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El Gobierno restituyó 15.838 pensiones suspendidas durante la auditoría de Spagnuolo
La decisión firmada por el interventor de Andis acató una cautelar dictaminada en la Justicia de la provincia de Formosa que ordenó dar marcha atrás con las bajas registradas desde julio pasado; podría tener un costo de más de $10.000 millones
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La auditoría a las pensiones no contributivas por invalidez laboral que impulsó Diego Spagnuolo durante su gestión al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sufrió un revés. La Justicia formoseña dio lugar a una cautelar que establece restituir el haber a 15.838 personas que no lo percibían desde julio pasado.
El interventor de Andis, Alejandro Vilches, firmó una resolución que acata la decisión judicial de dar cumplimiento a una cautelar presentada en Formosa. Dicha normativa establece dejar sin efecto las bajas y reanudar “los pagos correspondientes a partir del período mensual en que fueran dispuestas las suspensiones”. Según el Repositorio de causas judiciales del Ministerio Público de la Defensa, los haberes se habían interrumpido en julio. Al considerar que equivalen al 70% de una jubilación mínima, restablecerlos significaría un pago de al menos $10.000 millones.
LA NACION consultó a fuentes oficiales para conocer la cifra exacta, pero al momento de publicación de este artículo no respondieron.
Fuentes del Gobierno al tanto del caso indicaron que se trata de una demanda que incluyó a 15.838 personas en la provincia de Formosa. De hecho, la acción judicial comenzó allí. La Defensoría del Pueblo de dicha jurisdicción presentó una cautelar que fue apelada en primera instancia por el Estado nacional y, luego, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó la apelación.
Los argumentos empleados por la Justicia criticaron parte de la puesta en práctica de la auditoría a las pensiones no contributivas impulsadas por la Andis, cuando era encabezada por Spagnuolo. Utiliza el calificativo “infructuosas” para describir a las notificaciones que el organismo enviaba a los beneficiarios de este haber con el objetivo de controlar el cumplimiento de los requisitos para percibirlo.
El resumen de la causa, explicado por el Ministerio Pública de la Defensa, sostiene que “la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) inició un proceso de auditorías con el fin de verificar si quienes percibían esas pensiones cumplían los requisitos para mantener el beneficio. Sin embargo, hubo personas que no fueron citadas y otras que se encontraban imposibilitadas de concurrir en los días y horarios que se fijaban”. En consecuencia, 15.838 personas dejaron de ver en sus cuentas bancarias el depósito de la pensión a partir de julio.
La Justicia no indicó si estos beneficiarios cumplen con los requisitos para percibir la pensión, sino que se pronunció sobre un aspecto clave de las auditorías, que son las notificaciones para que las personas acudan a los controles del Estado.
“Las respectivas evaluaciones médicas que la demandada invoca como necesarias a los fines de continuar con el mantenimiento de las pensiones no contributivas, no pudieron llevarse a cabo atento a que, entre otras cuestiones, las notificaciones resultaron infructuosas por no habitar más los actores en el domicilio oportunamente denunciado, por haber recibido la citación para el mismo día dificultando esto el traslado, o por la imposibilidad de asistir al turno asignado en virtud de celebrarse la audiencia en localidades lejanas que le impedían trasladarse en tiempo y forma”, indica el documento.
Pese a esta consideración, la Justicia formoseña evitó expedirse sobre la cuestión de fondo, que alude a si verdaderamente las 15.838 personas cumplen con todos los requisitos para percibir la pensión no contributiva. Es por ello que otorgó el plazo de tres meses a estos beneficiarios para que puedan presentar su documentación y respetar el procedimiento de control de Andis.
Se trata de una porción de personas que representa al 38,6% de los 40.990 que en 2023 percibían la pensión, de acuerdo con información difundida por la Jefatura de Gabinete. Asimismo, la proporción de beneficiarios de este haber alcanza al 6,4% de la población de la provincia, según datos del Censo del Indec del 2022.
El informe presentado el 27 de agosto a la Cámara de Diputados por la Jefatura de Gabinete destacó el rol de la auditoría de Andis, dado que “permitirán identificar y redirigir recursos de manera más efectiva”. En este sentido, la documentación remitida al Congreso incluyó parte de sus resultados.
La Andis informó que citó a 997.654 personas. De ellas, el 45% asistieron al turno. Asimismo, 111.463 fueron suspendidas y otras 418.374 se encuentran en proceso de verificación.
