Detectan coimas de hasta 15% en al menos cuatro permisos para importar durante el gobierno de Alberto Fernández
Así surge de 30 allanamientos y testimonios obtenidos en la causa en la que el fiscal Picardi investiga operaciones con el dólar oficial entre 2022 y 2023; ya se habría identificado a los empresarios y las operaciones en cuestión, autorizadas en tiempos de Sergio Massa al frente del equipo económico
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LA NACIONFrancisco Olivera
Una investigación que incluyó casi 30 allanamientos en cinco meses y que imputó hasta ahora a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del Banco Central (BCRA) está a punto de sacudir al establishment económico y político: por lo menos cuatro empresarios habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar durante el último lapso del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, en la parte más restrictiva del cepo cambiario.
Así lo informaron fuentes de una causa que está en el juzgado de Ariel Lijo y que tiene delegada el fiscal Franco Picardi, el mismo que investiga desde el año pasado presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la presidencia de Javier Milei.
El tema es desde hace más de dos años un verdadero tabú de la política: resulta casi nulo lo que, pese a los comentarios de empresarios y despachantes de Aduana que dan cuenta de la existencia de esas maniobras y hasta de dos pedidos de informe que hizo en su momento, sin éxito, la diputada Karina Banfi, ha avanzado la Justicia para detectar estas irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un mecanismo de autorización que rigió entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 y que les daba a las empresas acceso al dólar oficial.
El esquema, que evaluaba la capacidad económica y financiera de las que requerían importar, dependía de varios organismos en simultáneo: la DGI, la Aduana, el BCRA y la Secretaría de Comercio, todas dependencias en las que Massa tuvo en su momento una influencia decisiva.
La investigación de Picardi tiene hasta ahora secreto de sumario. Pero fuentes que siguen la causa afirman que el fiscal tendría detectado no sólo a los empresarios que habrían aceptado pagar y los respectivos porcentajes, sino los montos de las operaciones en cuestión, que hasta el momento superan los US$3,5 millones. Se trata, en los cuatro casos, de permisos por importaciones que efectivamente se hicieron, no de operaciones simuladas, como ha ocurrido y se investiga en otras causas.
Picardi hizo un pedido de informes urgentes a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al BCRA y solicitó a su vez que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas. Los resultados obtenidos hasta ahora surgen del análisis de casi 30 allanamientos, testimonios y teléfonos aportados por los funcionarios imputados, que son cinco, todos ellos del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA: Fabián Violante, gerente principal; Diego Volcic y María Valeria Fernández, inspectores jefe de Supervisión, y Analía Jaime y Romina García, inspectoras Generales de Supervisión.
Todos ellos entregaron sus respectivos teléfonos y claves a la Justicia, con la sola excepción de García, que no suministró la clave. También hay varios empresarios dueños de casas de cambio imputados, como Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.
A qué funcionarios involucra en la estructura de este y aquel gobierno es todavía un misterio. Fuentes de la causa afirman que además habría agentes involucrados a ambos lados del mostrador: auditores externos del BCRA que, a su vez, integran estudios contables que asesoran a empresas.
Los hallazgos iniciales del fiscal, de los que seguramente se conocerán detalles desde el jueves, no bien termine el plazo del secreto de sumario para la causa, consignan por el momento porcentajes y plazos de permisos que coinciden con los revelados en una investigación que este diario publicó el 7 de marzo de 2023, momento en que ya buena parte de los empresarios hablaba, siempre en off the record, de pedidos de sobornos y discrecionalidad para aprobar las autorizaciones.
Un chat entre dos importadores que obtuvo entonces LA NACION refería exactamente un 15% “en billete” a cambio de que la operación saliera en un lapso de 48 horas, exigencia que coincide además con un aviso publicado en las redes sociales y cuyo remitente, “Despachantes de Aduana y Comercio Exterior en Argentina”, fijaba un 13% del valor para bienes (SIRA) y un 15% para los servicios (Sirase).
La causa de las SIRA tuvo desde 2023 varias insinuaciones en la Justicia, pero, hasta ahora, no venía prosperando. Las primeras indagaciones fueron a fines de ese año, cuando las publicaciones periodísticas y un testimonio que llegó al despacho de un diputado de la Coalición Cívica dieron inicio a una causa contra seis funcionarios de la Secretaría de Comercio, incluido el entonces jefe de la dependencia, Matías Tombolini, que de todos modos no prosperó: en diciembre de 2023, y luego de una breve investigación propia, el fiscal Eduardo Taiano pidió archivar el caso y el juez Julián Ercolini homologó el requerimiento y sobreseyó a los seis.
La causa que ahora empieza a despuntar es en realidad un derivado de otra en la que el mismo fiscal, Picardi, investigaba a Piccirillo, acusado por Hauque de haberle plantado una prueba para no pagarle una deuda de US$6 millones que, dice Hauque, le dio para que hiciera operaciones con intereses.
La declaración de un imputado colaborador, un expolicía que aportó un pendrive con un archivo que incluye chats y capturas de pantalla de conversaciones entre ambos empresarios y funcionarios del BCRA, convenció a Picardi de la existencia de presuntos nuevos delitos y, como consecuencia, la necesidad de abrir otra causa.
En febrero de 2025, entrevistado en América 24 por los periodistas Adrián Ventura, Marina Calabró y Facundo Pastor, Hauque explicó los detalles de aquella pelea con Piccirillo y, cuando le preguntaron el origen de esos US$6 millones, contestó que los había obtenido de prestamistas del mundo de la política y empresarial. “No puedo, tengo miedo”, dijo cuando se le insistió en que diera nombres.
Los presuntos pagos de sobornos a cambio de permisos para importar durante el cepo cambiario siempre fueron un asunto explosivo porque involucran a funcionarios y, principalmente, por la magnitud de las operaciones en cuestión. Sólo en 2023, en plena restricción cambiaria y con varios sectores con serias dificultades para acceder al dólar oficial, incluidos los más sensibles como el de la Salud, la Argentina importó por casi US$75.000 millones. Sólo el 1% de ese stock representa unos US$750 millones, es decir, el equivalente para pagar lo que cuestan en la Argentina unas diez campañas políticas presidenciales. Eso acaso explica la sensibilidad del tema y, por fin, tanta incomodidad con que la causa avance.
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