningún tipo de aumento, esa es la meta que tiene Enacom y que venimos articulando con las telcos [empresas de telecomunicaciones] para dar una certeza absoluta respecto al tema y que la tarea realizada no haya sido en vano. Nos comprometemos a dar una respuesta sobre el acuerdo con las telefónicas para que todos los actores involucrados estén al tanto de los avances", afirmó Ambrosini.
En tanto, en el ámbito legislativo, la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, presentó en los últimos días un proyecto para que quede suspendida cualquier modificación en los precios y tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico y satelital con cobro a usuarios, a partir del 1º de marzo y durante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio establecido por el Decreto 297/2020.
"Consideramos especialmente que, en el marco de la pandemia del coronavirus Covid-19 y ante la significativa disminución de los ingresos que la mayor parte de la población está padeciendo, el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados y restringiendo decisiones de ajuste tarifario en plena pandemia", señala en sus considerandos la iniciativa que cuenta con la adhesión de otros 49 diputados del oficialismo.
Consultadas por LA NACION, fuentes de Telecom dijeron que el proyecto de ley los tomó "por sorpresa" porque no fueron consultados y además la autoridad de aplicación para ellos es el Enacom, entidad con la que "están en permanente contacto" y con la que vienen coordinando la implementación de las acciones de su empresa en el marco de la pandemia.
"Telecom no aumentó sus precios desde que se declaró la cuarentena, cuyos efectos económicos adversos también nos impactaron. Sería sumamente inconveniente para la salud económica y financiera de la empresa que se aprobara una ley como la que se propone. Las empresas Tic son de capital intensivo y requieren de inversiones permanentes para mantener la calidad del servicio, y fue gracias a esas inversiones que las redes pudieron soportar sin colapsar el inédito aumento de tráfico ocurrido desde el inicio de la cuarentena", explicaron.
Desde Telefónica Movistar opinaron en el mismo sentido. "Sería un error tomar de manera liviana una situación tan delicada y compleja como los precios, ya que se debe contemplar que la industria de las telecomunicaciones es de capital intensivo y esa inversión se ha puesto de manifiesto en el funcionamiento de las redes, en un contexto de pandemia que exige alta demanda por parte de los clientes".
Por otro parte, destacaron que, acatando la decisión de la autoridad, los precios de los clientes que utilizan la modalidad "prepago" -un 70% de los clientes móviles- mantienen los valores de diciembre de 2019.
Cabe recordar que por el decreto 311 las empresas no podrán cortarle el servicio a ciertos clientes por falta de pago y, según la resolución 367 que salió ayer en el Boletín Oficial, deberán presentar ante la Enacom en los próximos tres días un listado de los usuarios susceptibles de cortes o suspensión.
Además, tendrán 15 días corridos para informar el valor de todos los precios establecidos para los servicios reducidos ante falta de pago.
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