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El gobierno de Cristina Kirchner busca la ruina financiera de la prensa independiente
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La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, considera que los adolescentes de 16 años deben votar, y en octubre sus aliados en el Congreso redujeron la edad mínima para votar de 18 a 16 años para que lo puedan hacer. El objetivo, en palabras de una kirchnerista, es "ampliar la base electoral de nuestra democracia".
Se estima que un millón de argentinos son parte de este nuevo electorado. La mayoría de ellos tiene poca experiencia ganándose la vida. Eso los convierte en el blanco demográfico perfecto para el partido de la Presidenta a medida que la economía se viene abajo antes de las elecciones legislativas programadas para octubre.
De todos modos, a la hora de inclinar la balanza a su favor, la Presidenta no está dejando el resultado en manos de un grupo de chicos. Ha seguido el ejemplo de Hugo Chávez y busca llevar a la quiebra a los medios libres e independientes cortando su acceso a la publicidad.
La oposición argentina ha realizado un constante esfuerzo para persuadir a los votantes de que el país va por el mal camino y los detractores se muestran activos en las páginas de opinión de los diarios independientes. Los artículos noticiosos que aparecen en esos diarios tampoco ayudan a la Presidenta. La semana pasada, por ejemplo, el diario El Cronista informó que "el Vaticano confirmó que la diplomacia argentina en Italia redactó y distribuyó entre ciertos cardenales un dossier sucio para bloquear la posible designación de Jorge Mario Bergoglio como sucesor de Benedicto XVI".
Los diarios independientes también reportan sobre la inflación, que según algunos economistas llegará a 25% este año. El peso, actualmente 40% más débil en el mercado negro que el tipo de cambio oficial, se hunde en una espiral descendente. Los intentos del Gobierno para frenar la fuga de capitales con controles cambiarios sólo aumentan el temor a una marcada devaluación.
El reciente anuncio del gigante minero brasileño Vale de que su planeado proyecto de potasio de US$ 6000 millones en la provincia de Mendoza ya no es viable refleja la pérdida de confianza empresarial. La compañía, que ya ha invertido US$ 2200 millones, paralizó las obras en diciembre, argumentando dificultades debido a la inflación argentina, un peso sobrevalorado y crecientes demandas de los sindicatos y gobiernos locales. Ahora, ha suspendido el proyecto y el Gobierno planteó la posibilidad de nacionalizar la inversión.
La debacle del modelo económico de Kirchner explica el gran esfuerzo del Gobierno para destruir a la prensa independiente. No es que su gobierno haya sido alguna vez un modelo de tolerancia. Se han iniciado acciones penales contra ejecutivos de diarios por editoriales que no fueron de su agrado, se ha intentado obtener el control del suministro nacional del papel y se ha promulgado una ley que politiza la concesión de licencias de radiodifusión y la venta de espectro. Tampoco hay que olvidar una redada de unos 200 agentes tributarios al diario Clarín en septiembre de 2009 y el despliegue de fuerzas prokirchneristas para bloquear la distribución de algunos diarios que no adhieren al Gobierno.
Ahora, la Presidenta está tratando de arruinar financieramente a sus críticos en la prensa. Una herramienta es el presupuesto publicitario de más de US$ 100 millones que tiene el Gobierno, sin incluir los fondos mucho mayores del programa Fútbol para Todos, que distribuye las transmisiones de partidos. Un análisis del diario LA NACION del gasto en 2012 frente a 2011 muestra un incremento de 65,3% en las compras de espacio para anuncios públicos y, más comúnmente, propaganda del Gobierno en los diarios y revistas del país. No obstante, los cuatro grupos editoriales independientes más importantes del país-Clarín, LA NACION, El Cronista y Perfil- publicaron menos publicidad del Gobierno el año pasado. LA NACION perdió un sorprendente 83%, mientras que la reducción en El Cronista fue de 48%; en Clarín, de 37%, y en Perfil, de 12 por ciento.
El castigo no termina ahí. En una reunión realizada el 4 de febrero, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ordenó a las cadenas de supermercados congelar los precios durante 60 días. Según un artículo de Clarín del 3 de marzo, Moreno también indicó a los comerciantes presentes que dejaran de comprar publicidad impresa en los medios de Buenos Aires y sus alrededores. De acuerdo con el informe, el funcionario dijo que el boicot incluiría a empresas que venden electrodomésticos y electrónicos.
Inicialmente el Gobierno negó que hubiera decretado tal medida. Pero, según Clarín, los minoristas contaron que están bajo órdenes estrictas de no comprar avisos en diarios independientes de la Capital y el conurbano. Clarín señaló que no obedecer dichas órdenes, aunque no sean leyes, puede ser costoso. Las empresas temen represalias del Gobierno en la forma de inspecciones tributarias, la suspensión de licencias de importación y demandas judiciales en nombre de la protección del consumidor.
Otras empresas parecen haber recibido instrucciones similares. De acuerdo con Clarín, el grupo español Telefónica, que tenía una orden fija de compras de espacio publicitario en sus publicaciones, ha cancelado todos sus anuncios para este año. Sólo la pérdida del negocio de Telefónica le costará al diario unos US$ 5 millones este año.
Sin publicidad, todos estos diarios tendrán a la larga que cerrar. Si eso ocurre, los lectores argentinos se quedarán con los periodicuchos del Gobierno, y el país -incluyendo los electores de 16 años- habrá perdido su libertad.
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