El Gobierno revisará un fondo que administró una exfuncionaria de La Cámpora
No se sabe cuánto dinero quedó ni para qué se usaron las transferencias realizadas desde Hacienda, según consta en el Boletín Oficial; recibía los ingresos de funcionarios que por ejercer un segundo cargo no percibían ese honorario, sino que los absorbía este Fondo
LA NACION
El Gobierno cree que está a las puertas de un posible nuevo escándalo que salpicaría a la administración de Alberto Fernández en una arista que golpea a la exvicepresidenta Cristina Kirchner. Se trata del indescifrable destino, al menos por ahora, de fondos que manejó Fernanda Raverta, titular de Anses en aquella época. Raverta era una referente de La Cámpora, la agrupación que creó Máximo Kirchner.
El Gobierno encomendó a la Unidad de Auditoría Interna de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) “determinar el saldo remanente” en el Fondo de Afectación Específica para la Recuperación, la Producción y el Desarrollo Argentino (FAE), según publicó en el Boletín Oficial hoy.
También ordenó “auditar la utilización, justificación y gastos financiados con dicho Fondo, a fin de establecer si se ha dado estricto cumplimiento a la finalidad y régimen legal aplicable a su gestión”.
Esto demuestra que, hasta el momento, el gobierno de Javier Milei desconoce cuánto dinero quedó en el FAE y para qué se utilizaron sus recursos. Un dato que ayuda a responder esas preguntas es el que revela una ampliación presupuestaria de noviembre del año pasado, cuando los por entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aprobaron sumar $139.535 millones al programa que incluía a este Fondo.
Una fuente vinculada a Anses le dijo a LA NACION que “es rara” esa ampliación presupuestaria dado que el FAE tenía otras fuentes de financiamiento, a través de los salarios de directores o directoras de sociedades en las que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene participación.
De hecho, el Ministerio de Economía es el origen de los recursos del FAE. La ley que creó dicho fondo estipuló que su financiamiento provendría de “las transferencias de los honorarios que perciban los funcionarios públicos o las funcionarias públicas que ejerzan un cargo en la Administración Pública Nacional y que sean designados o designadas como directores o directoras en las sociedades, fideicomisos o fondos comunes de inversión donde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenga participación accionaria”.
Tras la estatización de las AFJPs, el Estado pasó a ser accionista de algunas de las principales empresas del país. En esta lista están, por ejemplo, Siderar, Consultatio, Molinos, Quickfood y el Banco Macro, entre muchas otras compañías. El Estado nombra directores en ellas. Por ese desempeño, reciben un ingreso. Con parte de ese ingreso, se nutre el fondo que está en la mira del Gobierno.
Así los sostiene su reglamentación, publicada en una resolución del 2021 firmada por el director de Asuntos Societarios de ANSES, Benjamín Navarro. Un año más tarde, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, ratificó tal reglamentación y designó a su jefe de asesores al frente del mismo.
Según esa documentación, el FAE recibía el salario que les hubiera correspondido a los directores o directoras en sociedades, fideicomisos y fondos fiduciarios públicos con participación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que ya tenían un cargo en la Administración Pública.
Por lo tanto, ese funcionario público percibía sus ingresos por cualquiera fuera su función, pero no por ser director/a en la tarea vinculada al FGS.
A su vez, otra fuente de financiamiento de este Fondo de Afectación Específica es el excedente del salario de “directores o directoras que no ejerzan un cargo en Administración Pública”.
La línea a partir de la cual comienza a computarse tal excedente equivale a 7,5 veces el aporte que le corresponde a un trabajador autónomo de la quinta categoría.
En marzo de 2021, cuando esto fue reglamentado por ANSES, el salario máximo que podía percibir un director implicado en el FAE, sin cargo público previo, era de $121.938,6. Desde ese monto hacia arriba sería absorbido por el fondo en cuestión. A números de hoy, tal cifra asciende a $796.933,2.
LA NACION se contactó con ANSES para conocer detalles sobre cuánto dinero administró el FAE y para qué lo hizo, pero desde dicha dependencia respondieron que eso lo conocerán con la auditoría ordenada por el Gobierno.
Asimismo, la por entonces directora de ANSES, Fernanda Raverta, no se pronunció al respecto. Sus voceros tampoco respondieron las consultas enviadas por LA NACION.
El FAE fue creado en noviembre de 2020, cuando el Congreso aprobó la “Ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS)”. En dicha normativa, el por entonces gobierno de Alberto Fernández habilitaba pagar jubilaciones y pensiones con dinero del FGS a fin de contener el impacto provocado por la pandemia.
“La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dictará las normas reglamentarias que resulten necesarias para el funcionamiento de dicho fondo.”, dictaminó esa ley con relación al FAE.
El extitular de ANSES, Osvaldo Giordano, quien detectó el escándalo de los seguros y dejó el cargo hace un mes, a propósito de su breve experiencia en el organismo, publicó en X que pudo comprobar desde adentro que “la vara en materia de gestión pública está muy baja”.
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