El Gobierno prepara dos decretos para revolucionar el sistema legal y achicar aún más el Estado
En el país rigen 42.000 leyes, 700.000 decretos y 220.000 circulares o resoluciones; el presidente Javier Milei y el ministro Sturzenegger trabajan para derogar centenares de miles que no se usan o que generan privilegios para pocos; el nuevo digesto estará listo antes del próximo 9 de julio
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LA NACIONDiego Cabot
Quizá sea la despedida de las facultades delegadas que le entregó el Congreso al Poder Ejecutivo el año pasado en la ley Bases, una norma que empezó a regir el 9 de julio del año pasado. De ser así, será un final a toda orquesta.
El Gobierno prepara dos decretos con los que se ilusiona con terminar gran parte del proyecto desregulador que inició el presidente Javier Milei desde que asumió. Con uno, derogará centenares de miles de normas de todo tipo; con el otro, achicará más el Estado. Las iniciativas ya caminan los pasillos técnicos y cuentan con el aval absoluto del presidente Javier Milei. Es más, él mismo es el principal entusiasta de la “desregulación más grande de la historia”, según se le escuchó decir en la intimidad.
El decreto, que se conocerá en un tiempo, será una verdadera revolución legal que tendrá como finalidad derogar centenares de miles de normas que se sedimentaron en la historia argentina. Internamente lo llaman el proyecto “digesto” y lo impulsa directamente el Presidente con la ayuda técnica del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.
El universo sobre el que se avanza es un magma de decisiones oficiales que tomaron cuerpo mediante diferentes normativas. Una alta fuente oficial dijo a LA NACION que la Argentina acumuló 42.000 leyes, 700.000 decretos y 220.000 circulares o resoluciones. “Vamos a dejar nada más que lo que se usa, siempre y cuando alguna norma no tenga nombre y apellido. El resto, se deroga”, dijo, con evidente entusiasmo, esa fuente.
Un párrafo aparte con los decretos. Los técnicos que trabajan en el asunto se encontraron que apenas 70.000 de esos 700.000 están digitalizados ¿El resto? nadie sabe perfectamente de qué tratan y qué regulan, pero existen y rigen. “Ese es el principal trabajo actualmente ya que hay que buscar uno por uno en forma artesanal y digitalizarlo. Lo que ya está en formato digital se puede tratar con inteligencia artificial y, de esa manera, avanzar rápido. Pero estos 630.000 hay que hacerlos de manera artesanal”, contaron en uno de los más altos despachos del Poder Ejecutivo.
Mientras se rastrean estos miles de decretos, desde el Ministerio de Desregulación del Estado le pidieron a cada una de las carteras y entes descentralizados que informen qué normas usan efectivamente. “Luego se verá qué regulan y así se define si quedan o no. Hay que ver que hay muchas cosas que las conoce solo el que se beneficia de ellas. Solo sabe que funciona el que tiene el curro”, ilustraron en un despacho de la Casa Rosada.
Así las cosas, cada ministerio elaborará su propio plexo normativo con cada una de las herramientas legales de las que se vale en el movimiento diario. La suma de todas ellas compondrá el “digesto”, una suerte de tratado de todo lo que queda en pie. El resto, será derogado.
“Será la más impresionante desregulación de la humanidad. No hay un antecedente así. Quizás habría que mirar cuando cayó el Muro [de Berlín, con la consiguiente desaparición de la Unión Soviética]. Sería cuestión de estudiarlo. Pero es distinto porque ahí desapareció todo. Pero de cualquier manera será extraordinario”, se le escuchó decir a un entusiasmado Milei en confianza. Será cuestión de comparar con aquel ejemplo cuando se conozca el alcance del “digesto”, pero seguramente será la desregulación más importante de la Argentina.
El Presidente ya les dijo a los que trabajan en el proyecto que no tiene problemas con los enojos que pueda generar la masiva derogación de normas. A lo que no está dispuesto es a tener que dar marcha atrás con alguna decisión que pueda entregar argumentos válidos a los afectados. Dicho de otra manera, nadie se preocupa por tirar a la basura letra muerta, con patear nidos regulatorios, demoler escritorios burocráticos o desarmar algún que otro kiosco sostenido por alguna norma particular. Lo que no quiere Milei, y eso es lo que trasladó a sus funcionarios, es no conocer cada cosa que se derogue como para que alguna queja posterior tenga razones para sostenerla.
De ahí el exhaustivo trabajo de recopilar aquella cantidad de decretos que no están digitalizados. “Hay que conocer qué se deroga”, confesó una fuente que conoce el proyecto.
En 2014, la Argentina presentó el Digesto Jurídico Argentino, convertido en ley con el número 26.939. Aquel trabajo, cuyos primeros resultados se presentaron en 2011, fue un sistema de compilación más que depuración. “El sistema jurídico argentino tenía 32.204 leyes. Así ningún ciudadano podía conocer sus derechos”, remarcó entonces el ministro de Justicia y hoy intendente de La Plata, Julio Alak. El digesto, dijo, “es una obra monumental que consolida 158 años de legislación argentina”.
La idea del Gobierno es mucho más amplia que la compilación ya que se propone una revisión y posterior derogación masiva. Además, va más allá de las leyes e ingresa en el mundo de los decretos, las circulares y resoluciones. “La mayoría de las normas con nombre y apellido no están en las leyes sino en regulaciones creadas por debajo de ellas”, dijo otra fuente oficial. Allí irá la motosierra.
Los tiempos, como se dijo, dependen básicamente del trabajo artesanal de compilado de decretos no digitalizados. Pero, por una cuestión legal, intentarán llegar a tiempo para que todo suceda antes de que se cumpla el año de vigencia de la ley Bases, es decir, el 9 de julio próximo. Sucede que entonces se caen las facultades delegadas de las que goza el Presidente. “Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia”, dice la ley.
“Hay muchas cosas que es posible hacerlas más allá de la delegación de la ley Bases, pero igualmente vamos a tratar de llegar antes. Toda la derogación de leyes necesita de la delegación”, dicen en el Gobierno.
Menos Estado
La otra norma que se cocina es un decreto para achicar el Estado. Esta vez ya no sólo se trata de bajar la cantidad de empleados sino también de modificar la estructura. Esa iniciativa es bastante más reservada. “Nadie quiere perder una parte de su ministerio o de su repartición. Por lo tanto, hay que trabajar de otra manera”, confiesa uno de los funcionarios que está encima del decreto respectivo.
La ley Bases, en el artículo 3°, es la que entrega al Poder Ejecutivo las facultades para cambiar toda la estructura del Estado. De hecho establece que podría “modificar o eliminar las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario”. Además, autoriza la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos".
Uno de los puntos que podría incluirse en esa iniciativa es el fin de Vialidad Nacional, al menos como se la conoce hasta ahora. La idea del Gobierno es unificar la empresa estatal Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el organismo vial. Repiten en los pasillos que hay mucha duplicidad de tareas. Todo ese esquema pasará a conformar una agencia que tendrá injerencia sobre todas las rutas nacionales.
La vorágine desreguladora de la administración libertaria está a punto de plantar otro mojón, cuya profundidad y alcance aún no se ha despejado. La intención de la Casa Rosada es ir a fondo con un par de normas que barran la estructura estatal y normativa de la Argentina. A lo Milei.
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