Economía electoral: las medidas que conforman el "plan calma"

Calmar el dólar. Aplazar aumentos de transporte y tarifas de servicios públicos. Congelar precios de bienes de primera necesidad. Lanzar programas de créditos con tasa subsidiada. Inaugurar obra pública. Mauricio Macri sumó su nombre al listado de quienes, desde el sillón de Rivadavia, recurren a este tipo de medidas en la antesala de una elección presidencial.

Con matices y perfiles particulares, según la realidad que impuso el escenario macroeconómico y político de turno, estas iniciativas se han repetido en los sucesivos gobiernos democráticos en la historia argentina, en un intento de mejorar el clima electoral, apuntalar la imagen del gobierno en contextos económicos adversos y capitalizar en votos las herramientas que solo tienen a mano los oficialismos.

"Medidas electoralistas no hay. Son medidas para cuidar a los argentinos", sostuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , al defender las iniciativas anunciadas recientemente por el Gobierno en materia económica, que pretenden contener el tipo de cambio, fomentar el consumo con estímulos de ingreso y aplacar los efectos de la inflación, que con el proyectado 4% de abril superaría el 16% en el cuatrimestre.

En materia cambiaria, luego de la suba del dólar en las últimas semanas, el Gobierno archivó el dogma de la flotación que imperó desde octubre tras la renegociación del acuerdo con el FMI. Tras conseguir el aval del organismo, el Banco Central comunicó que volverá a intervenir libremente vendiendo reservas para evitar una disparada en la cotización de la divisa. Fue el tercer cambio en este sentido, luego de anunciarse la venta de US$60 millones diarios por parte del Tesoro a partir de abril y el congelamiento del techo de la banda cambiaria en $51,45 hasta fin de año.

Como estrategia, anclar el dólar en un año electoral no es novedoso. Tras el estallido de la Convertibilidad en 2001, un esquema de atraso cambiario que se volvió insostenible aún con abultado endeudamiento y venta de activos estatales, recurrieron a esta estrategia Cristina Kirchner y el propio Macri, en 2017. "Es un esquema muy común en años electorales, porque permite, anclando un solo precio (el dólar), mantener o aumentar el ingreso real de la población en general y, de ahí, dar una sensación mayor de bienestar", explica Martín Kalos, fundador de Epyca Consultores.

Con este mecanismo, que permite incrementar el salario real en dólares que da más aire al consumo y estimula la actividad económica, se intenta además poner un freno a la suba de precios, dado el fuerte vínculo que existe con el tipo de cambio en algunos rubros como los combustibles, los alimentos o los bienes con componentes o insumos importados.

Sin embargo, la última década muestra que esta estrategia genera consecuencias negativas: luego de apreciar el tipo de cambio en años impares, los pares trajeron suba del tipo de cambio, repunte de la inflación y caída del PBI, además de la implantación del cepo cambiario luego de las elecciones de 2011. Además, impacta en la reservas: en 2018 la presión devaluatoria se consumió US$15.000 millones y no impidió que el dólar superara los $40.

Además del corset al dólar, la batería de medidas incluyó iniciativas novedosas al manual de Cambiemos, como el congelamiento de precios de 64 productos de la canasta básica durante al menos 180 días acordado con 16 grandes empresas (Precios Esenciales ), o la postergación de aumentos de tarifas en servicios públicos. Esta iniciativa, que pone en suspenso el esquema de recomposición tarifaria gradual impulsado por Macri desde su llegada a la Casa Rosada, lo acerca a gobiernos anteriores: tras la crisis de 2001, Duhalde impulsó la Ley de Emergencia Económica y, entre otras medidas, congeló las tarifas de los servicios públicos, algo que se mantuvo durante las gestiones del kirchnerismo.

"Estas medidas tienen el objetivo de dar un alivio puntual, pero no hacen la diferencia. El Gobierno tardó mucho en reaccionar y dar cuenta de las presiones de sus aliados. En algún punto, son demasiado poco y demasiado tarde, y no hay mucho indicio de que esto haya funcionado por mucho tiempo en todo el mundo", apunta el politólogo Sergio Berensztein.

Entre otras políticas de ingresos, el Gobierno reactivó el Procrear con 10.000 créditos subsidiados, prorrogó el Ahora 12 hasta el 31 de agosto, lanzó un plan de pagos en 60 cuotas para quienes tienen deudas con la AFIP . extendió el programa del 50% de descuento a compras en supermercados con plásticos del Banco Provincia y lanzó, entre otras medidas para el sector hipotecario, un mecanismo de seguros para aliviar el impacto de la inflación sobre las cuotas. No obstante, la apuesta fuerte es el relanzamiento de los créditos con fondos de la Anses para jubilados y beneficiarios de AUH con tasa subsidiada. En menos de dos semanas, se superó el millón de préstamos otorgados.

Según el politólogo Luis Tonelli, estas medidas apuntan al sector que puede definir la elección. "La clase media baja 'pendulea'. Votó contra el kirchnerismo en 2017 y hoy está en un intríngulis porque no le gusta ninguno de los dos", sostiene.

La estrategia replica el esquema de 2017, cuando el Gobierno entregó más de tres millones de créditos, y se construyó sobre el esquema Argenta creado en la gestión anterior. En esa oportunidad, el lanzamiento de la AUH, en octubre de 2009, luego de la derrota en las elecciones legislativas, le permitió al gobierno recuperar la iniciativa y apuntalar su camino a la reelección de 2011.

Según Marina Dal Poggetto, el paquete de medidas choca con la rigidez del programa monetario. "Ya en 2017, cuando se prestaron $50.000 millones entre julio y octubre con los créditos de la Anses, tuviste una política expansiva inconsistente. Son medidas que intentan mostrarle al electorado que el Gobierno está haciendo algo, pero que chocan con la política monetaria, que retira pesos y contrae el crédito, y se vuelve más contractiva cuando se genera desconfianza y la inflación no baja", afirma la economista.

La caja de herramientas a disposición de Cambiemos este año no ofrece, sin embargo, muchas opciones en un factor que cada oficialismo, a nivel nacional, provincial y municipal, explota ante cada elección: la obra pública. Según el Presupuesto aprobado para 2019, las partidas para este rubro cayeron un 30% en términos reales, como consecuencia del programa acordado con el FMI, que impuso un ajuste del gasto del 2,5% del PBI para llegar al equilibrio fiscal primario. Según los números del Ministerio de Hacienda, el gasto de capital en el primer trimestre del año creció un 27% en términos nominales, frente a una inflación acumulada en 12 meses del 54,7%.

A su vez, los proyectos de participación público-privada (PPP), destinados a ocupar este año el lugar vacante por el recorte de fondos nacionales, quedaron truncas tras el avance judicial de la causa de los cuadernos de las coimas y la suba del riesgo país. Con el Estado Nacional con la billetera ajustada, el mayor margen de maniobra para hacer obras este año estará en los presupuestos provinciales.

"En general, todos los gobiernos aumentan estas partidas. Ejecutan o aceleran obras que generan empleo en un sector vulnerable como es la construcción y tiene carácter federal. Difícilmente se vayan a ver obras de largo plazo, porque generalmente no son visibles y no resultan prioritarias en un año electoral. Se suelen priorizar obras que se pueden ver en la vida cotidiana y dan una sensación de buena gestión, aunque este año se mantienen obras poco visibles, como la instalación de cloacas", apunta Kalos.

De las ambiciosas iniciativas de Fernando De la Rúa, que a mediados de 2000 presentó su Plan Federal de cinco años por US$21.000 millones, o Eduardo Duhalde, quien en 2003 incluyó 14.000 proyectos en su plan Manos a la Obra -que luego no se ejecutó-, este año la apuesta de Cambiemos tiene otra faceta, aunque buscan mantener la iniciativa con la presencia sus principales figuras. Desde el Gobierno, se entusiasman con que, en los meses previos a las elecciones, Macri pueda inaugurar casi 1000 obras en diferentes puntos del país.

Además de iniciativas más sencillas y que menos presupuesto demandan como la pavimentación de calles o el metrobús, el emblema urbano de esta gestión, la apuesta es inaugurar proyectos que hace tiempo están en marcha, como la extensión de la línea E del subte, el Paseo del Bajo o los viaductos ferroviarios en la ciudad de Buenos Aires, que se financiaron en parte con la venta de terrenos y bienes estatales.

Presidente 1999-2001

Sostuvo su promesa de campaña y extendió la convertibilidad que establecía la paridad peso-dólar, que demandó privatizaciones y un alto endeudamiento

Anunció un plan de obras públicas de cinco años por US$21.000 millones, pero quedó trunco

Presidente 2002-2003

Asumió en un contexto de transición, devaluó y pesificó deudas y depósitos para allanarle el camino a su sucesor

La ley de emergencia económica, sancionada en enero de 2002, congeló las tarifas de los servicios públicos, entre otras medidas

Presidente 2003-2007

Asumió con superávits gemelos (público y de cuenta corriente) y un tipo de cambio alto que permitió impulsar las exportaciones

Mantuvo el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y pagó US$9800 millones al FMI con reservas del Banco Central

Presidenta 2007-2015

Luego de su derrota en las legislativas de 2009, creó la Asignación Universal por Hijo con fondos de la Anses

Continuó con el congelamiento de las tarifas, en un contexto de aceleración de la inflación y manipulación del Indec

Presidente desde 2015

Al igual que en 2017, acaba de lanzar un programa de créditos para jubilados y beneficiarios de la AUH con tasa subsidiada

Congeló precios en 64 productos básicos, postergó aumentos de tarifas y relanzó Procrear para otorgar 10.000 créditos

Por Esteban Lafuente

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