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El debate por una nueva edad para jubilarse se da en la Argentina y el mundo
Mientras que sus defensores argumentan que a los 65 años se es joven y productivo, sus detractores dicen que atenta contra derechos fundamentales
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La sola mención de la posibilidad de elevar dos años más la edad jubilatoria pone los pelos de punta a los representantes sindicales, que no quieren saber nada con lo que –según apuntan– sería un avance sobre los derechos laborales.
Fuentes del Ministerio de Trabajo señalaron a LA NACION que esta reforma (que elevaría a 67 años en el caso del hombre y a 62 en la mujer) no es una prioridad en la agenda inmediata del Gobierno, pero que "es un tema que se planteó" y que podría "estudiarse" más adelante.
El envejecimiento biológico de la sociedad, en cierto modo, hace que el debate sea ineludible, ya que la masa de aportes activos al régimen empieza a escasear frente a la expansión de la población de jubilados a la que el sistema de seguridad social debe retribuir. A esto se suma que, a medida que aumentan los pasivos del sistema, la economía argentina –tanto en el sector privado como el público– empieza a mostrar indicios de contracción en la Población Económicamente Activa (PEA), lo que se traduce en menos aportes para financiar el régimen jubilatorio.
A cara de perro, desde el sindicalismo contestan que "la variable de ajuste no deben ser los jubilados". El secretario de Seguridad Social de la CGT Azopardo, Leonardo Fabre, esgrime que "la edad jubilatoria es la correcta" y advierte que el Gobierno busca extender el tope porque "para ellos, la jubilación es un gasto y no una inversión".
En la misma sintonía, la secretaria de Previsión Social de la CTA Autónoma, Lidia Meza, sostiene que el contexto de conflictividad que asomó con fuerza el 29 de abril no se presta a que el Gobierno pretenda seguir haciendo olas insinuando una reforma previsional de estas características.
En los últimos años varios países del mundo desarrollado acusaron recibo tanto de la crisis de los Estados como de la expansión de las esperanzas de vida de la población, de manera que resolvieron correr la edad jubilatoria. Es así como España encaró en 2013 una reforma previsional que elevó el piso de aportes a 35 años y la edad jubilatoria a 67, tanto para hombres como para mujeres. Del mismo modo, en 2012 Italia la fijó en 66 años y determinó que a partir de 2018 se unificará el requisito para uno y otro sexo, por lo que las mujeres también deberán llegar a esa edad para poder jubilarse. También Holanda y Dinamarca se acogieron al mismo criterio y pasaron de los 65 a los 67 años. Y en el mismo sentido, Francia elevó en 2010 de 60 a 62 años el umbral para empezar a recibir haberes previsionales, a pesar de ser un país con una vasta tradición de protección de derechos laborales. La excepción fue Alemania, que en 2014 dispuso reducir de 67 a 63 años, aunque acotado a aquellos trabajadores que hubieran aportado durante 45 años.
Los cambios jurídicos en materia de seguridad social en Europa tienen como telón de fondo, según ilustra la jefa del área de Seguridad Social y Empleo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Julieta Ghioldi, una "nueva realidad demográfica caracterizada por la proporción en aumento de personas mayores dentro de la población", lo que en definitiva acarrea una "elevación de la tasa de cobertura previsional".
La funcionaria cita un informe de la Organización Mundial de la Salud que pronostica que en 2050 habrá en el mundo alrededor de 2000 millones de personas con 60 años o mayores, de las cuales 400 millones tendrán 80 años o más. A su vez, entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 se duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo etario pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo.
Haciéndose eco de esta realidad, el presidente de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), Daniel Funes de Rioja, destaca que "la tendencia que se observa hoy en los países del G20 es a ampliar las edades jubilatorias y mantener activas a poblaciones etarias que antes eran consideradas fuera del mercado laboral".
El abogado, que también es presidente de la Copal y vicepresidente primero de la UIA, analizó que esta "tendencia" tiene una doble explicación. Por un lado, explica que "desde el punto de vista financiero, los sistemas jubilatorios no aguantan" dado que "al mercado laboral entran muchos menos de los que salen por jubilación", a lo que se suma el hecho de que "los que se jubilan viven más". En segundo término, y al margen de los aspectos de sustentabilidad financiera del régimen, anota que hay una tendencia al alargamiento de la "vida útil" del trabajador producto de las mejoras en las expectativas de vida y a la condición de salud y estado físico a la que se llega en el momento de la jubilación. El trabajador no suele orillar los 65 a duras penas y con la última gota del tanque, sino que todavía tiene resto para prolongar unos años más su servicio a la sociedad.
Para Ghioldi, "una medida de esta envergadura (suba de la edad jubilatoria) no debe ser evaluada en forma aislada, sino que por el contrario debe ser armónica con todas y cada una de las partes que conforman el sistema de seguridad social, las que además deberían ser acompañadas por medidas de protección y generación de empleo joven".
Pensión universal a la vejez
A principios de junio, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para que todas las personas de 65 años o más que no cobren ninguna prestación tengan una pensión.
Se da de baja entonces la moratoria previsional que permitía jubilarse a las personas que no tenían los años estipulados por ley de aportes, y que descontaba una parte de lo recibido hasta completar la deuda pendiente. En reemplazo accederán a una asignación universal que alcanza el 80% del haber mínimo jubilatorio.
"De vez en cuando una moratoria es muy buena porque es la ambulancia que levanta a los heridos que deja la informalidad laboral", destaca Fabre, que aclara que "las moratorias no eran gratuitas", dado que el jubilado estaba obligado a pagar a la AFIP una cuota durante una cantidad de tiempo para "comprar los años" de aportes que le faltaban a fin de llegar a los 30 reglamentarios.
"La idea es mantenerle a la gente un monto de asignación, pero también premiar a aquellos que toda su vida se esforzaron y aportaron", dicen desde la cartera laboral.
Tal como publicó LA NACION, la pensión daría derecho a las prestaciones del PAMI. Quien la cobre podría trabajar y reunir aportes para pedir después su jubilación. En el Gobierno estiman que en el primer año podrían otorgarse unos 60.000 beneficios.
Según la propuesta del Poder Ejecutivo, la posibilidad de acceder a la nueva pensión estaría limitada en el tiempo: la solicitud debería hacerse en los tres años siguientes a la aprobación de la ley. Pasado ese tiempo el Gobierno apuesta a poner en marcha una reforma jubilatoria integral, pero en el mientras tanto, planea diferenciar a quienes tienen la totalidad de los aportes, de quienes no los tienen. Los primeros, tendrán su jubilación, los segundos, una pensión que además les permita cobrar y seguir trabajando.ß
