De planes a empleos formales: el programa anunciado por Massa ya se intentó más de una vez, ¿cómo resultó?

A poco más de un año de haber derogado un decreto del expresidente Mauricio Macri y en el último mes de vigencia de otra medida del Poder Ejecutivo establecida en la actual gestión –ambas normativas referidas al mismo tema–, el Gobierno decidió, por impulso del ministro de Economía, Sergio Massa, insistir en el intento por lograr que, con la zanahoria de una rebaja de los costos laborales para los empleadores, personas que cobran planes sociales se inserten en un empleo formal dentro de una empresa privada. El objetivo, según se dice oficialmente, es que impacte en 200.000 trabajadores. El instrumento previsto, curiosamente, es muy similar a otros ya aprobados. Y uno de ellos sigue vigente.

El nuevo decreto dispondrá que el trabajador pueda seguir recibiendo el ingreso otorgado por un plan estatal, ya iniciada la relación de trabajo, durante un período que sería de 12 meses. El empleador deberá completar el monto para llegar, al menos, al salario del convenio. Además, por esos puestos no se abonarán todas las contribuciones patronales; sí habrá que cumplir con la correspondiente a la obra social y también con la cuota sindical y el pago a la aseguradora de riesgos del trabajo (ART), según afirmó Massa el jueves de la semana pasada, cuando también aseguró que el decreto se publicaría al otro día (cosa que no ocurrió).

Al finalizar el mes actual, por su parte, pierde vigencia lo establecido un año atrás por el decreto 493: una reducción de 90% o de 95% de las contribuciones sociales (también, con la excepción de los pagos enumerados en el párrafo anterior), por un plazo de 12 meses, para las relaciones de trabajo que involucren a beneficiarios de planes (incluido el Potenciar Trabajo), y la posibilidad de considerar el pago del Estado a cuenta del salario que el empleador debe abonar. La citada norma del Poder Ejecutivo definió que el mecanismo estaría activo para las contrataciones que se hicieran durante un período de 12 meses a partir del 1° de septiembre de 2021, es decir, hasta el 31 de agosto próximo.

Esa normativa, de agosto de 2021 -complementada dos meses después por el decreto 711-, dispuso derogar el decreto 304, que en mayo de 2017 y bajo la gestión de Cambiemos, había creado el Programa de Inserción Laboral o plan empalme, por el cual el monto de un plan cobrado por un trabajador podía tomarse a cuenta de las remuneraciones durante 24 meses, con la condición de que la empresa que fuera parte de la relación laboral no redujera el número de trabajadores respecto de una fecha determinada.

Lo cierto es que de ninguno de los programas se mostraron resultados positivos.

El economista Jorge Colina, presidente de Idesa, considera que los decretos para la inserción fallaron porque las contrataciones por tiempo indeterminado son caras, aún con los incentivos dispuestos, y porque deberían adaptarse los convenios colectivos a las realidades de las micro, pequeñas y medianas empresas, a las que se dice que se apuntará con el nuevo plan.

Para Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, en el diseño de esos programas falta un análisis de qué tareas pueden hacer las personas incluidas, por ejemplo, en el Potenciar Trabajo. “Hay un grupo que, por el tipo de tareas, tiene una ocupación precarizada del sector público; son personas que, por ejemplo, recolectan residuos o son recicladores; en esos casos el empalme es que el Estado formalice las relaciones”, dice. Luego, está el caso de mujeres con trabajos de cuidado. Y hay otro grupo con tareas más vinculadas al sector productivo, y ahí sí se podría hacer alguna política para el pase a un trabajo dependiente. “Hay que ver caso por caso; en las medidas que surgen de consignas generales no aparece, en la vida práctica, un hilo conductor”, concluye.

La posibilidad de inserción, dice Belén Rubio, de la consultora Abeceb, tiene que ver con el desarrollo de competencias y habilidades de las personas, por un lado, y con viabilizar la formalización, por el otro. “En el último año y medio algunos empleos asalariados formales se crearon, y eso pasó en grandes empresas que tienen determinados requerimientos de productividad –analiza la economista–; las pymes no logran repuntar. Por otra parte, quienes cobran planes no siempre están desocupados, sino que puede ser que estén en la informalidad [un problema de mucha mayor magnitud que la de los planes sociales]; entonces, hay un tema de diseño profundo, que va más allá del salario”.

“Dar incentivos a los empresarios está bien; pero en esta realidad laboral versátil hay que preparar a las personas que se quedaron en algún momento fuera del sistema; no hay que ser hipócritas con eso”, afirma, por su parte, el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad-Buenos Aires). Advierte, además, que para que se generen puestos el crecimiento de la economía tiene que ser sostenible y no estar basado “en veranitos, como los que tenemos acá”. Y enfatiza que debería eliminarse la intermediación de organizaciones sociales en la gestión de los planes con fondos estatales.

“Con un mercado estancado, con altos costos salariales y no salariales (juicios, burocracia), los procesos de puente entre los planes y el trabajo formal son muy difíciles en la práctica”, evalúa Milagros Gismondi, quien trabaja en el diseño de políticas con el exministro de Economía, Hernán Lacunza, y es jefa de equipos técnicos en la vicepresidencia primera en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Según considera la economista, “aunque se den incentivos, las trabas para contratar siguen”. Y agrega, en coincidencia con otros analistas, que no puede tomarse al conjunto de beneficiarios como un todo homogéneo, sino que deberían pensarse diferentes respuestas para la salida de los planes.

La aceptación de la registración laboral por parte de personas que son beneficiarias de planes, por su parte, es un tema que, entre otros factores, depende del diferencial de ingresos entre los montos del sistema formal (remuneraciones y asignaciones familiares) y los del esquema de programas del Estado para desocupados (que, en la práctica, alcanza también a informales, por lo que deben sumarse en el segundo caso esos ingresos laborales también).