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El paso de ley de leyes a mera formalidad
En la Argentina el presupuesto fue una mera formalidad durante décadas. A veces porque ni siquiera funcionaba el Congreso durante las gestiones surgidas de golpes militares. En otras, porque se lo aprobaba mucho después de haber sido ejecutado.
Hoy, el presupuesto ha vuelto a ser una mera formalidad porque el texto que se envía incluye cifras que, más que previsiones, son fantasías.
Luego, el Gobierno goza de superpoderes otorgados para rehacer el presupuesto a su gusto e incluso recurre a los decretos de necesidad y urgencia para lograr que la obra no se parezca en nada al modelo.
Como muestra, vale decir que se presentó un texto que todo el mundo sabe que es fantasioso, que puede ser modificado cuantas veces quiera y con la profundidad que su criterio le dicte por el Presidente, e incluso por el jefe de Gabinete. Ese texto fue, además, presentado en el Congreso por el ministro Miguel Peirano, quien no aceptó preguntas de los legisladores. En eso obró igual que sus dos antecesores inmediatos, Felisa Miceli y Roberto Lavagna, completando lo que parece ser una exigencia de la actual administración.
La Constitución exige que el presupuesto debe presentarse anualmente, lo que limita la facultad de las mayorías de turno de imponerles gastos a las administraciones que las sucedan.
El Gobierno cumple con la formalidad de la presentación, pero no con otro sentido medular de la norma que es que la llamada "ley de leyes" se discuta y debata de modo público, además de que se sancione antes de que comiencen a ser ejecutados los gastos.
Ese esquema constitucional limita las facultades presidenciales y tiende a evitar que los políticos sean rehenes de la "chequera" del circunstancial ocupante de la Casa Rosada.
Es por eso que en el pasado, cuando hubo superpoderes, en grado muy inferior al actual, sólo se concedieron por un año. En su momento, el Parlamento, con mayoría justicialista, se negó a darle una facultad al presidente Carlos Menem para que manejara durante tres años, más o menos a su arbitrio, unos $ 1000 millones en una ley de alrededor de 40.000 millones de gastos.
Hoy, el presupuesto hay que debatirlo anualmente, pero los superpoderes, que son ahora los más grandes de la historia, han sido sancionados de manera permanente.
En términos presupuestarios no existe la división de poderes, y Kirchner hoy puede manejarse como un monarca absolutista en este terreno. El Congreso le ha delegado también lo que la Constitución le prohíbe ceder, que es la materia tributaria. Los engañosamente bautizados cargos específicos a la energía eléctrica y el gas no son otra cosa que impuestos, que el Ejecutivo puede administrar, aumentar, reducir y exceptuar como le plazca.
El próximo gobierno, si las leyes no cambian o si la Corte no sanciona su inconstitucionalidad, dispondrá de esos poderes absolutos y podrá utilizarlos sin debatir con nadie, en un año en que no habrá ninguna elección crucial a la vista. Tal vez entonces se haga clara la clase de herramientas que se ha entregado al poder de turno.
La misión orientadora del presupuesto, que debe ser la señal que los operadores económicos sigan para tomar decisiones de inversión, creación de empleo, política de precios, entre otras cosas, ha dejado de existir.
Ese modo transparente de gestionar los dineros públicos que los constituyentes de 1853 imaginaron está, una vez más, ausente. La Argentina ha retrocedido y mucho en la materia. La década del 90 puede mostrar un récord de aprobaciones y sanciones en tiempo y forma de la ley de leyes. Se puede decir que las cosas luego salieron mal y es verdad. Pero ello no fue el resultado de la falta de superpoderes presidenciales.
