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Corralito y corralón, confiscación abierta y también encubierta
Por Roberto H. Cachanosky Para LA NACION
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Cuando a fines de 2001 Cavallo estableció el corralito la reacción de la gente fue inmediata frente a la afectación de sus derechos de propiedad. Cuando en enero del año pasado se devaluó y se pesificaron los depósitos en dólares la reacción fue más violenta porque la gente veía cómo le estaban metiendo la mano en el bolsillo sin ningún tipo de pudor.
En los dos casos la gente percibió claramente cómo el Estado avanzaba sobre su patrimonio, generando una reacción inmediata en los ahorristas. Era como si estuvieran viendo cómo un ladrón les robaba impunemente protegido por el Estado.
Sin embargo, tanto el corralito, el corralón y la pesificación constituyeron sólo una parte de la confiscación de patrimonios, dado que la devaluación implicó una fenomenal pérdida de riqueza que afectó a gente que, incluso, no tenía depósitos en los bancos.
Algunos ejemplos pueden ilustrar mejor el concepto. Antes de la devaluación una persona tenía US$ 100.000 de ahorro y poseía dos alternativas: a) hacer un depósito a plazo en un banco, o b) comprar una vivienda sin endeudarse. Si hubiese hecho el depósito habría caído en la pesificación perdiendo buena parte de su patrimonio. Si optó por comprar una vivienda hoy tiene, si puede vender la propiedad, un 50% menos de dólares dado que los precios de las propiedades se desplomaron.
En el caso del depósito a plazo fijo, al ahorrista le metieron abiertamente la mano en el bolsillo; en el caso del que compró una propiedad, le metieron la mano en el bolsillo más disimuladamente, pero corrió exactamente la misma suerte que el que hizo un depósito a plazo.
Otro ejemplo puede ser el de un empresario que invirtió US$ 1.000.000 en una fábrica. Como las empresas valen por el flujo de fondos que generan y, tras la devaluación, hoy ese empresario tiene un patrimonio neto igual a cero o negativo.
Ese empresario también podría haber optado por un depósito a plazo o invertir en la fábrica. En los dos casos salía perjudicado porque recuperar su capital de US$ 1.000.000 le llevará, tal vez, más años que al ahorrista que fue afectado por la pesificación.
Sistemas sin ahorro
El tercer ejemplo es el de los ahorristas en el sistema de capitalización. Por las regulaciones existentes, sus ahorros fueron invertidos casi en su totalidad en activos locales (bonos nacionales, provinciales, acciones, plazos fijos, etcétera.) La devaluación y el default pulverizaron sus activos, que no son otra cosa que sus jubilaciones futuras.
Recuperar ese capital perdido insumirá años. No sólo está comprobado que los sistemas de reparto estatales son absolutamente insostenibles económicamente porque la relación aportantes-beneficiarios es inviable por varias razones, sino que es como si el ladrón le dijera a la víctima, a la que acaba de robarle, que le confíe sus ahorros que él se va a encargar de administrarlos.
Las jubilaciones se conforman de ahorro pasado. Y el ahorro se produce cuando alguien deja de consumir en el presente para consumir más en el futuro. Los sistemas de reparto estatales no se basan en el ahorro.
Los sistemas de reparto son actuarialmente inviables, fiscalmente conflictivos y, además, están sometidos a los caprichos de los políticos.
Una vez más, la insistencia por ampliar el sistema de reparto estatal es un mecanismo de confiscación disimulado de los ahorros de la gente.
Los tres ejemplos anteriores permiten visualizar que si bien la reconstrucción del sistema financiero es fundamental para recuperar la economía, la afectación de los derechos de propiedad fue mucho más amplia que el corralito o la pesificación de los depósitos en los bancos.
La confiscación afectó a ahorristas de todo tipo, a quienes tienen ingresos fijos y la inflación les licuó el ingreso real dejándoles un menor poder de compra y una casi nula capacidad de ahorro; a los jubilados presentes, a los jubilados futuros, y el listado puede seguir.
Un país les brinda a sus habitantes un ingreso real alto cuando el stock de capital es elevado porque la productividad de la economía crece.
Para que aumente el stock de capital tiene que haber gente dispuesta a invertir sus ahorros en actividades productivas, y para ello hacen falta reglas económicas consistentes y sostenibles en el tiempo independientemente del gobierno de turno.
Dicho en otras palabras, lo que necesita la Argentina para salir de la crisis es que la gente se convenza de que la dirigencia política argentina nunca más confiscará el patrimonio de las personas, ya sea por vía de la confiscación abierta o la confiscación encubierta.
Si esta condición de crecimiento se logra, las perspectivas de la Argentina son realmente alentadoras.
