El Gobierno avanza con los aumentos en las tarifas de gas y electricidad

La Secretaría de Energía puso en marcha hoy el aumento de las tarifas de gas y electricidad que se pagarán a partir de lo consumido en junio. En el primer caso, el incremento para los usuarios que no tengan tarifa social será de entre 18,55% y 25%, mientras que en la luz serán de 16,53% en promedio. Ahora solo resta que lo convaliden el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), al mando, respectivamente, de Federico Bernal y Soledad Manin, que responden a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que hasta ahora se viene oponiendo a la idea de aplicar aumentos significativos.

Hoy, mediante la resolución 2022-403, la Secretaría de Energía habilitó un aumento de 41,7% en el precio del gas en boca de pozo. Este alza implica entre 18,55% y 25%% de aumento en la tarifa que pagarán los usuarios, puesto que la producción de gas explica un 39% de lo que se cobra en la factura final (los impuestos representan otro 27%; las distribuidoras, 24%, y el transporte, 10%).

En tanto, en el caso de la electricidad hubo una resolución similar, en la que se consignó que la adecuación de los precios implicará un incremento para las empresas productoras de 21,6%. Al igual que ocurre con el gas, en este caso tampoco se traslada todo ese incremento a la factura final que pagará el usuario, ya que hay también otros componentes que forman el precio de la electricidad que llega a los hogares.

En el Ministerio de Economía señalaron que tanto en gas como en electricidad se cumplen estrictamente con las pautas que instruyeron el ministro y el Presidente: que las correcciones tarifarias sean inferiores a la variación de los ingresos de la gente. “Los valores de actualización firmados son los que establece el programa económico trazado por el Ministerio de Economía”, agregaron. Por ahora, nada se especificó sobre la segmentación de tarifas, que iba a implicar que el 10% de los usuarios con mayor poder adquisitivo pagaría el precio total del gas, sin subsidio. Consultadas sobre esto, fuentes oficiales respondieron que esa segmentación vendrá más adelante. “Es un paso posterior”, remarcaron.

En su momento, Adigas, la cámara que agrupa a las distribuidoras, mencionó en una de sus presentaciones en las audiencias públicas donde se trató este tema, que poner en práctica la segmentación de tarifas iba a implicar una demora de por lo menos dos meses.

Fuentes de la industria del gas comentaron que, de acuerdo a lo que se indicó en la resolución de Energía, no habrá problema alguno con los tiempos para poner en práctica los nuevos valores, puesto que “seguramente el Enargas dará su aprobación la semana que viene, después las distribuidoras aplicarán entre un 18,55% y 25% de aumento en las facturas que los usuarios recibirán recién en julio, ya que el incremento rige a partir de los consumos de junio”.

De todos modos, hay que recordar que la magnitud de la actualización de tarifas impulsada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, no cuenta con el beneplácito del ala kirchnerista del Gobierno. Por eso, más allá de lo que se estime en la industria, habrá que esperar la evaluación que harán el Enargas y el ENRE que, como se dijo, tienen al frente funcionarios que responden a Cristina y a La Cámpora.

Fuentes del sector también remarcaron que este aumento lo recibirá enteramente el productor, ya que ningún porcentaje de eso les fue otorgado a las empresas transportadoras (TGS y TGN, entre otras) y distribuidoras (Metrogas, Gas Natural Ben, Gasnor, entre otras).

Reducción de subsidios

De esta manera, Economía empieza a recorrer el tortuoso camino de la reducción de subsidios energéticos, que son uno de los principales componentes del gasto público y, por lo tanto, grandes responsables del déficit fiscal que, en su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se comprometió a bajar.

La cantidad de personas que dejarán de recibir subsidios en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son 921.778 titulares en el caso de la energía eléctrica y 760.600 en el caso del gas residencial, según el cruce de la información provista por empresas distribuidoras, entes y autoridades regulatorias con la información disponible en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) sobre ingresos y patrimonio.