Diagnósticos equivocados, con fracasos camuflados

Ni el vaso medio vacío, ni medio lleno. Lo único que pudo corroborarse esta semana es que la realidad desborda cualquier narrativa del gobierno del Frente de Todos, lo deja sin respuestas frente a los problemas reales de la sociedad argentina y lo expone a reacciones francamente disparatadas que terminan por descolocarlo.

Sólo cuando dio la vuelta al mundo el ataque narco contra el comercio del suegro de Lionel Messi en Rosario, el Gobierno desnudó la ausencia de un diagnóstico y sus propias falencias en este terreno. A tal punto que Aníbal Fernández no tuvo mejor idea que declarar que el narcotráfico viene ganando una batalla que lleva 20 años –de los cuales 12 lo tuvieron como ministro nacional en áreas relacionadas– y luego la endosó al gobierno santafesino. El suplemento”Rosario, feudo narco” (12 páginas), escrito por los periodistas Hugo Alconada Mon y Germán de los Santos, publicado por LA NACION el 30 de octubre pasado, es de lectura obligatoria para entender la increíble trama de complicidades políticas, judiciales, policiales, carcelarias y financieras que explican este drama. La edición de ayer incluyó un resumen de sus principales factores, que tornan aún más irrelevante la frase presidencial “algo más habrá que hacer”; o el allanamiento de celdas desde donde los capos mafiosos manejan por teléfono a sicarios y planean extorsiones a cambio de protección y dólares.

La repercusión de esta noticia diluyó en pocas horas el impacto de otro ataque inusitado como el de Alberto Fernández contra la Corte Suprema de Justicia, al sólo efecto de alinearse con el relato persecutorio de Cristina Kirchner y convertir a la asamblea legislativa en un virtual acto partidario. Todo, pese a haberse presentado como un Presidente moderado y no corrupto. En este caso también hay un daño institucional. Aunque el juicio político contra el tribunal no tiene chances de prosperar en el Congreso, revela la intención del oficialismo de avasallar la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica, a imagen y semejanza de los regímenes autocráticos. Una forma directa de ahuyentar la inversión privada –local y extranjera– que necesita la economía para crecer genuinamente, como volvieron a alertar ayer las principales entidades empresarias del país.

Por si no fuera suficiente, poco después de que el Presidente afirmara que la Argentina puede ser un proveedor de energía para el mundo (se sobreentiende que, con suerte, dentro cuatro o cinco años), el apagón que dejó sin electricidad a medio país –similar al de junio de 2019– mostró la fragilidad del sistema por insuficiencia de inversiones, a fuerza de congelamientos tarifarios y proliferación de subsidios al consumo. La reacción de Sergio Massa fue instintiva y de manual contra la causa visible (pidió que la justicia investigue si fue intencional el incendio de campos que afectó a las líneas de alta tensión), aunque el corte debió haber quedado automáticamente circunscripto en menos de un segundo. Pero Jorge Lapeña (ex secretario de Energía y titular del Instituto Mosconi) aporta un diagnóstico más abarcativo y preocupante. A base de datos oficiales, estima que está fuera de servicio algo más de un tercio del parque de generación eléctrica, de 43.000 MW de potencia instalada. De este total, 10.000 MW tienen como causa la falta de combustibles -que compra la operadora mayorista Cammesa- y tareas de “mantenimiento programado”, que juzga inexplicables en épocas de alta demanda. El resto -5000 MW- se encuentra paralizado por roturas, lo cual obliga a importaciones de electricidad desde países limítrofes cuando surgen olas de calor.

Lapeña no descarta que la falta de combustibles para generar electricidad obedezca a la masiva postergación de pagos estatales registrada en diciembre para cumplir la meta de déficit fiscal primario con el FMI. Una prueba es que en enero el desequilibrio se disparó a $204.000 millones –seis veces más que en el mismo mes de 2022 en términos reales– y el gasto corriente en subsidios para la energía sobresalió con $134.000 millones.

Aunque el Presidente afirme que tanto él como el ministro de Economía no necesitan al FMI para saber que debe lograrse el equilibrio fiscal, todos los números que aportó en el Congreso significan mayores gastos. Un cálculo elaborado por el Estudio Broda a valores actuales, indica que el gasto promedio de la gestión de Massa entre agosto de 2022 y enero de 2023 ($1,91 billón), se ubica 4,5% por encima del período pospandemia entre octubre de 2020 y mayo de 2021 ($1,85 billón) y resulta 13,1% más alto que el de la etapa final de Mauricio Macri ($1,79 billón). En ese lapso, los mayores picos correspondieron a la cuarentena ($2,31 billones en mayo de 2020); el plan “platita” ($2,23 billones en octubre de 2021) y el final de la gestión de Martín Guzmán ($2,07 billones en julio de 2022), a quien el kirchnerismo acusó de aplicar un ajuste fiscal salvaje.

En este marco, la sanción de la nueva moratoria previsional para unas 800.000 personas se asemeja a otro plan “platita” de carácter electoral, aunque acotado a trabajadores con aportes insuficientes para jubilarse. Aún así, se estima que elevará el gasto en 0,4% del PBI y acentuará el déficit estructural del sistema, en el que 60% de los ingresos proviene de impuestos nacionales. Cuando se complete, el 65% de los jubilados y pensionados habrá sido alcanzado por las moratorias dispuestas desde el segundo mandato de CFK, tras la estatización y derivación a la Anses de los fondos ahorrados en las AFJP. Mientras tanto, las jubilaciones mínimas –con o sin aportes– deben ser sostenidas por bonos extra, que actúan como un camuflaje para atenuar la pérdida de poder adquisitivo que provoca la actual fórmula de actualización automática de haberes frente a la inflación, que podría cerrar en torno de 20% al finalizar el primer trimestre.

El error de diagnóstico presidencial parte de una premisa falsa. ”Sólo manteniendo nuestras políticas de desarrollo inclusivo vamos a poder generar trabajo y hacer una sociedad más igualitaria”, afirmó Alberto Fernández en el Congreso entre los aplausos de las bancadas oficialistas.

Con una inflación que ya se ubica por encima de 100% interanual y ahora es camuflada con “canastas a precios justos” para carnes, frutas y verduras de dudosa calidad, ocurre exactamente lo contrario. La desigualdad social crece en un país con 40% de pobreza y casi la mitad de la población económicamente activa con empleos en negro y/ o precarios, que convierten a los trabajadores en ciudadanos de segunda categoría, sin aportes jubilatorios ni atención médica asegurada.

Esta visión errónea ubica en el centro de la escena al Estado, deficitario, endeudado, sin recursos genuinos ni reservas en dólares para sostener el crecimiento económico y generar trabajo privado de calidad, con un PBI per cápita similar al de hace diez años y que se encamina hacia otro año de estanflación, tras el repunte de 2022 forzado con mayor gasto público, emisión y endeudamiento en pesos.

Cuando el Presidente parafrasea a Eva Perón y repite que detrás de cada necesidad hay un derecho, la realidad muestra a ministerios y entes públicos superpoblados por una burocracia que vive del Estado y casi nunca recorta gastos innecesarios.

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