El derecho a saber cuánto pagamos de impuestos sigue avanzando demasiado lento

Los argentinos pagan impuestos todos los días, pero en la mayoría de los casos desconocen cuánto representan dentro del precio que abonan. El Régimen de Transparencia Fiscal nació precisamente para revertir esa situación: que cada consumidor pueda saber qué parte del precio corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales.

El Estado Nacional cumplió con la obligación que le imponía la Ley 27.743. Sin embargo, a más de dos años de su vigencia, de las 24 jurisdicciones provinciales, apenas cinco adhirieron al régimen y solo cuatro lo reglamentaron para hacerlo operativo. En el ámbito municipal el panorama es todavía más elocuente: de más de 2000 municipios argentinos, únicamente la ciudad de Salta decidió incorporarlo.

Las provincias adheridas son Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut y Santa Fe. Sin embargo, solo las cuatro primeras reglamentaron su implementación, mientras que Santa Fe aún mantiene pendiente ese paso indispensable para que el sistema pueda comenzar a aplicarse efectivamente.

La principal novedad es que la ciudad de Salta se convirtió en el primer municipio del país en incorporar el régimen mediante la reforma de su Carta Orgánica. Se trata de un hecho institucional relevante porque amplía el principio de transparencia también a las tasas municipales.

Un aspecto que merece destacarse es que la escasa adhesión de los municipios no obedece, en muchos casos, a una decisión propia. La posibilidad de incorporar el Régimen de Transparencia Fiscal depende, en primer lugar, de que la provincia respectiva adhiera a la Ley 27.743. En tanto ello no ocurra, los municipios carecen de un marco jurídico que les permita avanzar en esa dirección. Por esa razón, la Ciudad de Salta constituye hoy una excepción, ya que pertenece a una provincia que se encuentra transitando ese proceso. En cambio, mientras la provincia de Buenos Aires no adhiera al régimen, ninguno de sus 135 municipios podrá implementar la Trasparencia Fiscal respecto de las tasas municipales, privando a millones de contribuyentes, donde vive cerca del 40% de la población argentina, de conocer con precisión la carga tributaria que soportan en sus consumos.

La Transparencia Fiscal no crea nuevos impuestos, no reduce la recaudación ni altera las potestades tributarias de las provincias o los municipios. Simplemente devuelve a los ciudadanos un derecho básico: conocer cuánto pagan de impuestos cada vez que realizan una compra. Ese derecho a la información constituye uno de los pilares para una relación más equilibrada entre el Estado y los contribuyentes.

Ese derecho a la información constituye un principio esencial de toda democracia moderna. Un ciudadano informado puede comprender mejor el verdadero costo de la presión tributaria, exigir mayor eficiencia en la administración de los recursos públicos y participar con más elementos en el debate sobre la calidad del gasto estatal. La opacidad, en cambio, favorece la indiferencia y debilita el control ciudadano.

Resulta llamativo que una herramienta concebida exclusivamente para transparentar información encuentre todavía tan escasa adhesión. Ello demuestra que persisten importantes resistencias a hacer visible el peso real de los tributos provinciales y municipales sobre los precios que pagan diariamente los consumidores.

La transparencia fiscal no debería depender de la voluntad política de unas pocas jurisdicciones. Debería convertirse en un estándar institucional para todo el país, porque una ciudadanía plenamente informada es una condición indispensable para fortalecer la calidad institucional, mejorar la relación entre el Estado y los contribuyentes y consolidar un sistema tributario más transparente y responsable.

Conocer cuánto se paga de impuestos no es un privilegio del contribuyente: es un derecho del ciudadano.

Por César Litvin

• Impuestos
• Política económica

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