Deuda. El canje generará un alivio de US$42.500 millones en cinco años
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LA NACIONFrancisco Jueguen
Martín Guzmán subió en soledad al estrado del microcine del Palacio de Hacienda. Satisfecho, pero sin estridencias, confirmó: "Esta madrugada hemos alcanzado un acuerdo con un grupo mayoritario de acreedores de la Argentina". El entendimiento, que requirió una nueva mejora de la oferta económica del Gobierno y de los acreedores además de "innovaciones" -aún en debate- en los aspectos legales de los contratos, le permitirá al país un alivio financiero (sumando deuda en dólares en legislación local y extranjera) de US$42.500 millones en cinco años.
El ministro de Economía ratificó que espera una alta adhesión al canje -en términos técnicos, una tasa que active las cláusulas de acción colectiva de los bonos-, un aval de los cambios legales en los contratos por parte de la comunidad financiera (Ecuador es un ejemplo) y dijo que ahora avanzará en un nuevo programa con el Fondo Monetario Financiero (FMI). Se comenzará a negociar este mes y el Gobierno espera tenerlo cerrado este año.
Guzmán confirmó que el valor presente neto (VPN) a tasa de descuento de 10% de su oferta subió a US$54,8 centavos por dólar (desde los US$53,5 en la segunda propuesta oficial) para cerrar el deal. Esa mejora del valor no se consiguió avalando un aumento de las tasas de interés o un menor recorte al capital en la última oferta del equipo económico, sino cambiando las fechas de pago dentro del mismo año presupuestario. Los nuevos momentos de pago de los nuevos bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre, según un comunicado del Ministerio de Economía. La tasa de interés promedio seguirá estando en 3,07% y la quita de capital será de 1,9% (US$1230 millones), tal como habría propuesto Guzmán en su última oferta oficial.
"Vamos a tener una participación muy alta", anticipó Guzmán, que aclaró que había varios bonistas minoristas que acompañaban al Gobierno (gracias a la cláusula RUFO, que los protegía antes futuras mejoras logradas por los fondos grandes). El Gobierno ya publicó en el Boletín Oficial la extensión de la oferta hasta el 24 de agosto. Entre el 6 de este mes (cuando se consensuará el tipo de cambio para la conversión de monedas) y esa fecha se enmendará la segunda oferta y se terminará de cerrar el tema legal.
"Esperamos que se activen las CAC (cláusulas de acción colectiva) y se resuelva el problema de la deuda de forma integral", dijo el ministro. Los diferentes contratos (2005 y 2016) contemplan diferentes CAC. El primero, más desafiante, necesita un 75% serie por serie. El segundo, un 50% por serie o un 66% en el caso de agrupamientos de series.
Según los datos que procesaron el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, la Argentina sólo enfrentará vencimientos de su deuda con privados por US$4500 millones en los próximos cinco años. Con el perfil financiero que había dejado el equipo económico de Mauricio Macri en diciembre se requería pagar US$30.200 millones en ese período. Sólo de deuda con acreedores bajo legislación extranjera, se aliviará al país por US$37.700 millones entre 2020 y 2030. Si se suman la legislación local -el Gobierno envió al Congreso un proyecto que confirma el "tratamiento igualitario"- se llega a los US$42.500 millones en total en tan solo cinco años.
En la conferencia de prensa, LA NACION consultó al ministro si luego de los primeros ocho años, el acuerdo cumplía con los criterios de sostenibilidad que él pregonaba. El economista de Columbia dijo que sí. Los primeros cuatro años le dejarán margen al Gobierno de Alberto Fernández para impulsar políticas públicas y llegar con una buena performance a las elecciones. La herencia será positiva para quién gane la próxima presidencial. Pero según datos privados, entre 2028 y 2035, los pagos serán mayores a los primeros años y llegarán a los US$31.000 millones. Si el Gobierno logra impulsar el crecimiento y sostener la estabilidad cambiara, la relación deuda PBI podría achicarse.
El ministro dijo que el Stand-By con el FMI que firmó Macri ya fue anulado y que será necesario un nuevo plan con el organismo para refinanciar esa deuda, que tiene fuertes vencimientos en 2022 y 2023. "Será bien distinto del anterior", aclaró especificando que marcará diferencias con las políticas monetarias y fiscales en recesión. Repitió que no presentará un "powerpoint" y que no cree en los planes. "Nunca funcionaron", dijo sobre la necesidad de tener "flexibilidad" en la pandemia. Empujará, aclaró, "principios y objetivos". Citó tres: crear empleo, valor agregado y generar divisas vía exportaciones. Esa visión estará plasmada probablemente en la reforma tributaria y en el presupuesto 2021.
Guzmán habló de "innovaciones en términos legales" avaladas por la comunidad internacional para asegurar que limitará los cambios en los indentures. Quizás, por eso, la cautela: "Se dio un paso definitivo. No se terminó. Estamos en una situación ventajosa para terminar la reestructuración", estimó sobre la negociación que buscará dar certidumbre y condiciones de estabilidad cambiaria al sector privado y ser la plataforma para que la economía despegue luego del colapso que dejará el coronavirus. Fuentes cercanas a los bonistas admitían que los estudios de abogados ya habían avanzado en consensos sobre los "ajustes" que se terminarán haciendo a los contratos de los nuevos bonos.
"No existe un acuerdo perfecto", dijo Guzmán, que calificó de "dura" una negociación en la que debió "persistir" y en las que, aclaró, todos cedieron. "Los acreedores hicieron un esfuerzo importante y lo reconocemos", aclaró. El país, desde la primera oferta, se acercó en más de US$15.000 millones, según datos privados, y en más de US$8200 millones, según números oficiales. "Este acuerdo es positivo para las partes", cerró sobre "la última milla", en la que los jugadores partieron una diferencia de US$3000 millones.
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