El Gobierno apelará el fallo contrario al aumento de tarifas
Duhalde teme un desabastecimiento
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El presidente Eduardo Duhalde adelantó ayer que apelará el fallo de la Justicia que suspendió la suba de las tarifas de luz y gas, ya que consideró que "no podemos dejar el campo minado al próximo gobierno".
"Ya hay riesgo con el abastecimiento y la inversión", por lo tanto "es una situación riesgosa y hay que tener mucho cuidado y ser equilibrados", dijo el Presidente al ingresar en el predio de Parque Norte para disertar en el cierre de la Jornada del Nuevo Consenso para la Producción y el Trabajo, y agregó que "el Gobierno será respetuoso de los fallos".
Mientras tanto, las empresas de gas y electricidad deben dar marcha atrás con los aumentos que aplicaron desde el 1° del actual, por lo que en muchos casos las facturas de estos 26 días serán tasadas con el aumento, pero no así el resto.
Los técnicos del Ministerio de Economía ya estarían trabajando en el texto de la apelación de la resolución mediante la cual la jueza Claudia Rodríguez Vidal suspendió los aumentos de las tarifas de gas y energía eléctrica, aprobados por el Gobierno mediante un decreto de necesidad y urgencia.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal deberá, consecuentemente, revisar la decisión de Rodríguez Vidal para luego confirmar o revocar el fallo que frenó los aumentos. La magistrada dejó sin efecto el decreto 146/03, que autorizó la suba de tarifas, al hacer lugar a una medida cautelar requerida por un foro integrado por ocho asociaciones de usuarios y consumidores.
Pero el Gobierno decidió recurrir a la Cámara para insistir en la aplicación del decreto por el cual a partir del 30 de enero se aplicaron aumentos del 9% en promedio en la facturación del servicio de energía eléctrica y del 7,2% en la provisión de gas.
Por su parte, la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, calificó la decisión de la magistrada de "ejemplar" y recordó que, en su resolución, Rodríguez Vidal "condenó la preocupación del Gobierno por los ingresos de las empresas y nada dice sobre los ingresos de quienes deberían soportar los aumentos". En el fallo, la jueza dijo que "resulta francamente inexplicable la preocupación que demuestra el gobierno nacional en impedir el deterioro de la relación ingreso-egreso de las empresas concesionarias (de los servicios públicos) sin que igual preocupación se demuestre respecto del ingreso de los habitantes".
Rodríguez Vidal destacó que, una vez aplicado el nuevo cuadro tarifario, "sería imposible revertir el daño que sobrevendría" en los bolsillos de los usuarios.
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