Disputa internacional. Cuestionan al país por prohibir vuelos hasta septiembre

La decisión del Gobierno de prohibir la venta de pasajes con fecha previa al 1 de septiembre amenaza con desatar un conflicto internacional para la Argentina, que comenzó a gestarse incluso antes de que las resoluciones fueran publicadas hoy en el Boletín Oficial. Ayer a la medianoche la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) envió una carta a varios ministros en la que señala que la medida no solo pone en riesgo la continuidad de las operaciones por el daño económico que implica, sino que "contradice los acuerdos bilaterales" firmados por la Argentina y opera contra el consenso generado en el sector de avanzar hacia un plan de reactivación "global".

Así, la carta fechada en Miami y firmada por el vicepresidente regional para las Américas de IATA, Peter Cerdá, insta al Gobierno a "reconsiderar" lo definido en las resoluciones 143 y 144 de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), dictadas en el contexto de cierres de fronteras generado por la pandemia de coronavirus.

La misiva está dirigida al ministro de Transporte, Mario Meoni; al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; al ministro de Turismo, Matías Lammens y al canciller, Felipe Solá, pero también recibieron copia otros organismos reguladores públicos y privados del sector y las embajadas de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estado Unidos, Francia, Italia, Panamá, Reino Unido y Suiza.

El texto señala que la organización internacional comprende la intención del Gobierno de proteger los intereses de los consumidores, expuestos a comprar pasajes en vuelos que no saben si podrán despegar y con problemas para gestionar devoluciones, pero hace un listado de las consecuencias que la decisión tomada acarrea.

Por un lado, señala los efectos económicos "muy graves" de la medida, que implica que las aerolíneas "no generarán ningún ingreso en más de cuatro meses, poniendo en riesgo los más de 329.000 empleos sustentados por el sector en el país". Según Cerdá, la restricción podría poner incluso en peligro la continuidad del servicio de transporte aéreo en el país.

El otro argumento central del rechazo a la medida aparece en el terreno de lo legal. Según expone Cerdá, la decisión de limitar las operaciones aéreas y la comercialización de los vuelos "contradice los acuerdos bilaterales firmados por la República Argentina". "Esto genera incertidumbre para las aerolíneas internacionales que cuentan con un permiso de operación vigente para ejercer los derechos que de él se derivan, además de poner en riesgo el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos bajo los acuerdos", detalla.

La carta explica que la industria aeronáutica, en coordinación con la OACI (una agencia de las Naciones Unidas que se ocupa de la aviación civil internacional) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) está realizando esfuerzos para desarrollar "un plan global de reactivación de las operaciones aéreas" y coordinando acciones entre Estados, industria y otras partes interesadas.

Señala que la Argentina incluso participó pocos días atrás de la reunión de directores convocada por la Oficina de Suramérica de la OACI, en la que manifestó su intención de alinearse a las recomendaciones globales al reconocer la importancia de la coordinación entre Estados para reactivar a la industria aérea. "A pesar de lo anterior, consideramos que las resoluciones referidas hacen lo opuesto a lo expresado ante la OACI", apunta.

Para el representante del organismo internacional, "no existe una razón médica comprobada" para determinar que la industria aeronáutica no pueda retomar sus actividades en el mismo momento en que se levante el período de cuarentena dispuesto por el Gobierno, siempre que lo haga de manera segura y respete los protocolos de salud. Eso, que es lo que se ha definido hacer en otros países de la región, sería lo más "conveniente" y acorde a los protocolos discutidos multilateralmente, según Cerdá.

En el caso de la Argentina, y de acuerdo a esta lógica, las restricciones a la aviación comercial debería levantarse el 11 de mayo, junto con la cuarentena obligatoria, o ser prorrogadas junto con ella. Para el ejecutivo del organismo internacional, esto permitiría mayor flexibilidad en la programación de vuelos a las líneas aéreas e impediría que la Argentina quede aislada en caso de que los países abran sus fronteras en las próximas semanas.

Ese pedido al Gobierno de acotar las restricciones al tiempo que dure la cuarentena será hecho formalmente esta tarde también por la Junta de Representantes de Compañías Aéreas en la Argentina (Jurca). En el sector consideran que es operativamente más factible ir posponiendo la regularización del servicio hacia adelante que comenzar a operar de un momento a otro, si es que se levanta la restricción antes del 1 de septiembre, lo que podría ocurrir.

"Poner en movimiento una aerolínea toma mucho tiempo y requiere programación y venta anticipada. Los vuelos no se llenan rápidamente y menos en este contexto", apuntaron fuentes del mercado.

Pocas horas más tarde de conocida la carta de IATA se sumó otra de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) en la que expresa también su "preocupación" y solicita al Gobierno que se revisen las medidas dispuestas.

"La Argentina se ha caracterizado por su voz de liderazgo en el concierto internacional, por lo que entendemos que muy lejos de su voluntad se encuentra la posibilidad de incurrir en incumplimientos de sus compromisos internacionales en materia aeronáutica", apunta el texto, que lleva la firma del director ejecutivo y CEO de ALTA, Luis Felipe de Oliveira.

También se manifestó en contra de la medida el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), en un comunicado conjunto con IATA y ALTA. "Los aeropuertos argentinos enfrentarán una situación grave en la que deben seguir en funcionamiento con sus respectivos costos operativos para atender los vuelos de carga aérea y humanitarios, pero sin vuelos comerciales de pasajeros, cuya actividad representa más del 80% de sus ingresos", señala.

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