El Gobierno autoriza formalmente la toma de deuda por hasta US$5000 millones con jurisdicción en los tribunales de Nueva York
La medida fue publicada en el Boletín Oficial; forma parte de la estrategia oficial para acceder a financiamiento externo con respaldo de organismos multilaterales
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LA NACION
El Gobierno autorizó hoy la realización de operaciones de endeudamiento público por hasta US$5000 millones y habilitó la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York para los contratos vinculados a esas operaciones. La medida fue oficializada mediante el decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La decisión se enmarca en la estrategia diseñada por el Ministerio de Economía para acceder a financiamiento internacional con respaldo de organismos multilaterales y a tasas más bajas que las que debería asumir el Gobierno en una colocación tradicional de deuda en los mercados.
En los últimos días, el Banco Mundial aprobó un esquema de garantías por US$2000 millones y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) autorizó otra garantía de hasta US$550 millones, destinada a facilitar una operación que podría movilizar hasta US$1200 millones de financiamiento privado para el país.
Según explicó el Ejecutivo, el objetivo es reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante préstamos otorgados por entidades financieras internacionales que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma autoriza al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a incorporar cláusulas de prórroga de jurisdicción en favor de tribunales federales y estaduales del estado de Nueva York.
La disposición implica que el país renuncia a invocar la inmunidad de jurisdicción ante eventuales reclamos judiciales relacionados con los contratos alcanzados por estas operaciones. La utilización de tribunales neoyorquinos es una práctica habitual en los contratos de financiamiento internacional y suele ser requerida por acreedores e instituciones financieras para otorgar mayor previsibilidad jurídica a las operaciones.
No obstante, el texto establece límites específicos para resguardar determinados activos del Estado. En particular, mantiene la inmunidad de ejecución sobre las reservas y cuentas del Banco Central (BCRA), los bienes del dominio público ubicados en territorio nacional, los activos afectados a servicios públicos esenciales o declarados de utilidad pública por el Congreso, los bienes protegidos por privilegios diplomáticos y consulares, los recursos vinculados a la defensa y la seguridad, los bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación y los ingresos provenientes de impuestos y regalías adeudadas al Estado nacional.
La reglamentación también faculta al Ministerio de Economía a definir los plazos, modalidades y monedas de las operaciones. Además, podrá designar a las entidades financieras participantes, suscribir los acuerdos correspondientes, afrontar el pago de comisiones y contratar agentes fiscales o calificadoras de riesgo.
Fuentes oficiales sostienen que las líneas respaldadas por organismos multilaterales permitirían obtener financiamiento a tasas significativamente inferiores a las que pagaría actualmente el Gobierno en una emisión soberana convencional, en línea con los compromisos financieros previstos en el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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