Coronavirus. Las nuevas condiciones limitan la ayuda estatal para pagar salarios y hay alerta en las empresas

Entidades como la Cámara Argentina de Comercio relevaron datos que hablan de la imposibilidad de muchas empresas de cumplir con los salarios de este mes
Entidades como la Cámara Argentina de Comercio relevaron datos que hablan de la imposibilidad de muchas empresas de cumplir con los salarios de este mes Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi
Silvia Stang
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23 de abril de 2020  • 17:38

Las condiciones dispuestas por el Gobierno para que las empresas puedan acceder a la ayuda estatal para el pago de los salarios de este mes pusieron en estado de alerta a las empresas. Algunos sondeos que hacen diferentes cámaras de actividades económicas dan cuenta de que muchas firmas que esperaban recibir ese apoyo quedarían al margen.

"Es muy confuso; no lo están facilitando", evaluó en un diálogo con LA NACION el secretario general de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman. La entidad tiene los resultados de una encuesta hecha entre el 15 y el 20 de este mes, de la que participaron unas 1300 empresas del sector de diferentes partes del país. Esos números muestran que solo 24,6% de los empleadores afirma que pagará en forma íntegra los sueldos de este mes, mientras que, en relación con el mes de marzo, casi seis de cada 10 pudieron cumplir. Luego, y con respecto a la liquidación de abril, 36,2% dice que no podrá pagar y 39,1% que sí podrá abonar las remuneraciones, pero de manera parcial.

La decisión administrativa 591 de la Jefatura de Gabinete, publicada ayer en el Boletín Oficial, adopta las recomendaciones dadas por un comité integrado por los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo y por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y, en función de eso, se establecieron los criterios para otorgar el llamado salario complementario, que consiste en el pago, por parte del Estado, del 50% de las remuneraciones, siempre dentro de un rango de entre uno y dos salarios mínimos (es decir que con fondos públicos se cubriría hasta un monto de entre $16.875 y $33.750 por trabajador). El pago de salarios y el procurar que continúen las relaciones laborales durante los períodos de cuarentena por la crisis sanitaria del coronavirus, es uno de los principales objetivos en materia económica en gran parte de los países del mundo.

¿Cuáles son esos criterios?

*Que la actividad principal esté contemplada en el listado elaborado por el comité. Este punto tiene desde ya varios cuestionamientos, porque hay empresas enmarcadas en actividades esenciales, pero que sin embargo están muy afectadas por la crisis.

*Que no haya existido un incremento de la facturación nominal entre 2019 y 2020, tomando como período de comparación el comprendido entre el 12 de marzo y el 12 de abril de cada año. Con una inflación que en marzo fue, en términos interanuales, superior al 48%, esto deja al margen a empresas que, descontado el efecto inflacionario, tuvieron en realidad una caída en sus ingresos que puede haber sido muy significativa. Por otra parte, el hecho de haber facturado no significa que se hayan obtenido efectivamente los ingresos.

*Que el período de tiempo para comparar es el que va del 12 de marzo al 12 de abril. Es un criterio del cual no se comprende la lógica, porque la cuarentena comenzó el 20 de marzo y, por tanto, hay 8 días, dentro de los 32 considerados, en los cuales el funcionamiento de la economía fue normal. Así, se considera que el elegido por el Gobierno no es el lapso adecuado para evaluar los efectos de la cuarentena, que ya lleva más de un mes.

*Que la empresa no tenga más de 800 empleados. Si los tiene, debería cumplir una serie de requisitos adicionales, como pasar una evaluación financiera, no distribuir utilidades obtenidas por ejercicios cerrados a partir de noviembre de 2019, ni recomprar sus acciones, entre otros.

Entidades como la Unión Industrial Argentina (UIA) evalúan por estas horas cuáles serían los efectos concretos en sus sectores de esas ayudas del Estado. "Está el tema de las empresas de más de 800 empleados, el período de comparación de la facturación y, además, hay un montón de empresas que no están en el listado original de las que serían alcanzadas y que dependen de lo que diga el comité para ver si entran; hay muchas que están en un rubro de servicios esenciales pero que hoy están facturando mucho menos. Hay todo un universo de empresas que están con dudas y eso lo estamos evaluando", señaló una fuente de la gremial empresaria fabril.

"Nosotros creemos que es necesario que haya créditos a tasa cero y que se pueda acceder a ellos de manera sencilla y práctica; no queremos un regalo, sino algo que después se tenga que devolver", señaló por su parte Grinman. Según el directivo, si por esas acciones del Estado se genera mayor necesidad de emisión, habría que evaluar que es preferible algo más de inflación y no una depresión económica. Estamos frente a un enfermo muy grave y no se le pueden dar gotitas para la panza", agregó.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le enviaron hoy una nota al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidiendo que el Estado se haga cargo del 100% de los salarios de las empresas de hasta 40 empleados "sin perjuicio del rubro". El escrito señala que ese segmento de la economía genera el 30,3% del empleo total y que su masa salarial es de $70.701 millones. Según la entidad, el Estado tiene que actuar fuertemente, como está ocurriendo en otros países del mundo, para evitar el cierre de empresas y para preservar las fuentes de trabajo.

"En nuestro caso, entre 30% y 50% de las estaciones de servicio quedan afuera del beneficio, porque la facturación tiene que ser menor o igual a 2019 y los combustibles subieron 43%; además están tomando en el período de referencia para comparar ocho días en los que la facturación todavía era normal", señalaron desde la Federación de Empresarios de Combustible (Fecra).

Hoy es, mientras tanto, el último día para la inscripción de empresas en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Y en algunos sectores hay expectativas de que se genere algún cambio en la normativa que permita un mayor alcance de las ayudas.

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