El Gobierno acordó una suba del gas, pero luego la postergó

En menos de 24 horas, el Ministerio de Planificación relativizó los alcances de un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial en el que se establecía un ajuste de tarifas de gas para los hogares clientes de la distribuidora Gas Natural BAN.

A través de la Unidad de Renegociación de Contratos (Uniren), el Poder Ejecutivo había acordado con la empresa la aplicación de un aumento de hasta 15% en las tarifas "para todos los usuarios de la empresa", y no sólo para los industriales y comerciales, como ha sido hasta ahora la política de ajuste con otras empresas de servicios públicos. A cambio, Gas Natural BAN (empresa de origen español en la que participan Repsol YPF y La Caixa) suspendió su demanda ante el tribunal internacional del Ciadi y prometió inversiones por 43,6 millones de pesos hasta fin de este año.

El decreto 385, publicado ayer, no indica a partir de cuándo se hará efectivo el aumento, pero precisa que será retroactivo al 1° de noviembre del año pasado en el caso de los consumos industriales y al 1° de enero de este año en el caso de los clientes residenciales. Y especifica que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) es el encargado de poner fecha y definir el cuadro tarifario correspondiente.

A media tarde, LA NACION pidió precisiones al Enargas sobre cuándo se aplicaría la resolución y si quedarían excluidos los usuarios residenciales de menores recursos (lo que se conoce como tarifa social). En el ente regulador dijeron que todavía no tenían directivas sobre el tema. A los quince minutos, un vocero del ministro de Planificación, Julio De Vido, llamó a LA NACION para decir que no había fecha de aplicación del aumento.

Tres horas más tarde, el mismo funcionario dio la nueva precisión: "No habrá aumentos hasta el año que viene para los usuarios residenciales y tampoco se hará en forma retroactiva", dijo, pese a que en el Boletín Oficial se publicó otra cosa. Agregó que seguramente las nuevas condiciones serían pactadas entre el Enargas y la empresa en las próximas semanas, "igual que sucedió en otras renegociaciones de servicios públicos". Salvo en el caso de los peajes, en ningún otro caso se incluía a los consumidores residenciales en los ajustes.

Ejecutivos de distintas empresas de servicios públicos habían dicho a LA NACION que era "muy difícil" que se les aumentara el gas a los hogares este invierno, debido principalmente a la preocupación oficial por la marcha de la inflación. "Esto es una negociación técnica, pero en el medio se transforma en una decisión política, y tal como están las cosas con la inflación no creo que aumenten las tarifas a los hogares", dijo un empresario del sector.

En el Enargas, mientras tanto, el acuerdo alcanzado entre la Uniren y Gas Natural BAN puso de mal humor a sus funcionarios, debido al papel que le toca desempeñar al organismo de control. "Ahora me van a pedir a mí que pare el aumento después de que le prometieron otra cosa a la empresa", se lo oyó protestar a Fulvio Madaro, actual interventor del ente regulador.

De hecho, para hoy está prevista una reunión entre los técnicos y los economistas del ente para tratar de definir de qué manera se excluye del ajuste a los hogares.

La negociación entre el Gobierno y las empresas de servicios públicos privatizados, especialmente las gasíferas, ha atravesado varias etapas. En particular con Gas Natural BAN, empresa que en marzo del año pasado informó, por boca de Repsol YPF, principal accionista de su casa matriz, que renunciaría al Ciadi, pese a lo cual las conversaciones se alargaron hasta ahora.

El aumento concedido a la empresa es del 25% en el valor agregado de distribución (VAD), que se traduce en un impacto como máximo de un 15% en las facturas que pagan los clientes. En la empresa habían precisado que ese ajuste se traducía en un aumento de 2 pesos en promedio por cada factura.

Las facturas de gas y electricidad están compuestas por el precio de la energía, más el transporte y el valor de distribución. A eso se suman los impuestos. Hasta ahora, por ejemplo, en la renegociación con las empresas distribuidoras de electricidad, como Edelap, Edenor y Edesur, los aumentos no alcanzaron a los hogares.

Gas Natural BAN es la empresa distribuidora de gas de la zona norte de la Capital Federal, que abastece a 1.300.000 clientes, de los cuales 1100 son industrias. Hasta ahora mantuvo una dura negociación con la Unidad de Renegociación de Contratos, que preside Gustavo Simeonoff, ya que la empresa quería una suba de un 36%, y, además, no podía garantizar que los accionistas minoritarios retiraran sus reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal del Banco Mundial.

La española Gas Natural posee el 51% de la sociedad controlante de Gas Natural BAN. El otro 49% es de accionistas minoritarios, entre ellos, la norteamericana LG& E, que había reclamado ante el Ciadi una compensación por pérdidas de US$ 268 millones. El control se reparte entre La Caixa y la petrolera Repsol YPF.

Con este acuerdo, el Gobierno parecía haber vencido la resistencia del grupo de las 9 distribuidoras gasíferas con las que viene manteniendo una difícil negociación desde el año pasado. Sin embargo, en el mercado todavía dudan acerca de la aplicación del ajuste. "Estamos esperando para ver cómo se aplica el acuerdo con Gas BAN", precisaron en otra gasífera. Aunque en todas las empresas destacan la voluntad de negociación, no siempre se puede. El holding Camuzzi, por ejemplo, que la semana pasada firmó la suspensión de su demanda ante el Ciadi por Transpa, la transportista de alta tensión de la Patagonia, todavía no logró que su socio norteamericano de Sempre aceptara desistir en el Ciadi de las demandas por Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur.

Por Por Josefina Giglio <br/> De la Redacción de LA NACION

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