Disconformidad con el límite a las horas extras

La decisión del Gobierno de reducir el máximo de horas extras permitidas en empresas privadas y organismos públicos fue rechazada por empresarios y economistas, con el argumento de que no servirá para crear nuevos puestos de trabajo.

Al mismo tiempo, se criticó su efecto sobre la capacidad de consumo de los empleados, y se minimizó la posibilidad de controlar que las empresas cumplan con esta reglamentación.

Eduardo Baglietto, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, sector en el que los empleados trabajan muchas horas extras en su actividad, dijo que esta medida no debería instrumentarse.

"En una actividad donde se les paga a los empleados por mes, un empleador puede decidir tomar más gente para reemplazar las horas extras de otro empleado. Pero cuando son obreros jornalizados es muy difícil. Si hay un equipo para un trabajo específico, no se puede pedirle a esa gente que se vaya a las seis de la tarde y traer otro grupo para hacer las horas extras", dijo el empresario.

Agregó que "si se mete la mano en la lógica del mercado, las medidas no traen resultados".

Irene Enriquez, presidenta de Pertec, consultora de empleo eventual que trabaja con Quilmes, Cadbury, Kellogg´s, Johnson & Johnson, Bonafide, Banelco, Nabisco y Gillette, opinó que "esta medida no sirve para nada. A la gente se le paga un sueldo y trabaja full time. En las industrias puede que haya horas extras, pero cada vez tienen menos empleados".

Buena intención

El abogado laboralista Héctor Recalde, que asesora a la CGT disidente, dijo que la intención de la medida era buena, aunque admitió que por sí sola no alcanza para generar un aumento en los puestos de empleo.

Agregó que "si esta reducción de horas extras se acompaña con una rebaja en el sueldo para los empleados públicos, se siente como un ataque", y estimó que "lo que tendría que vivirse como una alegría, porque limita la sobreocupación, termina siendo un sufrimiento" para los trabajadores estatales.

Por último, Recalde dijo que "el Gobierno solo no da abasto" para combatir el empleo en negro, y consideró que "tendrían que participar las cámaras empresariales, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales para salir de la cultura de la evasión y entrar en la del cumplimiento".

Sobre este punto se refirió un economista de una consultora de primera línea, que no quiso ser nombrado. "En realidad esta medida alienta el trabajo en negro, porque sin un control realmente efectivo, existen muchas formas para que la empresa haga trampa y pague en negro las horas extras que exceden lo permitido".

Según su opinión, "en muchos convenios laborales, esta medida trae como consecuencia un aumento del costo salarial al obligar a tomar más gente, pero no creo que eso ocurra, no va a crear nuevos puestos".

Para ilustrar la real situación, el representante de una empresa grande admitió que desconocía que antes de esta nueva medida ya existiese un tope a las horas extras.

Para José Ignacio de Mendiguren, la medida debe ser analizada desde dos ángulos. "Tiene un elemento social, es decir, ayudaría a que más gente tenga trabajo. Pero tiene otro elemento que va en contra de la producción, porque en realidad lo que puede ocurrir es que el poco trabajo que existe hoy se reparta entre más gente, lo que es similar a una baja de salarios."

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