El mundo ahora espera algo de normalidad

“[El] defaulteador serial Argentina se prepara para volver a los mercados de bonos”, tituló esta semana la agencia Bloomberg, una de las fuentes de información más influyentes del mundo. No importa cuántos méritos acumule la gestión libertaria, está a la vista que la Argentina sigue teniendo un problema grave de reputación. No es de extrañar que los economistas de todas las corrientes estén insistiendo con que el país debe acelerar la compra y acumulación de reservas internacionales. Al incumplidor serial se le exige pagar de contado (o al menos, mostrar que tiene con qué hacerlo).

La administración de Javier Milei está por estas horas en una situación casi inigualable para realizar cambios de fondo que permitan poco a poco ir poniendo al país en la lista de los “previsibles”. El éxito no está solo en las economías de performance extraordinaria, sino en las que son consistentes a lo largo del tiempo. El Gobierno tiene apoyo popular con un sustento electoral inapelable, cuenta con una fortaleza legislativa que no tenía en sus primeros dos años, ya tiene un recorrido que debería otorgarle experiencia en la gestión, cuenta con el apoyo político de la administración de Donald Trump y además navega un contexto internacional bien amigable para la economía local. En la comunidad inversora se percibe la ansiedad de resultados. Es directamente proporcional en este caso la demanda a la capacidad que perciben en la oferta. Ya no hay excusas.

El Gobierno está acomodando las fichas a las nueva realidad poselectoral. La diputada Carolina Píparo -otra oveja que volvió al redil oficialista-, que acaba de finalizar su mandato en el Congreso, asumiría a instancias de Karina Milei en el directorio del Banco Nación (BNA). La mesa chica del principal banco estatal del país estaría en proceso de cambio. El hombre fuerte del BNA, el vicepresidente Darío Wasserman, es quien talla en el armado. La idea sería depurarlo de aquellos nombres que habían ingresado a comienzos de la gestión de la mano de Nicolás Posse. Nicolás Carvajal y Gonzalo Pascual serían algunos de los apuntados. La salida de José ‘Cochi’ Rolandi de la jefatura de Gabinete no es un movimiento aislado. El poder está cada vez más concentrado.

Casi lo contrario a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Allí, el nuevo directorio del Bapro se transformó en una película de Disney de estos tiempos: hay cargos asignados para todos los jugadores fuertes de la legislatura bonaerense. Todo sea para conseguir los votos que permitan endeudarse en 2026 en unos US$3000 millones adicionales.

En materia legislativa, para el gobierno nacional el presupuesto será apenas la primera parada. La nueva conformación del Congreso y las charlas preliminares con algunos gobernadores hacen que el oficialismo esté confiado. Tiene cartas para negociar. Sólo a la Ciudad de Buenos Aires el Tesoro les tiene pisados pagos por unos $360.000 millones, correspondientes a la coparticipación que Jorge Macri reclamó por via judicial. Ayer, en su reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con el ministro del Interior, Diego Santilli, Macri ofreció como alternativa que le paguen en especies vía la transferencia de bienes o predios nacionales como, por ejemplo, el Mercado de Hacienda de Liniers. Por ahora no hubo respuesta.

El equipo económico consiguió así cerrar noviembre, una vez más, con superávit financiero (esto es, lo que queda después de pagar gastos y los vencimientos de la deuda). Para fin de año, pese a la desaceleración de la recaudación, el Tesoro estaría mostrando un superávit fiscal del 1,4% del PBI, por encima del establecido en el acuerdo con el FMI, aunque levemente por debajo (por ahora) del 1,6% que se había autoimpuesto el Poder Ejecutivo.

Luego será el turno de la reforma laboral. La letra final no se alejaría demasiado del proyecto que circuló en las últimas semanas. En la industria de las aseguradoras de riesgo del trabajo no se ilusionan demasiado con que la reforma pueda terminar de dar de baja el principal problema que tienen -y que comparten con las pymes-: el altísimo nivel de litigiosidad. Ante la duda, están preparando una propuesta para acercarle al Gobierno. La situación de dichas compañías, que también tienen un trabajo de mea culpa pendiente, sigue deteriorándose. En las próximos días, se espera que la Superintendencia de Seguros inhiba a Galeno ART de celebrar nuevos contratos. La empresa va camino a la liquidación. Hasta comienzos de año, supo ser una de las tres más grandes del sector.

Con todo, es posible que la reforma laboral no termine de sancionarse a fin de año. Luego se le sumarán en febrero las reformas del código penal y la reforma tributaria, tal vez, la que más expectativa genera en el sector privado.

Esta semana generó algo de inquietud entre las mineras el proyecto de reforma de la ley de Glaciares que circuló entre los gobernadores. “Acuerdo Federal para el Desarrollo Económico, Productivo y la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglaciar”, es el título de la norma, a la que accedió LA NACION. La pompa del enunciado tiene explicación. La idea es que se realice una suerte de acuerdo federal, que incluya primero el visto bueno de los gobernadores que deseen adherir. Luego, según algunas interpretaciones, deberían aprobar las legislaturas provinciales, para finalmente enviar en conjunto el proyecto de ley al Congreso nacional. El problema, advierten en el sector privado, es que lo engorroso del proceso político podría terminar haciendo naufragar la ley. Quedaría, por lo pronto, a merced de medidas cautelares en todas las jurisdicciones. Y volvería a poner a prueba la capacidad de algunos caudillos provinciales de conseguir acompañamiento para el desarrollo de la minería. Hay provincias donde este tema es de extrema sensibilidad, como el caso de Mendoza. Ni hablar de si se conjuga además con un debate sobre las fuentes de agua dulce.

Las principales mineras de cobre ya advirtieron en privado que no pueden avanzar con las inversiones sin contar con el respaldo legal que les asegure, más adelante, que no se les cuestionará el área de explotación. De hecho, grandes compañías como Vicuña, la sociedad formada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining para desarrollar dos yacimientos de cobre, oro y plata de Josemaría y Filo del Sol, estarían esperando la norma para presentarse al Regimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Una vez más, la Argentina necesita ofrecer garantías más que cualquier otro país.

Independencia

En tal sentido es que entre los economistas no sólo hay una demanda de que el país acelere la acumulación de reservas. Ayer, lo volvió a pedir el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hasta el miércoles de esta semana, sin embargo, en el balance cambiario del Tesoro, las ventas habían superado las compras en US$31 millones. Pero muchos reclaman además que para que el régimen cambiario argentino goce de credibilidad debe avanzarse como mínimo con una ley que garantice la independencia del Banco Central (BCRA). En Perú, país que el equipo económico mira como modelo, tiene en su Constitución que el Banco Central no puede financiar al Tesoro. Esta semana, el presidente de la entidad, Julio Velarde, lo apuntó como una de las claves del éxito peruano. Chile, lo mismo. “La Argentina debería darle independencia plena al BCRA”, sentenció esta semana en una conferencia del Peterson Institute for International Economics (PIIE), el expresidente del banco central chileno José de Gregorio. Es cierto que la administración libertaria recién ahora está en una posición de fortaleza para plantear cambios legislativos de este tipo, pero tampoco da señales de apuntar en esa dirección. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, sigue de hecho participando en todos los actos de gobierno y reuniones de gabinete. También es parte del elenco estable del equipo económico en los streamings oficialistas. ¿Será que para llegar a la institucionalidad que necesita la Argentina debemos primero permitirnos cierto pragmatismo que ignore estos detalles republicanos?

Para que la Argentina vuelva a ser foco de grandes inversiones internacionales -y consiga crecer sostenidamente, no sólo espasmódicamente “como pedo de buzo”- son muchos los deberes que deberá hacer. En el debate de las leyes que vienen será clave que el Gobierno muestre ductilidad para construir consensos. La oposición ideal -no para ganar una elección, pero sí para hacer a la Argentina sostenible- será aquella que no busque refundar cada cuatro años el país. De nada sirve planchar la inflación si se desoyen otros reclamos igualmente genuinos. La demanda de empleo está hoy también al tope de prioridades en todas las encuestas. ¿Será que se arregla sólo con la macro en orden? En la industria son todo menos optimistas. “Volvieron los noventa, pero por ahora sin crédito ni crecimiento”, se dijo esta semana en una importante cámara empresarial.

Además de las cuestiones normativas, la definición del régimen cambiario y monetario es, en el corto plazo, crucial. El ministro Luis Caputo insistió esta semana en que las bandas de flotación llegaron para quedarse. En el directorio del FMI la cuestión sigue siendo materia de debate. Tanto que esta semana decidió postergar la reunión informal que tenía prevista para hoy, a la espera de que avancen más las negociaciones entre el staff del organismo y el gobierno argentino.

En el entorno del Presidente, no obstante, sigue orbitando la idea de que la Argentina nunca terminará de ser creíble si no tiene una moneda en la que los argentinos confíen. En otras palabras, en las conversaciones empresarias la idea de una eventual dolarización no termina de darse por muerta. Todo en un momento en el que Estados Unidos parece más dispuesto que nunca a hacer lo que sea necesario para recuperar su influencia regional. El economista Steve Hanke, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins, admitió recientemente que forma parte de un grupo de consulta que armó el gobierno norteamericano, con Marco Rubio a la cabeza, para estudiar cómo potenciar el uso del dólar en la región. La iniciativa incluye apuntalar la dolarización en países que lo demanden. La Argentina, dice Hanke, “sería la opción número 1”. ¿Será?

Por Florencia Donovan

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