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El Gobierno busca usar un millonario fondo para cerrar la brecha digital
El Enacom destinará $100.000 millones de lo que solía ser el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) para apoyar a pymes TIC y operadores mayoristas
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LA NACIONMaría Julieta Rumi
En las próximas horas, se publicarán en el Boletín Oficial dos resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para poner en uso dinero que solía destinarse al Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU).
Cabe recordar que, a principios de este año, el Gobierno eliminó el FFSU por “ineficiencias en la utilización de recursos”, aunque pocos días después, el Enacom ratificó la obligación de las compañías Claro, Telefónica y Telecom de seguir aportando un 1% de su facturación anual, con el objetivo de sostener la política pública de garantizar el acceso al Servicio Universal. A la fecha, lo recaudado asciende a aproximadamente $180.000 millones.
De ese total, se destinarán $40.000 millones a un programa de apoyo a pymes TIC y $60.000 millones a otro orientado al despliegue de una red mayorista neutral.
El programa para pymes TIC apunta al desarrollo de redes de fibra óptica y tecnología 5G. Según el Enacom, beneficiará directamente a hogares, escuelas, hospitales y comercios en todo el país, y fomentará además el desarrollo de inteligencia artificial y la creación de centros regionales de datos. En paralelo, la red mayorista neutral permitirá la instalación de infraestructura crítica de uso compartido y fortalecerá el ecosistema de operadores TIC, promoviendo la competencia y la eficiencia del sector.
En lugar de otorgar subsidios, el organismo brindará créditos con tasa subsidiada, y los interesados deberán presentar proyectos que serán evaluados y aprobados.
“Por primera vez se va a poder medir de verdad la reducción de la brecha digital, porque los proyectos van a tener trazabilidad. Se van a auditar todos los procesos para garantizar el control del destino de los fondos y asegurar que se cumplan los objetivos”, explicaron desde el Enacom.
A comienzos de la gestión libertaria, el interventor del organismo, Juan Martín Ozores, realizó una auditoría que concluyó que se había ejecutado menos del 50% de los fondos del FFSU. Además, se detectó la distribución de Aportes No Reembolsables (ANR) en zonas ya cubiertas por internet, como el AMBA, y que se avalaron costos por hogar conectado entre cinco y seis veces más altos que los estándares.
El viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial el decreto 448/2025, que prorrogó la intervención del Enacom hasta el 4 de enero de 2026.
Según los considerandos de la norma, el Ejecutivo resolvió que Ozores continúe al frente de la intervención, con rango y jerarquía de secretario, para finalizar tareas vinculadas a la revisión de procedimientos, la actualización de normas regulatorias, la optimización del uso del espectro radioeléctrico y la redefinición de la estructura orgánico-funcional.
La prórroga, que rige desde el 8 de julio de 2025 hasta principios de enero del año próximo, contempla la continuidad de los procesos de diagnóstico y auditoría. Entre los principales ejes de trabajo figuran la implementación de comisiones técnicas y grupos especializados para revisar en detalle los concursos de servicios audiovisuales, el régimen de licencias, la calidad de los servicios y los procedimientos sancionatorios aplicables a los prestadores del sector.
El texto oficial señala que la intervención permitió avanzar en la identificación de superposiciones de funciones, discrecionalidad en el manejo de recursos y deficiencias normativas que obstaculizan la gestión eficiente del ente regulador. Además, se plantea la necesidad de diseñar e instrumentar manuales de procedimientos para unificar criterios, simplificar trámites y establecer metas claras de gestión.
En cuanto al espectro radioeléctrico, se prevé relevar el estado y la disponibilidad de las bandas, y planificar medidas para optimizar su utilización en línea con las tendencias internacionales, la evolución tecnológica y la promoción de la competencia.
El Poder Ejecutivo remarcó en la normativa que la reconfiguración del ente regulador debe contemplar la actualización de su estructura y funcionamiento, alineada con principios de legalidad, eficiencia, control y planificación estratégica. En esa línea, se subrayó que la intervención tiene entre sus mandatos no solo funciones de administración y gobierno, sino también la capacidad de ejecutar reformas regulatorias y funcionales.
La disposición, firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, destaca que la continuidad de Ozores al frente de la intervención busca asegurar la ejecución coherente de las auditorías y reformas en curso. De cumplirse los plazos establecidos, la intervención sumará un año completo más desde la decisión original de intervenir el ente, anunciada en enero de 2024, y buscará cerrar una etapa de transición hacia una estructura más alineada con las necesidades de regulación en un mercado en constante evolución tecnológica.
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