Los golpes de efecto que prepara el Gobierno

La apuesta dice mucho sobre la administración de Javier Milei y habla, también, de la parte más poderosa del empresariado argentino. Una terminal del establishment que suele intercambiar ideas con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, le apostó a un funcionario que antes de fin de año el Gobierno convalidaría una devaluación del peso. Ocurrió al principio del último trimestre. Perdió y pagó.

Es probable que no quiera repetir el juego por un tiempo. Esta semana, en una conversación privada, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, respondió a la pregunta que domina las discusiones económicas con otra pregunta: “¿Si el dólar está barato, por qué seguimos comprando reservas?”, dijo.

El primer año de gestión libertaria consolidó el triunfo de los duros, un grupo capitaneado por el propio Presidente, que profundizará su dirección en 2025 apalancado en el aval de que las cosas salieron como ellos pensaban. Creen, además, que esa mirada les permitirá alcanzar hitos capitalizables en el plano político para preparar el terreno para la competencia electoral.

El primero de ellos tiene que ver con la inflación, acaso el éxito más visible de la Casa Rosada de cara a la población. Los pronósticos privados muestran que la Argentina podría marcar en mayo una suba de precios apenas superior al 2%. Esa predicción, que en el pasado azuzó el enojo de Milei con sus colegas economistas, juega a favor de Caputo.

Hasta ahora, las consultoras de las que recibe información el Banco Central han tendido a adelantar cifras por encima de la inflación oficial. De manera que en el quinto mes del año, o incluso antes, el índice de precios podría arrancar con el número uno. Es algo que no ocurre desde abril de 2020 (1,5%), una cifra mentirosa porque todo estaba trastocado por la pandemia.

Milei va por ese premio. Terminar de mostrar que se pueden alcanzar cifras más amistosas de inflación sin las herramientas en las que más confía el kirchnerismo, como el control de precios, en un contexto de flexibilización del cepo cambiario. Es una reivindicación práctica de las ideas en las que cree. Será, sin embargo, una transición dolorosa para quienes quedaron colgados del puente roto entre la gestión de Alberto Fernández y la actual.

Algunos cisnes negros comenzaron a aparecer en la laguna más importante de la economía argentina. Siete de cada 10 dólares que ingresan al país vienen del campo, que vive un temblor por la incapacidad de algunas empresas de renombre para pagar deudas. Es un miedo que contamina. En la semana, las acciones de las compañías vinculadas a este negocio tuvieron dificultades durante algunos días.

Son fantasmas que aparecen cuando lo viejo no terminó de morir. En el último año de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, con una sobreabundancia de pesos desvalorizados, la imposibilidad de usarlos para otra cosa y la certeza de una futura devaluación, muchas empresas los prestaron con escaso cuidado a compañías, en general más chicas, que forman parte de su cadena de valor. A su vez, se adelantaron compras de insumos que hoy no se venden por ese motivo.

Quienes conocen el sector en profundidad aseguran que las grandes compañías tienen una situación saludable, pero con márgenes ajustados, algo que le pone una presión adicional al Gobierno para cumplir algunas de sus promesas.

La caída de los precios internacionales y la devaluación de Brasil, principal competidor del país en soja, junto a la fortaleza del peso, dejan en evidencia el dolor para el productor argentino de pagar 33% de retenciones.

El equipo económico no piensa devaluar, algo que, de concretarse, disimularía la carga de los gravámenes para los exportadores. Su única alternativa es bajar impuestos, de manera frontal o maquillada. Aunque Caputo ya fue advertido acerca de la molestia del campo, no tiene margen para más que algún gesto si es que no quiere darle un golpe al edificio de estabilidad que está construyendo antes de que esté terminado.

La caja de sorpresas de Caputo para este año incluye, de todas formas, avanzar en una reforma impositiva en la que el Gobierno está trabajando desde hace meses. Sería otro golpe de efecto para un país cuya abundancia y complejidad en ese rubro agobia a quien quiera invertir.

La novedad estará más relacionada con la estructura que con los montos a pagar. Son los costos del cambio. De la misma manera en que Milei no pondrá en riesgo el camino de desinflación con una devaluación, tampoco pondrá a prueba el superávit fiscal al que se aferra por una baja tributaria sensible que aliviane los problemas de tener una moneda fuerte.

Milei espera que en 2025 el sector privado le devuelva a él lo mismo que él le dio al sector privado. Ya no se trata de que las empresas aumenten las ventas para empujar la economía, sino que se involucren con las arterias más delgadas que mueven la rueda y desplacen al Estado de esos lugares, algo que hasta ahora ocurrió muy parcialmente.

Hay casos sintomáticos que comienzan a sonar en la voz de personas a las que el Presidente escucha. Uno de los más fuertes es el del economista Juan Carlos de Pablo, quien advirtió acerca de su preocupación por el deterioro de las rutas que, por el ajuste, ya no reciben fondos públicos. La inquietud se puede expandir a toda la obra pública.

Hasta ahora, la Casa Rosada ha hecho malabares para sostener la política fiscal en la que se apoya el andamiaje económico que construyeron Milei y Caputo. En el caso específico de las rutas, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mantuvo contratos muy básicos o cubrió los gastos esenciales con sus propios recursos operativos.

Estos últimos ni siquiera aparecen contemplados en el presupuesto y son la regla en el 80% de la red vial nacional. Sirven para compras de insumos, repuestos, gasoil y convenios con contratistas locales o municipios para hacer cosas como cortar el pasto a la vera del camino.

Vialidad puede extender estas prácticas eternamente, aunque eso no le permitirá esquivar el deterioro de las rutas que vendrá como consecuencia. La Casa Rosada buscará en 2025 que el sector privado haga mucho más que embellecer el césped en materia de obra pública.

Patricia Bullrich, una de las ministras dilectas de Javier Milei, está relacionada con un caso que puede ser paradigmático. Quizá no sea casualidad que la última palabra en el tema la tenga el ministro de Economía, Luis Caputo, otro de los preferidos del Presidente.

Por si le faltara algo a esta historia, involucra la construcción de cárceles, uno de los vértices de la pelea entre la expresidenta del Pro, su excompañero Horacio Rodríguez Larreta y el actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuya silla quiere en el futuro para alguien propio la influyente Karina Milei.

El Ministerio de Seguridad ya le pasó a Economía un plan para la construcción de una cárcel en Mercedes (provincia de Buenos Aires) que estará ubicada en el denominado Complejo Federal de Condenados de Agote — Mercedes. El equipo de Caputo está analizando el proyecto desde sus necesidades económicas y financieras.

La novedad aquí es que el Gobierno busca implementar un contrato de participación público-privada, una modalidad que intentó aplicar Mauricio Macri y fue denostada por sus sucesores Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Quizá Milei desempate.

Del éxito de este mecanismo, que el Gobierno intentará empujar este año, depende mucho de lo que se diga de Milei en materia de infraestructura. Hay otros lugares, sin embargo, donde el sector privado no llegará, a menos que la Casa Rosada descubra cómo cobrarles peaje a los guanacos que cruzan la ruta en el norte argentino, por ejemplo.

El sector privado también estará llamado a cumplir en 2025 un rol clave para definir el futuro del dólar. En un ejercicio histórico de escasos antecedentes, el ajuste del primer año de mandato le permitió a Caputo ahorrar lo suficiente para pagar casi todos los vencimientos de deuda privada que tiene por delante. Es como poner al pasado argentino patas para arriba: el país que suele vivir en un clima de incertidumbre con respecto al pago de sus compromisos, ahora dejó en claro, por adelantado y con recursos propios, que no tendrá problemas para pagar.

La conducta de Caputo, sin embargo, genera un estrés con el Banco Central, el organismo a cargo de su amigo Santiago Bausili. Cada vez que Economía cambia sus ahorros en pesos por dólares, pasa por la ventanilla de la entidad monetaria, algo que le saca reservas netas en dólares. En otros términos, parte de los dólares que con esfuerzo junta Bausili, se los lleva Caputo para pagarles a los acreedores.

¿Qué papel puede jugar el sector privado en ese juego? El Gobierno espera que con el RIGI empiecen a llegar dólares mediante inversiones que, en términos cambiarios, compensen los frutos de la frugalidad del ministro de Economía.

Al entusiasmo financiero propio se le suma otro ajeno. Este mes asumirá en Estados Unidos Donald Trump, que ante los ojos del mundo tiene a Milei como uno de sus socios políticos. A las empresas no les interesa esa amistad, sino la convicción de que el país más importante del planeta ayudará a la Argentina.

La sensación oficial es que nadie importante querrá quedarse afuera de esa potencial lotería con premio extra que representan los negocios de sectores claves en el país. Se sorteará en un momento en el que el Gobierno ya mostró su plan, redujo la tasa de inflación, cambió la reputación y espera que la economía crezca en un año electoral que lo encuentra competitivo.

Caputo madura otra jugada para terminar de dejar atrás la Argentina heredada del último período kirchnerista. Prepara los papeles para salir al mercado internacional de deuda a mediados de este año. Es algo que no ocurre desde enero de 2018, cuando él mismo era ministro de Finanzas. Una circularidad poética que terminaría de aliviar el camino del Banco Central hacia la recuperación de sus reservas.

Hay, sin embargo, un detalle importante que deben tener en cuenta quienes van a ofrecerle dinero al Gobierno. El ministro de Economía no parece estar apurado. Mientras el ahorro le permita pagar los compromisos, sabe que cuanto más tarde en volver al mercado, más barato le costará. Y está empezando a germinar una idea más fuerte: que el Estado mantenga apagada su aspiradora de dinero para que decante en financiamiento hacia el sector privado, en empresas como YPF, Pampa o PAE, por citar ejemplos.

Algo de eso pasará en la semana que arranca mañana. El Gobierno pagará vencimientos de bonos más de US$4000 millones que, según espera, los acreedores de la Argentina usarán en parte para volver a comprar deuda nacional, que subirá de precio, bajará el riesgo país y bajará el costo de capital para el sector privado. Eso es lo que cuenta, al menos, el pizarrón imaginario de los funcionarios que manejan la economía.

Por Pablo Fernández Blanco

• Comunidad de Negocios

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