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El Gobierno destraba el avance de una inversión millonaria en San Juan
El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) le otorgó a Vicuña el certificado para construir la infraestructura de alta tensión que necesita para operar sus yacimientos de cobre en la cordillera sanjuanina; la resolución rechazó los reclamos de San Juan, La Rioja y otras mineras de la región
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LA NACIONSofía Diamante
Después de meses de disputa, la empresa minera Vicuña obtuvo hoy el visto bueno del ente nacional de electricidad para construir su propia infraestructura de alta tensión en San Juan, un paso clave para avanzar con el desarrollo del proyecto que apunta a convertirse en la mayor inversión extranjera de la historia argentina. Necesitaba ese permiso para avanzar con el abastecimiento eléctrico de sus futuros campamentos y plantas de proceso de cobre, ubicados a más de 4200 metros de altura.
Vicuña es la empresa conjunta entre la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, una de la compañías mineras más grandes del mundo. El mes pasado, el Ministerio de Economía le aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla una inversión inicial estimada en US$9700 millones, que podría escalar hasta US$18.000 millones en las distintas etapas de desarrollo.
Sin embargo, todavía faltaba destrabar un conflicto regulatorio. La empresa obtuvo el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) de parte del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) —el organismo que fusiona al ex ENRE y al Enargas—. La disputa comenzó cuando el ente regulador de San Juan, el gobierno de La Rioja y otras mineras que operan en la zona —Los Azules, de McEwen Copper; Barrick; Golden Mining, titular del proyecto Hualilán, y Casposo— se opusieron a que Vicuña obtenga prioridad de uso por 25 años sobre el 90% de la capacidad remanente de una línea de alta tensión.
El eje de la disputa era la línea de 132 kV Nueva San Juan-Rodeo, ya construida con aportes de esas empresas y de fondos provinciales. Vicuña propuso financiar la ampliación de esa línea a 500 kV.
Bajo el esquema que habilitó la Ley Bases y la resolución 311 de la Secretaría de Energía, quien financia una ampliación del sistema de transporte obtiene prioridad sobre la capacidad incremental que esa obra genera.
Vicuña había solicitado esa prioridad para garantizar el abastecimiento eléctrico del depósito Josemaría, cuya demanda inicial es de 260 MW y escalará a 400 MW y luego a 700 MW.
La disputa se inició porque hay otros proyectos más demorados en su desarrollo que también querían utilizar esa línea de alta tensión, como es el caso de Los Azules, de McEwen Copper.
En su resolución, el Enrege rechazó los principales planteos de las provincias y de las mineras opositoras. Sostuvo que las líneas de alta tensión son de jurisdicción federal y que ninguna normativa provincial —incluida la ley sanjuanina 1181-A, que reservaba potencia para otras mineras aportantes— puede limitar el libre acceso que establece la ley nacional 24.065. Citó los fallos de la Corte Suprema “Transener c/Provincia de Neuquén” y “Central Puerto S.A.” para sostener que el sistema de transporte eléctrico es indivisible y de competencia nacional. También descartó el pedido de La Rioja de que Vicuña financie obras adicionales para garantizar una futura interconexión con esa provincia.
“Esta resolución destraba la inversión total de Vicuña, de más de US$9000 millones, que va a generar más de 30.000 puestos de trabajo y US$3270 millones anuales de impacto positivo en la balanza comercial. Esta obra posiciona a la Argentina como jugador global del cobre, trae desarrollo real a San Juan y consolida el rumbo abierto por la Ley Bases y el RIGI”, dijeron fuentes oficiales a LA NACION.
Las obras en cuestión contemplan la ampliación de las estaciones transformadoras (ET) Nueva San Juan y Rodeo; una nueva línea de extra alta tensión de 500 kV entre Rodeo y Chaparro, de 167 kilómetros; la construcción de la nueva ET Chaparro y una línea de 220 kV entre Chaparro y la futura ET Josemaría, de 93 kilómetros. Las obras, financiadas en su totalidad por Vicuña, demandarán una inversión estimada de entre US$400 millones y US$500 millones.
Sin costo para los usuarios
Según el comunicado de la compañía, todas las obras serán financiadas íntegramente por Vicuña, sin trasladar costos a los usuarios del sistema eléctrico. Una vez terminada, la infraestructura pasará a integrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y será administrada por el concesionario del transporte de alta tensión.
“La obtención del CCyNP representa un paso muy importante para el desarrollo del proyecto y, al mismo tiempo, constituye una oportunidad para dejar infraestructura estratégica que fortalecerá el sistema eléctrico de San Juan y acompañará el crecimiento de la provincia durante las próximas décadas”, dijo José Morea, country director de Vicuña, según el comunicado.
La resolución no fue acompañada por el EPRE San Juan, que había pedido limitar el acceso de Vicuña a 260 MW y crear un comité de seguimiento tripartito para las obras. El Enrege sostuvo que no le corresponde a la autoridad provincial coadministrar el sistema de transporte nacional, aunque la compañía mantiene, en paralelo, conversaciones con el EPRE y el Gobierno provincial para acordar el reconocimiento de inversiones sobre infraestructura eléctrica preexistente.
La deuda de décadas
El trasfondo del conflicto es más viejo que cualquiera de los proyectos en disputa. La Argentina lleva décadas sin invertir en líneas de transporte eléctrico de alta tensión. Ese déficit acumulado, que frenó el ingreso de energía renovable al sistema y encareció la operación de grandes industrias, hoy se convierte en el principal cuello de botella para el desarrollo minero.
“La expansión del sistema eléctrico de transporte ha sido insuficiente en las últimas décadas. El crecimiento de actividades mineras de gran escala volvió a poner en evidencia esas limitaciones”, había dicho Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, durante la audiencia pública que se llevó adelante el mes pasado.
El gobierno de Javier Milei no tiene margen fiscal para financiar obras de infraestructura eléctrica. La solución que encontró fue regulatoria. A través de la Ley Bases, el decreto 450 y la resolución 311 de la Secretaría de Energía, habilitó a las empresas privadas a financiar ampliaciones de la red y, a cambio, obtener prioridad de uso sobre la capacidad adicional generada. La lógica es que, sin ese incentivo, esas obras no se ejecutarían. El caso Vicuña es el primero en poner a prueba ese esquema en el sector minero.
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