Estabilizar la economía... y después, ¿qué?

El gradualismo se terminó. En su lugar, el Gobierno implementó un exigente paquete económico a la vieja usanza (contracción monetaria, ajuste fiscal y FMI). Este programa tiene el objetivo de estabilizar rápidamente a una economía seriamente vapuleada. Si se cumplen las metas que se han establecido es muy probable que para el segundo trimestre del año que viene veamos resultados positivos y signos de recuperación económica. Pero después, ¿qué? La Argentina aún carece de un programa económico que ataque los casi nueve años de estanflación y para lo cual se requerirán profundas reformas que hoy no parecen discutirse. Seguramente, ello no sucederá antes de las elecciones, pero es una tarea impostergable del próximo gobierno reinstalar a la Argentina en una vía de crecimiento a largo plazo, que abandonamos hace ya casi una década.

A finales del año pasado se esperaba que en 2018 la Argentina rompiera la maldición de los años pares y que, por primera vez en siete años, tuviera dos períodos anuales consecutivos de crecimiento. Eso no sucedió. Por un lado, la economía recibió varios golpes externos como la sequía, que costó casi dos puntos del PBI, el desilusionante crecimiento de Brasil que terminó siendo un punto porcentual menos de lo esperado, y un contexto financiero internacional más áspero para las economías emergentes. Por otro lado, todo ello golpeó a una economía argentina muy débil, con un programa económico que estaba perdiendo credibilidad rápidamente y con elevadas necesidades de financiamiento externo. La reducción de los flujos internacionales que sobrevino provocó una crisis de balanza de pagos.

Al dejar de entrar ese dinero prestado del exterior, la demanda agregada se contrajo porque había menos dinero para gastar; subieron las tasas de interés porque había menos fondos para prestar, y se disparó el dólar porque cayó la oferta de divisas.

El programa económico actual intenta atacar estos problemas o vulnerabilidades. Por un lado, se planea un ajuste fiscal de 2,7% del PBI en 2019, para reducir el financiamiento requerido. A menos déficit, menos necesidad de tomar deuda. Por otra parte, el acuerdo con el FMI permite que la deuda que haya que tomar sea del Fondo y no del mercado, lo cual baja la volatilidad del acceso al crédito. En tercer lugar, el programa monetario intenta dos cosas: recomponer la demanda de dinero y disminuir la exposición del Banco Central al mercado financiero, canjeando Lebac por Leliq o dólares (al comienzo).

Una de las consecuencias de la pérdida de credibilidad y una fuente de inestabilidad fue la caída de la demanda de pesos. La volatilidad del tipo de cambio, el aumento de las expectativas inflacionarias y la pérdida de confianza que se observaron en estos meses redujeron notoriamente el deseo de mantener pesos inmovilizados. Cuando los agentes económicos intentan sacarse esos pesos de encima, el dinero circula más rápido y, como resultado, hay más dinero rotando en la calle, con el mismo efecto que emitir pesos.

Potencialmente, esto es una situación muy inestable. Por eso, el programa monetario busca afianzar el dólar con las bandas de no intervención y frenar la emisión con la esperanza de que esto, a su vez, reduzca las expectativas inflacionarias y ello recomponga la demanda de dinero. El costo de estas medidas es una tasa de interés muy elevada y un fuerte impacto recesivo a corto plazo. Pero si funciona, como parece estar haciéndolo, se podría ir bajando esa tasa de interés sin que eso genere problemas en la inflación o en el mercado de cambios.

Con resultados de estas características, para el segundo trimestre de 2019 la economía podría mostrar signos de recuperación. Con la gradual baja de tasas de interés que seguiría al éxito del programa monetario, la recuperación de la cosecha y de las economías regionales, el tipo de cambio más competitivo y una posible recomposición salarial, estarían dadas las condiciones para observar cierto rebote de la economía. De esta manera, el Gobierno espera llegar a las elecciones con una economía mucho más calma. Pero hasta ahí llega el programa económico.

Después de las elecciones, la Argentina debe enfrentar desafíos aún más grandes. La economía local no crece desde 2010-2011, pero sí lo hace la población, y por ello el PBI per capita cayó 6,4% en los últimos 7 años. Naturalmente, la fuerza laboral crece a un ritmo similar al de la población; como consecuencia, el producto por trabajador también ha caído cerca de 10% en ese período y el salario real bajó otro tanto desde 2013.

Bajo estas condiciones, la pobreza no podrá reducirse de forma sustentable hasta que no se recomponga la capacidad de crecimiento a largo plazo. Ese crecimiento depende, básicamente, de la inversión y de la productividad. En primer lugar, para que aumente la inversión es necesario que el sector privado disponga de más recursos. Cada $100 que gasta el sector privado, $30 son para inversión, mientras que de cada $100 que gasta el Estado, solo $7 se invierten. Con lo cual, a medida que avanza la proporción del Estado en la economía, más recursos se destinan al consumo y menos a la inversión, lo cual castiga al crecimiento económico y por tanto, al consumo futuro.

Ese proceso ha ido reduciendo la capacidad de crecimiento económico hasta frenarlo por completo y, con ello, no hay capacidad en la economía para sacar gente de la pobreza. La reacción del Estado ante estas condiciones (sea nacional, provincial o municipal) ha sido crear empleo público, gastar más en planes sociales o entregar otro tipo de subsidios sin generar un real estímulo a la producción. Para financiar estos gastos, se crean nuevos impuestos o directamente se financia todo con deuda. Todo esto refuerza el proceso anticrecimiento, porque sea que el Estado cobre impuestos o tome deuda, esos recursos dejan de destinarse a la inversión.

Adicionalmente, un Estado tan grande y con alta presión tributaria tiende a reducir la productividad por doble vía. En primer lugar, el empleo público que se crea con el objetivo de evitar un deterioro social de corto plazo es un empleo de baja productividad. Justamente, porque no se crea con un fin productivo específico. Pero adicionalmente, el financiamiento de ese empleo termina costando puestos de trabajo en el sector privado que sí es productivo. A ello se le suma el hecho de que un estado muy grande y con muchos impuestos tiende también a generar una carga regulatoria muy pesada, lo cual obliga al productor, empresa o comercio a destinar crecientes recursos a cumplir con regulaciones estatales en lugar de destinarlo a la producción.

Es por ello que, para salir de este círculo vicioso de largo plazo, el país deberá hacer reformas profundas en materia laboral, tributaria y regulatoria y en el funcionamiento y estructura del Estado. Los planes sociales deberían gradualmente ser reemplazados por planes de empleo y las regulaciones laborales deberían ser más modernas, más dúctiles y con menores costos de transacción. Los impuestos deben simplificarse y reducirse a nivel nacional, provincial y municipal. También deberá mejorarse notablemente la defensa del contribuyente en todos los niveles de gobierno, algo que hace a la seguridad jurídica de una Nación, tanto como el buen y rápido funcionamiento de la Justicia en disputas comerciales, civiles y laborales. La economía debe estar abierta para permitir una mayor competencia y una mejora en el nivel de vida de los ciudadanos. Pero también debemos nivelar la cancha para que los empresarios locales puedan competir fuera y dentro del país sin tener que soportar excesivas cargas tributarias y burocráticas.

Si el programa económico funciona como se espera, podrá estabilizar la economía e incluso permitir cierta recuperación como para llegar a las elecciones. Sin embargo, después será necesario enfrentar desafíos mucho más importantes en materia de reformas para recuperar el crecimiento de largo plazo de la economía argentina. Solamente así podemos tener una verdadera posibilidad de reducir la pobreza y encaminarnos de nuevo hacia el desarrollo económico.