El proyecto de Guzmán: una formalidad que buscará sumar más apoyo político

Las críticas feroces del Frente de Todos en el pasado y los pedidos para que la negociación de la deuda pasara por el Congreso en tiempos de Cambiemos le otorgan coherencia política a la decisión del Gobierno de enviar al Parlamento el proyecto para la Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Extranjera, que presentó el Ministro de Economía, Martín Guzmán.

Sin embargo, y tal como anunció el propio funcionario en conferencia de prensa, no hay detalles en la letra chica de la iniciativa sobre la oferta final que presentará el Gobierno a los acreedores privados ni sobre quiénes serán los jugadores que participarán del juego.

En definitiva, la norma sólo abre un debate sobre una definición que terminará recayendo en el propio Guzmán y su equipo económico, más allá de blindar a su propuesta por el apoyo político del Congreso, hoy de mayoría oficialista.

"Declárase prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, en los términos del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificaciones y a tal fin, autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar las operaciones de administración de pasivos y o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera", estipula el artículo uno, que cierra: "El Poder Ejecutivo Nacional determinará los montos nominales alcanzados por la presente ley especial".

El segundo artículo ratifica que el Ministerio de Economía será, en definitiva, la autoridad de aplicación de la ley, "pudiendo dictar las normas aclaratorias y/o complementarias que fueran necesarias para el cumplimiento de la presente ley".

Pero es el tercer artículo el que incluye un matiz crítico a la política económica –y de deuda– impulsada por Cambiemos, y la que busca lograr autorización para que las emisiones futuras de deuda puedan caer bajo jurisdicción extranjera, tal como los pasivos que son pasibles de reestructurar, según la norma enviada por Guzmán. Esas emisiones contemplan tasas más bajas justamente porque la Justicia argentina es poco confiable para los acreedores internacionales.

"Declárase que las políticas de endeudamiento inconsistentes con la capacidad de repago en divisas y que priorizaron los instrumentos bajo legislación extranjera tornan indispensable la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa para recuperar en su integridad el ejercicio de la autodeterminación financiera y económica de la República Argentina", dice ese artículo y agrega puntualmente: "A tal fin, autorízase a la Autoridad de Aplicación a contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen".

La iniciativa además busca la "autorización" del Congreso al Ministerio de Economía para que pueda "realizar todos aquellos actos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley". Esto significa: emitir nuevos títulos "para modificar el perfil de vencimientos intereses y amortizaciones de capital", "determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos", "designar instituciones y o asesores financieros", designar "agentes colocadores", "aprobar y suscribir contratos con entidades y/o asesores financieros", entre otras. Justamente, la cartera que conduce Guzmán aclaró en el texto de la norma que las comisiones no podrán superar el 0,1%.

En tanto, el proyecto contempla que las operaciones comprendidas en la ley estén exentas del pago de todos los impuestos ("incluido el impuesto al valor agregado, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro"). Además, se faculta a la jefatura de Gabinete, que conduce Santiago Cafiero a "efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten pertinentes" para el cumplimiento de la ley, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial si el Congreso la aprueba.

Las claves del proyecto

• Apoyo político: El proyecto enviado al Congreso Nacional por Martín Guzmán, si bien es una formalidad, busca blindar la negociación de la deuda bajo legislación extranjera con más apoyo político
• Prórroga de jurisdicción: El proyecto establece la prórroga de jurisdicción extranjera. Apunta a que la futura emisión de deuda en el marco de la renegociación pueda mantener la vigencia de tribunales del exterior
• Comisiones: Las comisiones para los intermediarios (bancos de inversión y agentes de información, entre otros) no podrán superar el 0,1%, según la normativa impulsada por el Ministerio de Economía y presentada ayer