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El peso del Estado: fuertes críticas y dudas por el efecto a largo plazo
Lacunza, López Murphy, Ferreres, Álvarez Agis y D’Atellis fijaron su postura sobre el nivel de intervención estatal en la economía
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
Marcelo Mindlin habló al menos dos veces con el presidente Alberto Fernández en el último tiempo. Una fue para decirle que vendía Edenor porque quería concentrarse en sectores menos regulados y la otra, para transmitirle el malestar que había en el sector privado por el denominado impuesto a la riqueza.
Ambas conversaciones tienen el mismo trasfondo: el avance del Estado sobre la actividad privada desde la llegada al poder de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Enumerar cada ejemplo de esa proliferación podría llevar más de una página de diario, pero los más ambiciosos van desde el control de precios y el aumento de impuestos hasta la profundización del cepo cambiario, la disposición unilateral para que las empresas renegocien su deuda en dólares (aunque tuvieran la plata necesaria para pagarlas) y la frustrada intervención de empresas como Vicentin.
La pandemia sumó otra paleta de decisiones que se coló en cada resquicio de la vida privada, como las restricciones a la circulación y el cese obligatorio de la actividad en algunos establecimientos.
El avance del Estado suele desatar polémicas. En el reverso de ese camino suele haber un aumento del gasto público que pesa sobre el sector privado. En el pecado está la penitencia: el efecto no deseado de esa receta es un menor nivel de actividad empresaria.
LA NACION consultó a exministros de Economía, exfuncionarios, referentes de diversas extracciones políticas y empresarios que tienen su negocio en jaque. De allí surgieron críticas acérrimas a la orientación del Gobierno, apoyos incondicionales y posiciones que consideran que se trata de una dirección razonable en un clima enrarecido por la pandemia, pero con efectos dramáticos a largo plazo si no se tuerce el rumbo cuando la situación lo permita.
Hernán Lacunza fue el último ministro de Economía de Mauricio Macri. Hoy es hombre de consulta del expresidente, de Horacio Rodríguez Larreta y de María Eugenia Vidal. Dice que “el Gobierno tiene la lógica prepandemia y postpandemia de tener más Estado”, algo que vino de la mano de un aumento en la presión impositiva que perjudica la competitividad. “Le estás cargando el peso de tu Estado improductivo al sector privado”, resume.
“Le están cargando el peso de un Estado improductivo al sector privado”, resume Hernán Lacunza
Lacunza ve coincidencias entre el aumento del gasto público, que con el kirchnerismo pasó del 20% al 40% del PBI, aproximadamente, con la incapacidad argentina para crecer de manera sostenida, que comenzó en 2011.
“El tamaño del Estado depende del contrato social. Es decir, ¿cuánto Estado queremos tener los argentinos? Pero si queremos más, hay que saber cómo financiarlo: con más impuestos, que afectan la competitividad, con más deuda o con más emisión. Lo que nos va a sacar de acá es el sector privado”, afirmó.
Ricardo López Murphy también fue ministro de Economía. Resume la situación en un puñado de renglones. “Tenemos problemas de conducción. Hubo un aumento formidable de la presión tributaria que ha golpeado la inversión y a los sectores más eficientes y productivos. El Gobierno generó un sobrecosto importante en un momento de gran adversidad”, sostiene.
“Hubo un aumento formidable de la presión tributaria que ha golpeado la inversión y a los sectores más eficientes y productivos”, advierte Ricardo López Murphy
López Murphy sintetiza el avance del Estado sobre las empresas en cinco capítulos: más regulaciones, las restricciones a las importaciones, la absorción del crédito para financiar al Estado, que deja menos recursos para las empresas; la profundización del control de cambios, y el control de precios. El último punto es uno de los más cuestionados, ya que hace que las empresas “dejen de reinvertir en capital en un país que ya tiene serios problemas en ese sentido”. También provoca efectos de corto plazo.
El 17 de febrero pasado, la Secretaría de Comercio Interior, que maneja Paula Español, envió un comunicado de colección para quienes analizan la política económica. Anunciaba que imputaría a grandes empresas porque habían dejado de producir alimentos. Fue la aceptación por escrito del fracaso del plan oficial, que llegó con la promesa de encender la economía que había apagado Mauricio Macri y ahora debía presionar a las empresas para que cumplieran con la tarea que les daba sentido económico.
Español es la abanderada del control de precios. Le dedica una energía mucho mayor que los resultados que obtiene. Un ejemplo: el 2 de abril del año pasado, en Chaco, un grupo de inspectores de la AFIP se acercó al 347 de la Avenida San Martín, en Resistencia. Allí está un supermercado chino manejado por Lin Shaoyun. Los “sabuesos” encontraron que vendía el paquete de harina de trigo 000 Favorita de un kilo a un precio mayor al que fija la Casa Rosada. Le pidieron que lo cambiara, pero el empresario se negó. Tuvo que pagar una multa y le clausuraron el local.
Una parte amplia de la biblioteca anticipa que los efectos de los controles de precios son el desabastecimiento, la salida de empresas y, a largo plazo, un aumento mayor al previsto inicialmente. De todas maneras, Español se convirtió en la espada del pensamiento intervencionista del Gobierno. Amenaza con sumar retenciones a la exportación para cuidar la mesa de los argentinos y sostiene la creación de un registro de exportación de carnes.
El control de precios es como un tarro de pintura que se vuelca por toda la economía. Martín Guzmán viajó a El Calafate para convencer a Cristina Kirchner de subir las tarifas. Lo logró parcialmente: aumentarán un 9% y quedó dañada su relación con la expresidenta.
En el conurbano bonaerense cerraron al menos 10 sanatorios privados que acusan que IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, cuyo último responsable es Axel Kicillof, los desfinanció. Algunos ven en esa tendencia el contorno de un plan sistemático para estatizar la salud. No ayuda a la confianza el hecho de que en Escobar el intendente del Frente de Todos, Ariel Sujarchuk, reabrió la quebrada clínica San Carlos y le puso de nombre Néstor Kirchner.
Las prepagas están involucradas en otro ejemplo antológico. El 31 de diciembre pasado el Gobierno les otorgó un aumento del 7% y lo publicó en el Boletín Oficial, pero horas antes del Año Nuevo sacó otro Boletín Oficial para quitárselo.
Las prepagas son algunas de las grandes financiadoras del sistema de salud: de lo que ellas recauden depende el funcionamiento de clínicas y sanatorios privados, así como también el sueldo de médicos y enfermeros.
El episodio del 31 de diciembre pasado consolidó una desconfianza de las clínicas con el Gobierno que había nacido en abril de 2020, cuando Ginés González García informó que el presidente Alberto Fernández tenía a la firma un decreto en el que declaraba a la salud de interés público, una figura de la nomenclatura estatal que le da al Gobierno amplios manejos para intervenir.
Las pesadillas del sector privado no se concretaron, pero el Gobierno avanzó sobre algunos andamiajes fundamentales. Por ejemplo, intervino la venta de respiradores. Días atrás ocurrió algo similar con el oxígeno.
Quizá la señal más clara hacia el sector privado vino de un fracaso oficial. La senadora Anabel Fernández Sagasti, cercana a Cristina Kirchner, le propuso a Alberto Fernández estatizar la cerealera Vicentin. El Presidente lo anunció, pero las manifestaciones sociales en contra de esa medida obligaron a la Casa Rosada a dar marcha atrás.
En septiembre pasado, el Banco Central dispuso que las empresas con deudas en dólares debían reestructurarlas porque podrían acceder a divisas equivalentes al 40% de los vencimientos. La decisión fue sorpresiva: compañías con capacidad de pago no podían hacerlo por una orden de la entidad monetaria, que las empujó hacia una especie de default inducido.
En agosto de 2020, un decreto estableció que las prestaciones de internet, telefonía y televisión paga se convertirían en servicio público esencial, algo que le da al Estado mayor capacidad de intervención en el negocio. Las empresas anticiparon que los efectos de esa decisión serán muy malos para la prestación del servicio.
Emmanuel Álvarez Agis fue viceministro de Economía en la gestión de Axel Kicillof, en el último mandato de Cristina Kirchner. Sostiene que hay que leer la intervención del Estado en el sector privado junto a la evolución de la pandemia.
“La necesidad de la intervención fue muy clara el año pasado. Congelar tarifas, prepagas, coordinar el sistema de salud y dar el IFE son medidas muy entendibles”, sostiene. Y agrega: “Creo que el Gobierno tiene un problema de track-record. En pandemia tenés que hacer cosas que no vas a hacer, pero el problema es con qué antecedentes venís. En 2020 le doy la razón. Si esto sigue en 2021, creo que se va a pasar de rosca”.
“El Gobierno está injustificadamente demorando un programa macroeconómico anunciado, claro y puesto arriba de la mesa. Era injusto pedirlo en el medio de la pandemia, pero se alargó”, apunta Emmanuel Álvarez Agis
Para Álvarez Agis, si la Casa Rosada decide sostener la economía solo en los controles, no va a lograr nada. “En eso el Gobierno está injustificadamente demorando un programa macroeconómico anunciado, claro y puesto arriba de la mesa. Era injusto pedirlo en el medio de la pandemia, pero se alargó”, cierra.
Orlando Ferreres considera que el avance del Estado deja a un sector privado más débil y con pocas alternativas. Los mejores ejemplos son las personas importantes de negocios que se van a Uruguay, como Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre.
“Hay mucha regulación y control porque se considera que el Estado tiene que influir mucho en la economía. Esto tiene un efecto negativo, porque el toqueteo de las variables complica las posibilidades de un sector privado que no tiene tranquilidad para trabajar. Se siente maniatado”, sostiene.
El economista Agustín D’Attellis es cercano al Frente de Todos. Se reconoce como una persona a favor del rol activo del Estado, en especial en momentos críticos. Sin embargo, sostiene que algunas intervenciones del Gobierno fallan por la manera en que se aplican.
“La contención de la inflación a través de Precios Cuidados y controles de precios, o regulaciones sobre formadores de precios, para mí son correctas. Pero no son por sí solas una política antiinflacionaria. Por eso fallan”, afirma. Los números lo sostienen: los precios de los alimentos no reflejan el esfuerzo punitivo del Estado. Los aumentos en ese rubro alcanzaron el 4,6% el mes pasado, según el Indec.
Un empresario de la salud que pidió mantener en reserva su nombre resumió la nueva normalidad económica con una escena que lo interpela. Aunque siempre pidió libertad para establecer los precios en sus centros asistenciales, se sorprendió a sí mismo reclamándole a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que fijara los valores de insumos relacionados con el Covid. El avance del Estado en cada ámbito de la vida privada lo había hecho un converso, pensó.
