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Cuáles son las empresas que buscan crudo en Malvinas y por qué las grandes petroleras le dan la espalda
El proyecto Sea Lion es impulsado por una petrolera israelí y una pequeña compañía británica; a diferencia de gigantes como TotalEnergies, Shell o Equinor, tienen una escala mucho menor y asumieron un riesgo geopolítico que las líderes parecen evitar, entre otras razones, por las restricciones que impone la legislación argentina
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LA NACIONSofía Diamante
El presidente Javier Milei hablará esta noche por cadena nacional sobre las Islas Malvinas. El contenido del discurso se mantuvo bajo estricto hermetismo, pero el anuncio llega después de que Donald Trump señalara que analiza abandonar la histórica neutralidad de Estados Unidos en el conflicto de soberanía. Mientras la diplomacia ocupa el centro de la escena, en las islas avanza un proyecto petrolero concreto que le da una dimensión económica al reclamo argentino.
El avance de la explotación petrolera offshore en Malvinas tiene una particularidad que ayuda a entender por qué el proyecto pudo avanzar pese al conflicto de soberanía. Detrás del desarrollo de Sea Lion no están las grandes petroleras internacionales, sino dos compañías de exploración y producción de una escala considerablemente menor. Son Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, de Gran Bretaña.
Navitas es hoy la operadora del proyecto y tiene una participación del 65%, mientras que Rockhopper conserva el 35%. Ambas tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) para desarrollar la primera fase de Sea Lion, un yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La producción inicial está prevista para 2028.
Navitas Petroleum cotiza en la Bolsa de Tel Aviv, mientras que Rockhopper Exploration cotiza en el mercado AIM de Londres. Pero ninguna tiene la dimensión de una multinacional petrolera integrada. Rockhopper se define como una compañía británica de exploración y producción con activos en las islas y algunos intereses remanentes en Italia.
Navitas, en tanto, es una petrolera israelí que en los últimos años fue creciendo a partir de proyectos en Estados Unidos y otros mercados. Su ingreso a Malvinas se produjo en 2022, cuando adquirió el 65% de las licencias que estaban en manos de Harbour Energy y asumió la operación del área.
Ahí aparece una de las claves para entender la ausencia de las grandes petroleras. El riesgo no es solamente geológico o financiero, también es político y comercial. Una empresa que desarrolla actividades en Malvinas puede quedar expuesta a la legislación argentina y, por lo tanto, poner en riesgo otros negocios en el país.
La ley 26.659 establece restricciones para empresas que participen, directa o indirectamente, de actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. La normativa alcanza también a quienes presten servicios para esos desarrollos y prevé inhabilitaciones de entre cinco y 20 años. En 2022, la Secretaría de Energía determinó que las actividades de Navitas vinculadas con Malvinas eran ilegales para la Argentina y la inhabilitó por 20 años.
Para una petrolera internacional con intereses importantes en Vaca Muerta, el cálculo es muy diferente. Empresas de servicios como SLB —la exSchlumberger— o Halliburton tienen negocios relevantes en la Argentina. Involucrarse en un proyecto ubicado en una zona de soberanía disputada puede generar un costo comercial mucho mayor que el potencial beneficio.
El caso de Harbour Energy ilustra esa lógica con precisión. La misma empresa que vendió su participación en Sea Lion en 2022 compró dos años después los activos de la alemana Wintershall Dea —que desapareció como compañía— y heredó así una posición estratégica en el offshore argentino. Hoy es socia de TotalEnergies y Pan American Energy (PAE) frente a las costas de Tierra del Fuego.
El país también explora el mar
La Argentina tiene una larga historia de producción costa afuera. En Tierra del Fuego, TotalEnergies opera desde hace más de 40 años junto a Harbour Energy y PAE varios yacimientos en el mar: Hidra, Kaus, Carina, Aries, Vega Pléyade y, el más reciente, Fénix. Este último demandó una inversión de US$700 millones e implicó la perforación de tres pozos a 70 metros de profundidad, a 60 kilómetros de la costa. TotalEnergies y Harbour tienen el 37,5% cada una, mientras que PAE —de la familia Bulgheroni y sus socios— aporta el 25% restante. En total, la producción costa afuera aporta hoy 27 millones de metros cúbicos diarios, el 20% del gas del país.
La noruega Equinor explora también en sociedad con YPF en las cuencas Argentina Norte (CAN), Austral (AUS) y Malvinas Oeste (MLO). Cada pozo de exploración en aguas profundas cuesta alrededor de US$100 millones —en el área cerca de Mar del Plata— y unos US$70 millones en las cuencas del sur. Hasta ahora se perforó un solo pozo, Argerich-1, en la cuenca CAN, que resultó seco. Pese a ese resultado, hay interés en seguir explorando.
Eso no significa que Sea Lion sea marginal en términos económicos. La primera fase requiere una inversión de alrededor de US$1800 millones, con un financiamiento que incluye US$1000 millones de deuda senior. La producción inicial contempla unos 55.000 barriles diarios mediante pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).
El proyecto combina un potencial económico con un riesgo geopolítico que las grandes petroleras no están dispuestas a asumir. Para Navitas y Rockhopper, el tamaño de Sea Lion puede justificarlo. Para una petrolera global con miles de millones de dólares invertidos en la Argentina, el costo de quedar atrapada en el conflicto de soberanía resulta demasiado alto.
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