Crisis política por el proyecto de cesión de tierras en los countries

Hubo reuniones de urgencia, pase de facturas y una inesperada crisis interna. El proyecto para que los countries cedan tierras para la vivienda social ayer terminó provocando en el interior del gobierno bonaerense un súbito cimbronazo político.

Las llamadas cruzadas se volvieron incesantes, especialmente después de que la iniciativa subiera el tono mediático. El gobernador Daniel Scioli estalló cuando escuchó cuestionamientos por las radios: mandó de inmediato a relativizar el proyecto, obligó a sus voceros habituales a descartar que vaya a haber expropiaciones y empezó a pedir explicaciones subidas de tono entre sus funcionarios.

Tres altas fuentes bonaerenses hicieron saber a LA NACION que ayer había malestar y preocupación por algunos movimientos políticos internos y por el modo que se había difundido la iniciativa. "El proyecto era una buena idea, pero fue pésimamente comunicado", advirtió, enojado, un funcionario de estrecha confianza del gobernador. Anteayer, La Nacion informó que el gobierno provincial evalúa que los nuevos countries, barrios cerrados, cementarios privados y grandes superficies comerciales cedan un 10% de sus terrenos en favor de los municipios para hacer viviendas sociales y que se podrían expropiar terrenos baldíos.

De repente, una suerte de reservada paranoia política empezó a circular en la cima del poder. Se extendió por todos los ministerios. Enviados de Scioli repartieron una orden con un mensaje explícito, a primera hora de ayer: "A partir de este momento, no se puede comunicar nada sin que lo sepan Scioli y el jefe de Gabinete, Alberto Pérez".

La ministra de Infraestructura, Cristina Alvarez Rodríguez, y sus funcionarios -que habían fogoneado el proyecto- quedaron en el ojo de un huracán inesperado. Varios le apuntaron al jefe del Instituto de la Vivienda, Gustavo Aguilera, que le había dicho a LA NACION que el proyecto podía sonar "comunista" y había mostrado el texto donde se hablaba de expropiaciones de terrenos baldíos. Esas dos palabras cayeron como un baldazo de agua fría para el gobernador, siempre atento a la mirada pública.

Aguilera, un dirigente del PJ de San Fernando que llegó a la función pública de la mano del intendente local, Fernando Amieiro, ayer se llamó a silencio, mientras en la gobernación llenaban de adjetivos sus declaraciones: "Poco felices", "inmaduras" y hasta "sospechosas". Hubo rumores, finalmente desacartados, de que se iba a forzar su renuncia.

Mientras tanto, otros cortocircuitos complicaban el panorama político. El más evidente, entre el vocero y operador de Scioli, Gustavo Marangoni, y la ministra Alvarez Rodríguez. Por orden de Scioli, Marangoni había desautorizado a la ministra y había asegurado que no existía ningún proyecto que lesione la propiedad privada. En reserva, hubo enojos y reproches. Alvarez Rodríguez enseguida intentó atenuar el impacto de la medida y explicar que las expropaciones eran un recurso de última instancia. Dijo que algunos ministros podían no saber del proyecto. En personas allegadas a Marangoni, ayer todavía había enojo: "El tema es delicado. Avanzó con algo que no debía".

Incluso un sector de sciolistas duros ayer hizo circular un curiosa sospecha, en estricta y cuidadosa reserva: que la ministra, de buena relación con la Presidenta, podría haber avanzado en la difusión como un guiño a los sectores kirchneristas duros, afines a la Casa Rosada, y habituales críticos de la administración provincial.

En el Ministerio de Infraestructura bonaerense ayer negaban cualquier interpretación política. En cambio, asistieron con preocupación a las reuniones citadas por la cúpula del gobierno provincial. Hubo al menos dos en las últimas 48 horas. La idea: reencauzar la difusión de la idea y morigerar el impacto mediático. "Hace dos años que estamos con este proyecto. No es nuevo", insistían en La Plata.

En estricta reserva, hubo anuncios. Para empezar, se sacará la palabra "expropiación" del borrador del proyecto. Como hasta el momento, se cederá a la Legislatura la potestad de avanzar con eventuales expropiaciones. La otra decisión concreta fue volver a apelar a la palabra favorita de Scioli: "Consenso". Hubo una orden para que los funcionarios anunciaran que la idea no está cerrada y que antes de avanzar se buscará llegar a un acuerdo con todos los sectores involucrados. Otra forma de intentar aplacar un poco tanta polémica.

DIXIT

"No hay ni habrá ningún proyecto presentado por el Ejecutivo que lesione la propiedad privada en la provincia. Respetamos la seguridad jurídica"

"La cesión -si es ley- sería por supuesto obligatoria. Y ese 10 por ciento se puede aportar con tierras, con dinero o con cloacas"